PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) “No concibo ni admito que se me quiera imputar que hubo en mi accionar algún direccionamiento para los miembros del jury”. Así se despachó el gobernador Gustavo Bordet tras la decisión del Jurado de Enjuiciamiento que resolvió la destitución por mal desempeño de sus funciones de la procuradora adjunta de esta provincia, Cecilia Goyeneche, y aparece como la punta de un iceberg de una interna descarnada entre el máximo tribunal provincial y el ministerio público fiscal.
“Siempre fui muy respetuoso en no generar intromisiones en otros poderes del Estado. Cuando a alguien no le gusta un fallo lo que no se puede hacer es agraviar a una persona, como lo he sentido. Aquí hay que hacer valer el derecho de la defensa que todo el mundo tiene, pero de ahí a querer politizar el sistema judicial como se hizo en este proceso, constituye un avasallamiento a la libertad de poderes”, agregó el mandatario entrerriano en una rueda de prensa improvisada en el ingreso a un evento organizado por la Sociedad Rural.
La destitución de la también fiscal anticorrupción interina, si bien esperada, causó tal estupor en la provincia que aún resuenan los ecos de la caída de la mujer que comandó la investigación que derivó en la condena del exgobernador Sergio Urribarri. Así, desde cada sector con intereses distintos hay miradas disímiles de los acontecimientos.
Se leyó un quiebre en la suerte de Goyeneche cuando uno de los vocales del superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia, votó admitiendo la denuncia contra la funcionaria pero, además, ordenó su suspensión en el cargo e instruyó para que el órgano de acusación en el jurado no fuera la Procuración, el organismo del que Goyeneche era la segunda en la línea de mando.
Luego de ello, fue la misma fiscal quien acusó al Ejecutivo por lo que consideró una maniobra para sacarla del medio. “El gobierno no es ajeno a esto”, dijo en una entrevista amigable en la señal LN+. Goyeneche entendió que fue el Gobierno quien ordenó o acordó junto al STJ que avance el proceso en su contra.
Ante esta acusación directa al jefe del Ejecutivo, fuentes del acotado círculo que frecuenta el despacho del gobernador contaron a Letra P que Bordet entendió que la fiscal se había excedido. “No puede decir semejante barbaridad”, cuentan que dijo.
La idea de que se trató de un armado político judicial para mandarle un mensaje a la Procuración en la histórica puja entre las vocalías del STJ y quienes comandan las fiscalías es una lectura coincidente tanto en especialistas que siguieron el caso como en buena parte de la dirigencia política que se involucró en el debate público originado por los movimientos en la justicia entrerriana, que la colocaron en observación en los medios nacionales de mayor audiencia durante las últimas semanas.
La defensa periodística de la exprocuradora adjunta con acusaciones de corrupción incluso en contra del STJ no dejó margen para mediar y tratar de que la sangre no llegue al río. Incluso, un sector del gabinete con diálogo y trabajo constante con la Justicia sondeó alternativas “para que no explote todo”. Nada de ello fue posible debido a la virulencia de los cruces y de que, según entienden, las diferencias entre la Procuración y el máximo tribunal son a esta altura insalvables. De todos modos, el Ejecutivo se apura en aclarar que desconocen los pormenores de las diferencias entre los distintos estamentos del Poder Judicial.
Si la destitución de la número dos de la Procuraduría es una tormenta pasajera en la relación del Ejecutivo con una parte del Poder Judicial y si la ciudadanía se va a olvidar del hecho cuando quede atrás en los portales de noticias -como especula Bordet, a contrapelo de las observaciones de su gabinete- o si tendrá incidencia en las próximas elecciones son todas preguntas que hoy están sobre la mesa y para las que no hay respuestas definitivas.
