La Justicia federal investiga una estafa millonaria y el dirigente boinablanca tiene un alfil a cargo de reencauzar la gestión. Caciques de la UCR en alerta.
Gabriel Abrile mantiene su alianza con Bornoroni por el control del Pami Río Cuarto desde agosto de este año.
Con la delegación del PAMI Río Cuarto bajo su control, Gabriel Abrile surfea las olas de un escándalo de corrupción aparentemente heredado, que la Justicia federal investiga como un caso de sobrefacturación millonaria. El caudillo radical cuida que el escándalo no afecte su acuerdo con Gabriel Bornoroni, mandamás de La Libertad Avanza en Córdoba.
Este año, en medio de fuertes tensiones internas, la sede de la obra social se volvió ingobernable para La Libertad Avanza. Se llevó puestos a sus dos últimos directores en cuatro meses y detonó una causa judicial por una estafa de al menos 600 millones de pesos. En ese marco, en 60 días el juez federal Carlos Ochoa allanó dos veces las oficinas de Alvear 842, imputó a un exfuncionario de filiación partidaria aparentemente desconocida y detuvo a tres hombres de una empresa que presta servicios para la obra social.
Ahora, el responsable de la UGL 36 es Leonardo Farina, un alfil del sector de la UCR que responde a Abrile y donde pesan Eduardo Yuni y Daniel Frangieque, tiene asignada una misión clave. El desafío es reencauzar la gestión. En medio del vendaval, ese objetivo no parece poca cosa.
En la provincia de Córdoba, el manejo de las delegaciones del PAMI está dentro del tablero de control de Bornoroni, el poderoso armardor mediterráneo de Karina Milei. Sin su aval, ninguno de los tres directores de la unidad Río Cuarto en la era libertaria habría llegado a ocupar el cargo. De hecho, un hombre de su riñón, Marcos Patiño, manejó la UGL 3 Córdoba hasta que el jefe del bloque violeta en Diputados decidió promoverlo a la cámara baja, donde asumió hace días.
En el radicalismo que se opone a un acuerdo con LLA sostienen que la nueva conducción del PAMI Río Cuarto representada por Farina implica de hecho un "pase de la UCR a La Libertad Avanza, con un cargo de gestión”.
Además, aseguran que Santiago Pinasco, exdirector de la UGL e histórico referente radical cercano a Abrile, sería el eslabón que conectó al médico riocuartense con Bornoroni, para dejar allanado el camino cuando se fue de la oficina de Alvear 842.
La lupa de la pesquisa judicial se centró al principio en la firma Ethical Salud, sospechada por la presunta estafa al Estado nacional, pero el panorama cambió por completo días atrás, cuando imputaron al excoordinador médico de la UGL 36, Víctor Genesio por asociación ilícita y defraudación.
Genesio, primer funcionario en quedar bajo la lupa de la Justicia, parece un perfecto desconocido en materia de pertenencia política. Nadie que tenga o haya tenido responsabilidad en la conducción de la unidad local del PAMI lo asume como propio ni quiere que su situación judicial lo salpique.
Nacido en Las Higueras, pero radicado por años en Buenos Aires, Genesio llegó al PAMI de Río Cuarto desde el nivel central durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el 24 de junio de 2024, en plena administración mileísta, fue designado como segunda autoridad local por el director nacional, Esteban Leguizamo.
Cerca de Abrile señalan que después de haber auditado todo lo actuado por la gestión anterior a Farina y tras confirmar las irregularidades se sienten a salvo de salpicaduras. Subrayan que el frente judicial, con una investigación de meses y ningún exdirector apuntado, parece respaldar esa idea.
La semana pasada no escapó a nadie la noticia de que el diputado cordobés por LLA Gonzalo Roca, socio histórico de Bornoroni, se convirtió en miembro titular del Consejo de la Magistratura, el organismo que ejerce el poder disciplinario en los tribunales. Días pasados, alquien se lo advirtió al fiscal federal que impulsa la causa por la estafa al PAMI en Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas.
Más allá de que momentáneamente Genesio parece haberse llevado la marca de la Justicia en la búsqueda de responsabilidades, sigue abierto el riesgo de que alguien más sea implicado en la causa. Es que la investigación tiene el poder de fuego suficiente como para dañar la reputación de quienes bendijeron a los últimos directores del PAMI local.
En esa situación aparece la flamante diputada Laura Soldano, vinculada a la unidad local del PAMI a través de Pinasco, el exdirector que responde a este grupo y que condujo el organismo por algunos meses.
Otro que sigue la causa atentamente es Ricardo Scattolini, quien estuvo frente a la UGL 36 por poco más de un semestre y salió eyectado por decisión de quien por entonces era su jefe político. Enfrentado luego con Bornoroni, tuvo a medidados de este año algún acercamiento a la armadora libertaria silvestre Verónica Sikora.
Finalmente, al propio Abrile no se le escapa que, pese a ser el último en llegar, también podría recibir alguna salpicadura si la cosa se complica.
Las noticias del escándalo por sobrefacturación y el nuevo rumbo de la obra social de los jubilados seguramente son seguidas con atención por un grupo de notables de la UCR local.
El histórico exintendente Benigno Antonio Rins, el excandidato Eduardo Yuni, el extitular del PAMI en la era macrista Gonzalo Luján y Claudio Miranda, quien fuera presidente del Concejo Deliberante local, tienen un denominador común: todos tienen negocios en el sector de servicios de salud y cuidado de personas. Probablemente se interesen por el buen funcionamiento de la obra social.
Después de todo, es el mayor financista del rubro el que está en plena ebullición.