Derogada la ley de Lemas y vencida la norma transitoria aprobada por la Legislatura, el gobernador debe llenar el vacío. Claves para un debate central en 2026.
Santa Cruz: Claudio Vidal se prepara para forzar la máquinaria de los consensos y reformar la ley electoral.
Entre los múltiples desafíos planteados para 2026, el gobierno de Claudio Vidal debe definir qué hacer con la ley electoral de Santa Cruz. Se trata de uno de los planos donde se inscribe la batalla cultural y política que el gobernador pretende dar para dejar atrás las rémoras del kirchnerismo y avanzar en una nueva etapa política en la provincia.
Con el final del año venció la vigencia de la Ley Electoral Provincial Transitoria que establecía cambios sustanciales como la paridad de género y la boleta única, aunque no avanzaba con uno de los puntos centrales entre los focos de conflicto: la reelección indefinida.
En rigor, el plazo de vigencia de la ley que venció el 31 de diciembre no contemplaba alcances para la elección del gobernador, por lo que no resultó estrictamente necesario incluir el tema en la norma. Sin embargo, como ya contó Letra P, el fallo de Corte Suprema contra la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa, dejó a Vidal en off side, porque ahora Santa Cruz es la única provincia argentina que no impone limitación a la seguidilla de mandatos en el Poder Ejecutivo.
El artículo 8 de la norma transitoria estableció que la Legislatura debía sancionar “una nueva ley que defina un Sistema Electoral Provincial elaborada en el marco del más amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, en la que prime la calidad de la representación y por ende de la política”. Hasta ahora, ese consenso pareció imposible.
Luego de un turno electoral de medio término en el que el peronismo terminó ganando una elección en la que polarizó con La Libertad Avanza y dejó afuera de la discusión al partido del gobernador, el desafío del consenso parece ser tan urgente como complicado.
Para sumar males, Santa Cruz vive actualmente una crisis institucional sin precedentes. Los poderes Ejecutivo y Legislativo tensan la situación con el Judicial por una ley que amplió la composición de la Corte provincial y que fue desconocida por el mismo Tribunal Superior de Justicia, que no acepta el ingreso de los nuevos vocales a los que, con anuencia del gobernador, se les tomó oportuno juramento.
El cambio de las reglas electorales, en ese contexto, requiere de un apoyo casi unánime de la clase política de una de las provincias más australes de la Patagonia.
Vidal llegó al gobierno provincial prometiendo dar vuelta la página y entendía que los cambios de corte institucional iban a resultar claves para poder avanzar en la dirección que pretendía. En junio de 2024, la Legislatura dio una primera muestra de esa decisión y derogó la Ley de Lemas, que en las elecciones de 2023 se utilizó también en Formosa, San Juan, San Luis y Misiones.
“Terminamos con el fraude electoral que era la Ley de Lemas”, escribió el gobernador sobre el fin de la norma que llegó a los 36 años de vigencia en la provincia y que en 2015 le había permitido a Alicia Kirchner llegar a la gobernación por la sumatoria de los votos de Daniel Peralta, pese haber quedado unos 13 mil votos por debajo del macrista Eduardo Costa, el candidato más votado.
Aunque sin Ley de Lemas, la provincia quedó atada a la elaboración de una herramienta electoral que analice la incorporación de nuevas reglas. El oficialismo y sus aliados sostienen que hay que avanzar en la incorporación de la Boleta Única, pero se diferencian en las formas en que se definirán los cargos en disputa.
El oficialismo de Por Santa Cruz no ve con malos ojos incorporar la figura del ballotage, que sólo se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Tierra del Fuego. El resto de las fuerzas no piensa (o al menos no ha manifestado públicamente) analizar esa posibilidad y prefiere adoptar el sistema que rige en la mayoría de los distritos y consagra ganador a quién obtiene más votos por mayoría simple.
La realización o no de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) es otro de los temas en tensión. En ese punto, “el gasto” aparece como principal elemento de quiebre. Casi con el mismo argumento de tinte organizacional, la norma debe definir sobre los plazos de convocatoria y analizar la posibilidad de fijar una fecha inamovible por ley o pegar las elecciones provinciales a las nacionales.
Con todo, el debate central se dará en torno a los límites a la reelección del gobernador, legisladores e intendentes. Si bien el proyecto que el oficialismo ya presentó en la Cámara de Diputados provincial limita esa posibilidad a dos períodos consecutivos, en las filas del gobernador están tranquilos.
Vidal transita su primer mandato y no es una discusión de carácter urgente ya que, salvo que se avance en el hoy improbable consenso de prohibir la reelección como sucede únicamente en Mendoza, el gobernador podría aspirar a un segundo mandato. No sólo eso, sino que la letra chica de la norma podría considerar a la elección de 2027 como la primera de la nueva etapa institucional que permitiría que Vidal, en un futuro ideal para su proyecto provincial, tenga posibilidades de gobernar hasta 2035.