La Legislatura otra tanda de funcionarios judiciales. Luego será el turno de la Corte Suprema. La dinámica negociadora dentro de Unidos y con la oposición.
Maximiliano Pullaro junto a los seis integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe y el procurador Jorge Barraguirre.
La Legislatura de Santa Fe se prepara para definir en las próximas semanas la siempre sensible cobertura de vacantes judiciales, incluida las que se generarán en la Corte Suprema de Justicia provincial, y de órganos de singular importancia como el Tribunal de Cuentas y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).
Como sucede en este tipo de casos, son necesarios acuerdos políticos, tanto hacia el interior del frente oficialista Unidos como, eventualmente, con bloques opositores. La designación de jueces, fiscales y defensores es un acto político por excelencia, partiendo de la base de que es facultad del Poder Ejecutivo remitir los pliegos al Poder Legislativo, que en asamblea de diputados y senadores aprueba o rechaza las propuestas.
En la provincia de Santa Fe, desde la gestión de Jorge Obeid hasta la actualidad, en el proceso intervienen otros protagonistas además del gobernador y los legisladores. Salvo para los ministros de la Corte Suprema, los postulantes deben atravesar satisfactoriamente un concurso realizado por el Consejo de la Magistratura, en cuyos jurados revistan representantes del Colegio de Magistrados, de los estamentos académicos y de las organizaciones de abogados.
Todo ese proceso busca limitar la discrecionalidad política, lo que no supone que esas representaciones permanezcan ajenas a esa influencia. El debate estuvo, de hecho, cuando se discutieron los nuevos mecanismos de selección y remoción en la reciente reforma constitucional de la provincia.
Con todo, el hecho de que las designaciones sean centralmente políticas no implica, necesariamente, que los jueces, fiscales y defensores obedezcan ciegamente a los mandatos de sus promotores.
Rubén Weder, flamante ministro de la Corte impulsado por Omar Perotti, reconoció en su discurso de jura la propuesta de su nombre y posterior designación "es fruto de un consenso político, de mucho diálogo entre distintos sectores políticos". "Diálogo y consenso que fue alcanzado dentro del proceso establecido constitucionalmente para la designación de un Magistrado integrante de la Corte Suprema de justicia. Ahora bien, quiero también decir que dicha situación de ninguna manera va a incidir sobre mi independencia técnica e imparcialidad como juez de ésta Corte”, dijo.
"Yo pongo el equipo en la cancha, pero cuando empieza el partido los jugadores se mueven", supo decir el Coco Basile y la frase aplica perfecto para estos casos.
El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, es el candidato del gobernador, además de tener buen vínculo con el PRO. Diego Maciel es el secretario administrativo del Senado y hombre de confianza de Felipe Michlig. Adriana Pierpaoli es la presidenta del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Rosario y está referenciada en el espacio de la UCR que lidera Julián Galdeano.
¿De dónde saldrán entonces los dos tercios que se necesitan para aprobar los pliegos? Juega a favor de los candidatos un factor clave: al estar Unidos cerca del número exigido, es improbable que los pliegos se caigan, y son pocos los que quieren votar en contra de quienes, casi con certeza, serán jueces de la Corte. No vaya ser cosa que a alguno de los supremos le guste anotar nombres en una libretita.
Con el frente judicial, de altísimo voltaje político, el gobernador se involucra personalmente en las tratativas. Fue él mismo, por ejemplo, quien llevó adelante el acuerdo con Perotti por la primera tanda de jueces de la Corte. Dentro del radicalismo también pisa fuerte Galdeano. No por casualidad, el secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, pertenece a su sector.
En el socialismo, partido mayoritario en el bloque de Unidos dentro de la Cámara de Diputados, esa función recaía mayormente en Pablo Farías, quien desde diciembre saltó al Congreso de la Nación. Joaquín “Popi” Blanco, titular de la bancada del PS, tiene un peso ineludible en este aspecto.
Por el lado del peronismo, en la cámara baja es mayoritario el espacio liderado por Perotti y es el propio ex gobernador quien talla en este tema, más allá de que sus lugartenientes Celia Arena y Marcos Corach participen de las conversaciones. En el Senado, es el histórico Armando “Pipi” Traferri el interlocutor principal de Michlig, jefe de los radicales en ese territorio institucional.
Estos dirigentes -y otros tantos- protagonizarán el jueves próximo la asamblea de diputados y senadores que definirá la suerte de los titulares regionales de los Ministerios Públicos de Acusación y Defensa de Venado Tuerto, fiscales subrogantes, una vocalía del Tribunal de Cuentas y una dirección del Enress, según definió en las últimas horas la comisión de Acuerdos de la Legislatura. El 26 de febrero sería el turno de los futuros ministros de la Corte Suprema.
Salvo con los ministros de Corte, los jueces, fiscales y defensores se nombran en Asamblea Legislativa con mayoría simple. Como el oficialismo cuenta por sí mismo con el número necesario, las negociaciones se tejen hacia adentro de Unidos, especialmente teniendo en cuenta que es una coalición heterogénea.
Después de esos acuerdos internos, en algunos casos se abre la discusión hacia el exterior. Esa dinámica se pudo observar con claridad en la reforma constitucional del año pasado, en la que eternos cuartos intermedios exhibían las tratativas hacia el interior del frente oficialista, para posteriormente pasar a la discusión con las bancadas opositoras abiertas al diálogo.
Distinto es lo que ocurre con la conformación del máximo tribunal. Se exigen, en este caso, una mayoría agravada en la Asamblea Legislativa. En consecuencia, es necesario el concurso de algún sector ajeno al espacio gubernamental para llegar a los dos tercios.
Ese esquema se verificó con nitidez cuando se aprobaron los pliegos de Raúl Baclini, Margarita Zabalza y Weder. El primero, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La segunda, promovida por el socialismo. El tercero, a instancias del perottismo.
Aún así, no funciona de modo lineal. En la última propuesta de cobertura de vacantes de la Corte no hubo acuerdo previo con ningún sector de la oposición, al menos en la definición de los nombres.