El escándalo político-judicial santafesino protagonizado por dos fiscales y un senador que están en la mira por favorecer a un abusador, sumó un nuevo capítulo. En una sesión conjunta, la Legislatura provincial decidió suspender, de manera preventiva y mientras avanza la investigación, al fiscal de Reconquista Aldo Gerosa, actor primario en este caso, por ser quien impulsó un juicio abreviado con una condena de solo siete años contra Marcelo Galaz, acusado de violar en forma reiterada a su sobrina cuando la niña tenía entre 4 y 10 años.
Galaz no es un abusador cualquiera. Era el secretario privado del exintendente de Avellaneda Dionisio Scarpín, actual senador nacional radical y precandidato a la Cámara baja provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe.
La suspensión incluye la rebaja de un 50 por ciento del sueldo de Gerosa por el término que dure el proceso disciplinario hasta su finalización y, además, la prohibición de ingresar a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación. Los argumentos para esta medida son que no pueda interferir en la investigación de la Legislatura y que no pueda seguir al frente de la unidad de Violencia de Género.
La decisión de suspender a Gerosa se votó por mayoría y el trámite fue rápido. Sin embargo, luego hubo algo más de una hora de declaraciones de legisladores y legisladoras argumentando sus votos. Ahí se destacaron dos situaciones. En primer lugar, la intervención del diputado radical Fabián Palo Oliver, quien adelantó que la semana próxima hará una presentación ante la comisión que lleva adelante la acusación para que también revise las responsabilidades directas del jefe de Gerosa, el fiscal regional Rubén Martínez, quien avaló el cambio de calificación que permitió bajar la pena de 32 años que se pedía originalmente a 7 de prisión; y también contra el senador del departamento General Obligado, Orfilio Marcón, a quien señalan por tener contacto directo con Gerosa y usar sus influencias para favorecer al abusador y frenar el juicio contra el exsecretario privado de su ahijado en la política, Dionisio Scarpín, para reemplazarlo por el abreviado cuestionado.
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Lo llamativo de la sesión fue que, en otra de las bancas, y con vista casi directa a Oliver, estaba sentado el propio Marcón, quien tras varios reclamos de respuestas en el recinto se animó a hablar: “No le pedí a nadie ni más pena ni menos pena para el señor Galaz. No he movido un dedo, ni lo haré nunca, por una persona que no respeta el derecho de las mujeres”, dijo el senador. Y luego contó que la única conversación que tuvo con Gerosa por la causa Galaz fue en su oficina, cuando el fiscal lo fue a consultar por el avance de los concursos en los que había participado y que luego de escucharlo hablar de ese tema, y porque en la radio siempre oía hablar del “caso Galaz”, le preguntó cómo iba.
Sin embargo, para Oliver, el trasfondo es más complejo: "¿Vamos a naturalizar que la política interfiera en un servicio como el de justicia, que un senador de la provincia converse con un fiscal sobre una causa que involucra a un abusador de una menor de edad? Se naturaliza la forma de hacer política feudal, esto pasa en el norte de la provincia de Santa Fe”, disparó.
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Y agregó: “Vamos a hacer una presentación en la comisión para que se aboque a analizar la conducta del fiscal regional Martínez. Si en lugar de a siete años, a Galaz se lo condenaba por un año más, el acuerdo debía ser aprobado también por la fiscal general. Intentaron, por todos los medios, que esto quede en los límites del departamento General Obligado, amordazaron a los medios de comunicación hasta que no se pudo contener más. Gerosa no pudo llevar adelante las acciones en soledad, por eso hablamos de entramado de protección al condenado. Hay un ejercicio de autodefensa y hasta corporativa de los que dicen que no hay que judicializar la política. Vamos a pedir que se evalúen cuatro conductas: cohecho, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles de la función pública contra el fiscal regional Martínez, el senador Marcón y Gerosa”.
En la sesión, además, se habló mucho de los jueces que homologaron el juicio abreviado. Fueron los diputados Carlos Del Frade y Nicolás Mayoraz quienes pusieron el ojo en dos de los tres jueces del tribunal que homologaron el acuerdo. La única que votó en contra fue la jueza Norma Senn, mientras que sus dos pares varones, Gustavo Gon y Mauricio Martelossi, le dieron el visto bueno.
