Otra vez experimentó un día entero de tironeos para llegar a un acuerdo, esta vez sobre autonomía municipal. Juego para la oposición. La definición, al alargue.
Diario de la Convención de Santa Fe, día 27: la rosca interminable en Unidos ya es un sello de la reforma
El diluvio que cayó este martes sobre la ciudad de Santa Fe sirvió de marco para otra jornada interminable de negociaciones en Unidos, ahora para definir el dictamen de mayoría de la comisión de Régimen Municipal, que establece los contornos de las autonomías y plata para ciudades y pueblos, y límites a las reelecciones de los intendentes, como puntos relevantes.
A las nueve de la mañana de este martes, tal cual estaba previsto, comenzó la definitoria reunión de la comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, la tercera en el fixture de despachos de mayoría para la reforma constitucional.
Se repitió la modalidad de las dos comisiones precedentes, la de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo el viernes y la de Funcionamiento del Estado el lunes: el oficialismo pidió un cuarto intermedio de arranque. La mecánica se reiteró por la evidente razón de que todavía no había textos acordados en Unidos. Aún así, y atendiendo el último cambio de reglamento de la Convención, el reformador Germán Giacomino (UCR) propuso los seis bloques temáticos sobre los cuáles dictaminar: Áreas Metropolitanas, Derecho a la Ciudad, Ordenamiento Territorial, Régimen Municipal, Recursos y Cláusulas Transitorias.
A las 14, los integrantes de la comisión volvieron al recinto. El oficialismo anunció allí que tenía redacción consensuada internamente de los tres primeros tópicos. El socialista Joaquín Blanco arrancó con la argumentación sobre Áreas Metropolitanas, pero al finalizar su discurso, estalló la polémica.
En el bloque Más para Santa Fe, un diplomático Diego Giuliano y un filoso Juan Monteverde afirmaron que era imprescindible tratar inicialmente el Régimen Municipal, porque de allí se desprendía el resto de los aspectos y avisaron que la oposición no seguiría esperando hasta minutos antes de cada encuentro a que Unidos presente despachos a cuentagotas.
A partir de ese momento, se desató un festival de chicanas cruzadas, algunas vinculadas al cierre de listas del domingo pasado. Blanco le apuntó al dirigente de Ciudad Futura, a quien acusó de usar la Convención como “tribuna de campaña para las elecciones de diputados nacionales”. Giuliano le retrucó: “Fue el gobernador quien decidió poner la reforma entre dos procesos electorales, nosotros se lo advertimos”.
Tras una sucesión de alocuciones encendidas, que incluyó a la propia presidenta de la comisión, Katia Passarino, se resolvió debatir integralmente la temática luego de un nuevo cuarto intermedio hasta las 18.
Antes, el libertario Juan Pedro Aleart anticipó que su bancada presentaría un dictamen propio de minoría por no coincidir conceptualmente, en líneas generales, con los textos en debate. Se observa allí un criterio político de La Libertad Avanza que excede a la comisión de Régimen Municipal: no acompañará, salvo eventuales excepciones, ningún despacho de mayoría, como quedó a la vista al diferenciarse este lunes hasta en la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Tampoco alcanzó con en el enésimo cuarto intermedio: el oficialismo pidió otra prórroga hasta las 20. Con una novedad: tras las renovadas quejas opositoras, Pablo Farías convocó a una mesa política con todos los bloques para terminar de resolver la redacción final de los dictámenes. Un dato que exhibe el rol decisivo del convencional socialista en la rosca: no integra la comisión de Régimen Municipal, sólo tiene derecho a voz pero no a voto.
Como supo contar Letra P, Unidos no logró al inicio de la Convención una síntesis de su proyecto de reforma constitucional y, en consecuencia, decidieron presentar iniciativas por separado cada uno de los partidos que integran el frente. No es un dato menor: por una cuestión de número, de ese interbloque sale buena parte de la letra reformadora.
En ese contexto, por ejemplo, el socialismo proponía que los municipios de más de 20 mil habitantes puedan diseñar su propia Carta Orgánica (una suerte de Constitución local), mientras que la UCR y el PRO establecían el piso en 50 mil.
Otro caso. El PS planteaba que los concejos municipales de ciudades con más de 20 mil habitantes debían renovar su composición por mitades con elecciones intermedias, no así las localidades más chicas. El radicalismo y el macrismo lo dejaban librado a una ley posterior, pero sí fijaban que los comicios debían ser concurrentes con la provincia.
Un último punto a destacar, de singular voltaje político: las reelecciones de los intendentes. El partido de la rosa y el PRO dejaban claro que serían por un solo período. La UCR sostenía que esa regulación estaría en cabeza de las convenciones municipales, pero que las renovaciones de mandatos no podrían ser indefinidas.
Un tópico que también estuvo fuertemente en debate, no tanto hacia el interior de Unidos como frente a los bloques opositores, era el establecimiento de un piso de coparticipación a los municipios y comunas que elevara los porcentajes hoy vigentes por ley.
Dentro del oficialismo, el PS proponía que se fijará una distribución del producido de los impuestos nacionales y provinciales no menor a la actual, el PRO fijaba un mínimo del 50% del impuesto inmobiliario y la UCR sugería una formulación genérica que luego fuera ordenada por la correspondiente Ley de Coparticipación.
Como era previsible en una discusión de plata, los convencionales oficialistas consultaron días atrás al ministro de Economía de Maximiliano Pullaro, Pablo Olivares. El funcionario respaldó el proyecto radical con tres argumentos centrales: la constituyente nacional de 1994 no fijó ningún piso de coparticipación entre la Nación y las provincias; el federalismo fiscal es dinámico y con el tiempo un nivel de gobierno asume funciones que tenía otro, entonces los recursos deben tener un correlato con esos cambios; el constituyente no debe asumir funciones del legislador, es decir que la coparticipación tiene que ser definida por la Legislatura y no por la Convención.
Dicho esto, el ministro concedió que el texto establezca que el régimen de distribución territorial de recursos no implicará una participación de los municipios menor a la vigente al momento de la reforma. Match con la iniciativa socialista.
Al cierre de esta nota, el horario de retorno tras el último cuarto intermedio ya estaba largamente excedido. Las ostensibles diferencias internas en Unidos, el compromiso político dentro del interbloque oficialista de llegar como sea a una síntesis, la importancia decisiva de los despachos de comisión en la letra de la nueva Constitución y los plazos de la propia Convención explican, en buena medida, lo ocurrido.