El gobernador suma movimientos que parecen apuntar a la búsqueda de otro mandato. La oposición advierte que podría ganar una fórmula que no fuera la más votada.
La pata legisaltiva del gobernador Gustavo Sáenz presentó un proyecto de reforma electoral que reintroduce una lógica de la Ley de Lemas en Salta. El movimiento se suma a la reciente presentación de pliegos para cubrir vacantes en la Corte provincial y se aboca a acomodar el tablero a poco más de un año de las elecciones en la provincia.
Si bien, el debate recién comienza, y se espera el inicio de las sesiones ordinarias en marzo, la oposición ya expresa de manera directa que cambiar las reglas sin discusión dejaría el terreno lo más llano posible y más competitivo para Sáenz.
El sistema electoral salteño consagra la elección directa, a través de la ley provincial 6444. Es decir, gana la fórmula más votada sin acumulación de votos entre listas internas. Es un esquema donde cada frente define previamente sus candidaturas y compite con una sola propuesta.
El proyecto de modificación rompe esa lógica, ya que se habilita múltiples candidaturas dentro de un mismo espacio y suma todos los votos obtenidos por esas listas. Es decir, el candidato individual más votado dentro del lema se queda con la representación final.
“Todos aquellos que vayan a disputar lo van a poder hacer y todos los votos que esos candidatos recojan van a sumar a los votos del espacio” transparentó ante Letra P el diputado oficialista Luis Mendaña.
Aunque Mendaña habla de una “mezcla” de sistemas y niega una intención política específica, la lógica coincide con la Ley de Lemas: acumulación de votos por sublemas y posibilidad de que resulte ganadora una fórmula que, individualmente, no haya sido la más votada por la ciudadanía. “Si hay cinco candidatos a gobernador de un espacio y hay un ganador, se lleva todos los votos de los demás candidatos”, agrega para que no queden dudas al respecto.
En todo ese contexto, Salta se podría convertir en la primera provincia en la que conviva el moderno voto electrónico con la vieja y cuestionada Ley de Lemas.
Mendaña insiste en que la reforma no responde a cálculos electorales sino a la necesidad de fortalecer la participación interna y revitalizar partidos que, según dijo, “cada vez tienen menos vida institucional”. También reivindicó el gasto electoral como inversión democrática.
La oposición lee otra cosa. Algunos dirigentes advierten que el sistema permitiría que el oficialismo retenga poder aun perdiendo el liderazgo individual de votos. Traducido, sería que un candidato opositor podría ser el más votado y, aun así, quedar afuera si el frente gobernante logra acumular sufragios dispersos entre varios postulantes propios.
Ese riesgo es un clásico en experiencias en provincias argentinas con Ley de Lemas y es el núcleo de la crítica política y explica el rechazo temprano de sectores opositores.
Sin embargo, la discusión electoral no llega sola. Semanas atrás, Sáenz envió al Senado los pliegos de Martín Ignacio Plaza y Diego Diez Villa para la Corte de Justicia. Ambos nombres orbitan el esquema político del gobernador desde su desembarco en el poder en 2019.
Como ya contó Letra P, la jugada excede la cobertura de vacantes. La Corte tiene peso determinante en conflictos institucionales, constitucionales y electorales. Y el oficialismo lo sabe. Más aún en un contexto donde la posibilidad de un nuevo intento reeleccionista de Sáenz en 2027 sigue siendo un tema latente en la política salteña.
En ese sentido, ordenar la Justicia y reformar el sistema electoral son para el oficialismo movimientos complementarios para reducir incertidumbre institucional antes de una disputa que se anticipa más abierta que en elecciones anteriores. Sobre todo, con la avanzada libertaria en la provincia y un peronismo reordenándose.
El saencismo rechaza la lectura estratégica y habla de modernización democrática. Sin embargo, la simultaneidad de decisiones refuerza la percepción de que el oficialismo busca blindar condiciones políticas para la próxima contienda.
La eventual reinstalación de un esquema tipo ley de lemas sería una herramienta potente en ese sentido, ya que les permite absorber internas, ordenar liderazgos y, llegado el caso, compensar desgaste electoral con ingeniería institucional.