Las renuncias a plazo fijo de Falistocco y Gutiérrez activaron a la Casa Gris. Los perfiles que emergen para ocupar las vacantes en el máximo tribunal.
Juez federal de Reconquista. Aldo Alurralde pica en punta para ocupar un sillón de la Corte Suprema de Santa Fe en noviembre de 2026.
La composición de la Corte Suprema de Santa Fe entró en tiempo de descuento y en la Casa Gris ya circulan nombres para jugar una partida institucional hiperdelicada: la reconfiguración del máximo tribunal. La renovación que empuja Maximiliano Pullaro cambiará el eje del Poder Judicial de manera profunda.
Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, los dos cortesanos de la vieja guardia que aún resistían en sus puestos pese a haber superado los 75 años que marca la ley, anunciaron hace una semana que dejaban sus cargos a partir de noviembre del año próximo. No hubo, hasta ahora, presentación formal, pero en el Ejecutivo dan el proceso por iniciado y la búsqueda de reemplazos ya se activó. El escenario muestra hoy un nombre firme, el del juez federal de Reconquista Aldo Alurralde. Hay otros dos en evaluación: un operador del Senado y una apuesta técnica con anclaje radical.
El que aparece mejor posicionado es Alurralde. Dirigentes del PRO lo impulsan y Gisela Scaglia lo tomó como propio. No es un nombre improvisado ni casual: Alurralde estuvo en la ronda de consultas técnicas que le dieron sustento a la reforma constitucional y ocupó un lugar central -primera fila- en la apertura de sesiones del 1° de mayo.
Además de las causas por narcotráfico, que le valieron felicitaciones directas de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Alurralde ganó volumen político con un fallo que tiene relación con una de las pulseadas que sostuvo Pullaro con Javier Milei: el estado de las rutas nacionales. Fue el primer juez que hizo lugar a un amparo y ordenó al Estado nacional reparar el tramo Vera–Reconquista de la Ruta 11.
Designado juez federal en 2009, construyó una imagen de magistrado frontal frente al narcotráfico. En la política santafesina le reconocen, además, una mirada judicial atravesada por la “perspectiva de la víctima”, profundizada tras el femicidio de su hermana en 2019.
El segundo nombre en danza es Diego Luis Maciel, secretario administrativo del Senado provincial y hombre de confianza del senador Felipe Michlig. No viene del mundo judicial, pero sí del corazón del Poder Legislativo.
Maciel es, para propios y ajenos, un gestor. Maneja el Senado con discreción quirúrgica, conoce como pocos los engranajes electorales de las coaliciones que gobernaron Santa Fe en los últimos años y mantiene diálogo fluido con todas las fuerzas. Su apellido también pesa: es hijo del histórico secretario privado del exvicegobernador Carlos Fascendini. Para el núcleo duro del radicalismo Maciel representa control, previsibilidad y lealtad política.
La tercera carta es Adriana Pierpaoli, especializada en Derecho Administrativo, presidenta del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Rosario y referenciada en el espacio de Julián Galdeano. Pierpaoli aporta perfil técnico y formación académica.
En las últimas semanas quedó en el centro de la escena tras el dictamen del Colegio sobre la ordenanza de autonomía municipal de Rosario: acompañó la iniciativa, pero marcó objeciones de técnica legislativa que tensaron la relación con el intendente Pablo Javkin. En la interna radical el episodio no pasó desapercibido.
El Ejecutivo necesita cerrar los acuerdos para habilitar la consulta pública de antecedentes y oposición antes de enviar los pliegos. En la Legislatura, sin embargo, ya avisan: difícil que eso ocurra antes de febrero. La lógica de la discusión parlamentaria es conocida: equilibrio político y representación de los acuerdos ya cerrados. En la tanda anterior de cambios e ingresos en la Corte, Pullaro sumó al exfiscal general Jorge Baclini, el perottismo empujó por Rubén Weder y el socialismo propuso a Margarita Zabalza.
En paralelo, se abre una disputa silenciosa por otro cargo clave: la Secretaría de la Corte. Eduardo Bordas fijó su jubilación para marzo y el tribunal avanzará hacia una estructura más fragmentada, con secretarías diferenciadas por regiones. Lo que parece decidido es que no habrá otro Bordas. Entre los nombres que circulan aparece Carlos Crespo, secretario privado del tribunal.