La Legislatura de Santa Fe definirá este jueves la destitución del fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, actualmente con funciones en la fiscalía de Vera, según el dictamen de la Comisión de Acuerdos. Tiene el boleto picado por poner un pie sobre las investigaciones en casos de violencia de género del norte de la provincia y proteger a los acusados.
La acusación vigente es sobre dos casos en los que debía investigar abusos sexuales. Además, pesa sobre Gerosa la suspensión de seis meses que recibió el año pasado por incumplimiento de sus funciones en hechos similares. El dictamen de la Comisión de Acuerdos, que recomendó por unanimidad su destitución, da cuenta de su mecánica de trabajo: revictimizaba a quienes formulaban las denuncias, demoraba las audiencias y la producción de pruebas y dejaba a las víctimas en situación de desprotección cuando, en muchos casos, compartían espacios de trabajo o personales con sus agresores.
Una defensa premium en Santa Fe
Este lunes Gerosa fue a la Legislatura y se defendió de los cargos en su contra. Argumentó que en el norte de la provincia de Santa Fe faltan fiscales y que tenía dificultades para atender todos los legajos. Sostuvo también que no tenía directivas claras y apuntó también contra “operaciones judiciales en su contra”, como fue el caso de uno de los abogados del poder, Ricardo Ceferino Degoumois.
El fiscal tiene una muy buena abogada defensora. Se trata de la exfiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, removida de su cargo cuando impulsaba la investigación contra el condenado exgobernador Sergio Urribarri. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre del año pasado anuló el jury. Sin embargo, aún no fue repuesta en su cargo y mientras tanto trabaja de manera particular.
Violencia de género
La diputada a cargo de formular la acusación es la socialista Rosana Bellatti. La legisladora detalló que el pedido de destitución es por mal desempeño de funciones e incumplimiento de deberes de funcionario público. Los testimonios de las víctimas generaron conmoción en el recinto. Si bien la acusación final es por dos casos, identificaron una decena de investigaciones que, pese a tener prioridad asignada por la Fiscalía General, terminaron con penas bajísimas.
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“Las reiteradas faltas de respuesta del fiscal ante casos graves de abuso de niños, niñas y mujeres, pone en evidencia una ineficaz administración de justicia en situaciones de extrema vulnerabilidad. La falta de impulso procesal llevó a la inacción y la impunidad, prolongando el sufrimiento de las víctimas durante años ", sostuvo la legisladora.
Uno de los casos por lo que es acusado Gerosa es por demorar más de cinco años la investigación de un abuso sexual intrafamiliar contra una menor. En todo ese tiempo, la víctima quedó desprotegida, en contacto con quién la violó y el caso terminó con un juicio abreviado con una condena sin prisión. En el otro, un caso de doble abuso sexual, también intrafamiliar, Gerosa no formuló la acusación y la investigación sólo avanzó cuando pasó a otro fiscal.
El año pasado, la Legislatura provincial suspendió al fiscal Gerosa por impulsar un juicio abreviado con una condena de solo siete años contra Marcelo Galaz, exsecretario de la intendencia de Avellaneda, acusado de violar en forma reiterada a su sobrina.
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Galaz fue detenido en julio del 2021 en la Municipalidad de Avellaneda, luego de que la víctima, ahora mayor, pudiera denunciar ante la justicia las violaciones que había sufrido entre los 4 y los 10 años. Estuvo preso siete meses y luego regresó a su casa, donde convivía con su esposa y dos hijos menores de edad.
El caso se encaminaba al juicio oral. Sin embargo, se suspendió el día que tenía fecha de inicio. Tanto el Auditor del MPA, Leandro Mai, como el diputado a cargo de la imputación, Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, fueron fulminantes con el accionar de Gerosa.
El norte de Santa Fe, en llamas
La fiscal general, María Cecilia Vranicich, se refirió a las irregularidades que detectaron en las causas de delitos sexuales en la cuarta circunscripción de la provincia, que tiene asiento en Reconquista, y contó que pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas y a sus familiares porque la Justicia no estuvo a la altura de las circunstancias. Además, confirmó que, dentro de los concursos en trámite para fiscales adjuntos, una de las solicitudes formuladas al Poder Ejecutivo es que se ocupen esos lugares prioritariamente.