El ministro Fabián López comenzó la gestión con el titular de Obras Públicas, Luis Giovine. El gesto político y la puja con CRZ Construcciones. El veto del BID.
Martín Llaryora, con jugadores de peso para activar la obra de la ruta 19.
Luis Giovine, Martín Llaryora y Daniel Passerini.
El gobernador Martín Llaryora activó a su ministro de Servicios Públicos, Fabián López, para que inicie las reuniones técnicas con el gobierno de Javier Milei para la transferencia de la ruta nacional 19, que une Córdoba con San Francisco.
El interlocutor designado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, es Luis Giovine, un viejo amigo de López que, por sus oficios, recaló en el esquema libertario como secretario de Obras Públicas. Para un cordobesista, nada mejor que otro cordobesista.
El ministro de Llaryora y el exresponsable de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) de Juan Schiaretti juegan de memoria, pero saben que el gesto político podrá convertirse en una realidad sólo con plata, un buen equipo de asesoría legal y la voluntad de acuerdo de las partes involucradas.
¿Cómo surfeará el gobierno nacional el gesto de Francos al cordobés que se juega en esta movida su principal apuesta política? Por estas horas, hay una negociación frenética entre Vialidad Nacional y la empresa CRZ Construcciones para llegar un acuerdo por la rescisión del contrato.
El escollo judicial no es sencillo: hay incumplimiento manifiesto de la firma adjudicataria y el organismo nacional, en su momento, no activó las herramientas a su favor para cancelar la relación comercial de manera unilateral.
Esa cancelación es urgente para sellar la suerte de la ruta 19 porque el prestamista, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mantendrá en suspenso el crédito hasta que la firma se retire del desarrollo vial.
Como si fuera poco, el entuerto tocará un pasado reciente y salpicará a Mauricio Macri, un socio, aunque incómodo, de Milei.
El cordobesismo ubica el origen del fracaso del proyecto de la autovía en la ruta 19 en el gobierno de Cambiemos. Puntualmente, cuestionan defectos en el diseño de la política a Guillermo Dietrich, quien en febrero de 2017 licitó la obra como un ejemplo de la “anticorrupción”. En concreto, un 35% por ciento más barata que el precio de referencia oficial.
Como se observa, asociar la obra pública con el dinero mal habido no es un cliché exclusivo de la gestión libertaria.
Los precios bajos para un proyecto grande se combinaron con contratistas chicas, sin espalda para capear las inclemencias de la economía argentina.
La Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CRZ Construcciones y Perales Aguiar resultó adjudicataria de los tramos San Francisco-Cañada Jeanmarie y Arroyito-Tránsito.
Los números no daban y Perales abandonó la obra. La firma fundada en 2006 por el empresario Santiago Clusella quedó con la megaobra en solitario, pero en 2018 abandonó los trabajos e ingresó en un concurso preventivo de quiebra.
También abandonó la obra la desarrollista de Lemiro Pablo Pietroboni, quien en UTE con Luis Losi ganaron el tramo Cañada Jeanmarie-Arroyito. Mientras que la empresa Dycasa obtuvo el tramo que se desarrolla desde Tránsito-Río Primero.
“La construcción de todos los tramos finalizará en 24 meses y en conjunto demandarán una inversión nacional superior a los $ 6.100 millones”, prometía Dietrich en ese momento.
Lo cierto es que las contratistas aducían demoras de Vialidad para autorizar el arranque de los trabajos y, por el otro lado, a Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) por presuntos incumplimientos en los pagos de las facturas por certificación de avance de obras. Ese entuerto intenta desarmar el gobierno nacional para complacer a Llaryora.
Llegó Alberto Fernández al poder y encontró el escenario justo para romper el relato del macrismo en el bastión amarillo por excelencia. En junio de 2021, el entonces presidente, escoltado por Schiaretti, inauguraron un tramo más de la autovía con folklore bien político.
Detrás de los barbijos, Fernández hizo gala de sus gestiones para levantar el muerto de Macri. “Cuando nosotros llegamos, el 70% de las obras en marcha estaba paralizado. Nos pusimos a negociar con los contratistas para tratar de pagar una deuda que llegaba a los $35.000 millones. Había un esquema de participación público-privado para realizar estas obras, donde eran un negocio para otros y no para el Estado argentino”, apuntó.
En pleno debate presidencial de 2023, Schiaretti le pasaría esa factura a Macri en uno de los reveses de la política que marcarían que esa relación estaba terminada.
Llaryora intentará apagar la mecha de este fuego de artificio que es la autovía de la ruta 19. Para empezar a hablar, el gobierno de Milei y los delegados de Llaryora (el propio y el prestado en Buenos Aires) deberán desatar el nudo judicial con las contratistas. La administración nacional deberá poner plata para desarmar la artillería judicial, pero la expectativa de altas fuentes consultadas por este medio es grande y muy buena.
Llaryora pretende que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, transfiera el crédito del BID a la provincia para continuar con los casi 70 kilómetros de autovía que faltan para unir los puntos. El gobernador pretende fondearse con la instalación de cabinas de peajes administradas por Camino de las Sierras.
Como era de esperarse, el gremio Uecara del Interior, a cargo de Gustavo Rossi, que representa al personal de las cabinas de cobro y de la construcción, apoyó la decisión del gobernador de apostar a la obra pública para dinamizar la economía.