Diario de la Convención de Santa Fe, día 37: Unidos cedió al final y comparte la lapicera de la Justicia
La Convención que avanza con la reforma constitucional de Santa Fe vivió este martes un nuevo día de negociaciones interminables en Unidos, en este caso en el marco de la comisión Redactora, para dar a luz un texto con diferencias sustanciales con respecto al que emitió la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales. Entre otras modificaciones de fondo, se encuentra un aspecto picante: quiénes tendrán la lapicera para sacar y poner a jueces, fiscales y defensores.
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A las complejísimas tratativas dentro del oficialismo que ya son un sello de esta reforma, el nuevo diseño de la Justicia tuvo un capítulo especial y previsiblemente intenso. El dictamen de mayoría al que se arribó costó horas y horas de tironeos hacia el interior de Unidos, pero también de los actores institucionales del rubro, siempre poderosos.
En ese sentido, el lunes pasado se conoció un duro pronunciamiento de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que agremia a jueces de todo el país, en el cual manifestó su "profunda preocupación ante las iniciativas en curso en el proceso constituyente de la provincia de Santa Fe, las cuales podrían comprometer gravemente la independencia judicial y debilitar la efectiva protección de los derechos de la población”.
Al respecto, la entidad puso el foco en que el despacho de comisión del oficialismo “no incluye un sistema de orden de mérito vinculante ni la Constitución de ternas con criterios similares”, lo cual le “otorga al Poder Ejecutivo una discrecionalidad significativa”. Además, advirtió sobre “una conformación desequilibrada del Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público, claramente dominada por el estamento político”. En síntesis: la lapicera.
Presión interna
La sucesión de cuartos intermedios que marcó la jornada hasta las 16.30 fue, nuevamente, sintomática de las pulseadas al interior de Unidos. De hecho, se decidió partir el dictamen en varios pedazos para así ir avanzando en el desarrollo formal de la comisión a medida que se alcanzaban los acuerdos parciales.
Con el correr de las horas, el presidente de la comisión Redactora, el socialista Joaquín Blanco, conducía la reunión interrumpido por los pedidos de palabra de los convencionales y por sus constantes accesos de tos. En paralelo, la socialista Lionella Cattalini y los radicales Lisandro Enrico y Fabián Bastía ejercían la defensa de los textos acordados en Unidos y, eventualmente, aceptaban modificaciones propuestas por la oposición, muchas de forma, algunas más profundas. Mientras tanto, continuaban las tratativas por las cláusulas transitorias.
Hubo, en el medio, un episodio anecdótico, pero revelador. Una solicitud del convencional massista Diego Giuliano sobre el formato de la Defensoría del Pueblo tuvo una respuesta extenuada de Bastía, que excedía claramente al punto en cuestión: "Para ser sinceros, llegamos hasta donde pudimos".
bastía
Acuerdo en Unidos
Cuando, ya entrada la tarde, se leyó la letra consensuada en Unidos de la conformación de los órganos de selección y remoción de jueces, fiscales y defensores, quedó en evidencia que las presiones internas y externas habían torcido la decisión inicial. En la práctica, se trató de dictámenes nuevos, con una redacción completamente distinta.
cattallini
En el ahora denominado “Consejo de Selección”, la clave es que las listas que elevará al Poder Ejecutivo tras los concursos correspondientes son “vinculantes”. Es decir que el gobernador estará obligado a elegir entre los nombres propuestos por ese órgano colegiado, cuya integración se mantuvo como al principio: un juez, fiscal o defensor, según la vacante cubrir; un diputado y un senador; un abogado matriculado con asiento en la provincia y un profesor perteneciente a las facultades de Derecho de las universidades públicas con sede en la provincia.
A su vez, la composición del Tribunal de Enjuiciamento varió por completo, en un trámite que se asemejó a los cierres de listas. En la comparación, el cambio se visibiliza mejor:
Dictamen original: el diseño era de cuatro integrantes de “la política” (dos diputados y dos senadores), uno de “la Justicia” (un juez, fiscal o defensor, según el cargo del acusado) y dos de “los abogados”.
Nuevo dictamen: tres de “la Justicia” (según el caso, un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General o el Defensor General, que tendrán la presidencia; y dos jueces, fiscales o defensores, de acuerdo al cargo del acusado), seis de “la política” (tres senadores y tres diputados con representación de minoría) y dos de “los abogados”.
De esta manera, parcialmente, el oficialismo accedió a los reclamos del mundo judicial. “Para espantar los fantasmas que están pululando por acá”, ironizó Enrico.
