El gobierno de Córdoba prevé la discusión de un proyecto de estricto corte fiscal, que omitirá las necesidades de las provincias. Expectativas y estrategias.
Martín Llaryora encara la negociación por el Presupuesto de la Nación con expectativa baja.
Reconocimiento de los compromisos, algunos ya adeudados, para la transferencia de fondos a la Caja de Jubilaciones de Córdoba y partidas específicas que complementen la cesión de obras públicas a la órbita provincial: aunque reconozcan escasas posibilidades de cumplimiento, sobre esos ejes giran las expectativas de Martín Llaryora para el Presupuesto 2025 que elabora el gobierno de Javier Milei.
Se trata de dos reclamos que ya se consideran históricos en El Panal, sede del gobierno provincial. Las deudas del tesoro nacional con las cajas previsionales no transferidas remontan a la década pasada y no distinguen sellos partidarios. Los consecuentes reclamos, canalizados judicialmente, se han dirigido a distintos ocupantes de la Casa Rosada. La intransigencia del gobierno libertario, a quien le reclama ya casi $450 mil millones, permite presumir un nuevo capítulo en la puja.
Similar augurio guía los tempranos análisis sobre la posibilidad de encontrar partidas específicas para la obra pública en el texto que comenzaría a tratarse el lunes 16 de septiembre en el Congreso, acaso con la presencia del propio Presidente. El gobierno mediterráneo no espera fondos para nuevos proyectos; sí quiere el dinero para pagar las deudas acumuladas por la Nación con las contratistas a los que había adjudicado trabajos que, según se ha comprometido, ahora transferirá a las provincias.
Fuentes parlamentarias alternan mesura y escepticismo. Piden esperar la redacción final del proyecto de Presupuesto para un análisis pormenorizado. En sus palabras, “necesitamos saber qué vamos a pedir que se corrija y qué margen de negociación para readecuar partidas tendremos”, señalan.
No obstante, creen que el texto profundizará el objetivo fiscalista que persigue Milei, con más motosierra sobre el gasto y reediciones del clásico “no hay plata”. En tal tablero, admiten, parece inverosímil colar las iniciativas que enarbolan las provincias, especialmente las de la región centro, que reclaman sostenidamente una mirada productivista.
Sin esas concesiones, advierten las mismas voces, resultaría altamente improbable que el Parlamento apruebe la versión 2025 de la “ley madre”.
No obstante, descreen de versiones que indican que el Gobierno podría forzar un rechazo del texto a fin de contar con mayor discrecionalidad en el manejo de fondos. Aunque la referencia inmediata sea la reconducción del presupuesto 2023 para el año en curso, alternando muñeca y recortes, no piensan que Milei intente repetir una experiencia riesgosa. “Sería navegar sin mapa. No creo que sean tan locos”, sentencian desde una banca cordobesa.
El incumplimiento de leyes y pactos fiscales que establecen la obligación de asistir financieramente a la Caja de Jubilaciones para solventar sus déficits ha motivado sendas presentaciones del gobierno de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia. La más reciente data del pasado año y reclama una suma de incumplimientos por los años 2020, 2021, 2022 y hasta el 2023. Todos corresponden al gobierno de Alberto Fernández, que giraba una suma fija como todo concepto.
Desde enero, las transferencias de la Nación suman cero. En consecuencia, la deuda asciende a casi $450 mil millones, según informan desde la gobernación. El rojo es, por mucho, el que más preocupa en Córdoba. Aludiendo a la necesidad de cubrir ese pasivo que impacta en los pasivos, Llaryora ha justificado recortes, ha ofrecido propuestas salariales menores a lo esperado por los gremios estatales y ha pospuesto promesas de campaña.
El mismo gobernador ha ensayado distintas estrategias para forzar al gobierno nacional a asumir un compromiso de reconocimiento de la deuda. Incluso, ha ventilado la posibilidad de un nuevo planteo judicial.
Hasta el momento, las advertencias no han cambiado la tesitura de la Casa Rosada de eliminar transferencias a las provincias como condición para llegar al déficit cero. Al anuncio de una auditoría, aún no concretada, de las deudas que reclaman las cajas previsionales le sucede otra estrategia reconocida: la negación.
Este martes, el jefe de Gabinete de la Nación fue confuso sobre los términos de la deudas de ANSES con las 13 cajas de jubilaciones no transferidas. Como respuesta anticipada a las preguntas que le realizarán en el Congreso, en su primer informe de gestión, Guillermo Francos respondió por la negativa a las inquietudes de los diputados de Hacemos Coalición Federal.
“El Ministerio de Capital Humano informa que la ANSES no mantiene deuda alguna con las provincias, toda vez que las deudas quedan plasmadas en Convenios de Financiamiento celebrados entre ellas y el Estado Nacional; siendo éste el mismo criterio utilizado para todas aquellas Provincias que no han transferido sus regímenes al Estado Nacional”, dice el texto rubricado por el funcionario.
Desde El Panal admiten que el recurso, retórico en sí, ha sido empleado por otras presidencias. No obstante, destacan también que el propio Francos ha sido garante de promesas sobre el financiamiento de las Cajas.
También sobre el traspaso de obras públicas que se encuentran trabadas, que debían ser ejecutadas por la Nación, a la administración provincial. El compromiso, que ya cuenta con el aval de la Legislatura de Córdoba, incluye la concreción de proyectos largamente anhelados, como l a finalización de la autovía que une la capital provincial con la ciudad de San Francisco.
Hasta el momento el gobierno nacional no ha brindado precisiones sobre la cancelación de deudas con las empresas contratistas, condición esencial para avanzar en el acuerdo. Por ello, esperan que en el Presupuesto 2025 se incluyan partidas destinadas específicamente a sellar las deudas.
Sin certezas al respecto, legisladores cordobeses esperan al menos ese gesto. “Ya sabemos que no van a poner un mango. Pero que por lo menos no nos tiren sus propias deudas. Que nos pasen lo que corresponde para que podamos calzar nuestros planes”, expresan.
Sobre el mismo horizonte, voces del Ejecutivo mediterráneo se permiten esbozar una posibilidad que hoy parece más lejana: recuperar las transferencias de programas nacionales, hoy reducidas la expresión mínima y obligatoria según la coparticipación.
Como todo reaseguro, Llaryora sabe del valor de su bloque en Diputados. Sus números serán clave en las discusiones que vienen, desde la ley de movilidad jubilatoria hasta la ley de financiamiento universitario.