Los sindicatos desconfían de la recuperación de la economía y piden negociar lo perdido en 2025 antes de afinar el lápiz. La previsión del Presupuesto, bochada.
Gremios de Córdoba, en alerta por las paritarias 2026
El proyecto de Presupuesto 2026 que Martín Llaryora envió a la Legislatura de Córdoba prevé una mejora de 14 puntos porcentuales para los salarios del personal estatal. Aún antes de que quede fijado por ley, los principales sindicatos estatales anticipan disconformidad con esta referencia como punto de partida para las paritarias.
Dos razones mueven lo que ya parece un rechazo en gestación. Por un lado, la desconfianza respecto del cumplimiento de la previsión, derivada del proyecto de Presupuesto de Javier Milei que se discutirá en el Congreso a partir de diciembre.
Por otra parte, y antes de discutir lo concerniente a 2026, algunos gremios piden revisar la vigencia de los acuerdos firmados para el año en curso. La suba de los últimos meses, que mantiene la inflación interanual por encima de los 30 puntos, los tiene mirando detalladamente los números.
Las paritarias serán el primer punto de tensión en el Panal
Como contó Letra P, la bitácora presupuestaria que ha elaborado el gobierno provincial sigue la línea fijada por el proyecto nacional. Entre otros aspectos, toma un cálculo de inflación anual del 10%.
Sobre esa ponderación, el texto cordobés proyecta un incremento de 14 puntos para la paritaria con los estatales, por el plazo que, idealmente anual, iría desde febrero de 2026 hasta febrero de 2027.
Conocidas esas cifras, voces gremiales ya analizan su insuficiencia. Sin perder la mesura, anticipan que la convocatoria a la paritaria, prevista para enero próximo, debería estar más cerca de la inflación con que cerrará el año, casi 30% según el relevamiento de expectativas de mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina.
Paritarias en foco: Guillermo Acosta durante la presentación del Presupuesto de Martín Llaryora para 2026
De hecho, remarcan, es una referencia similar a la que tomó el gobierno cordobés para calcular los ajustes a los impuestos inmobiliarios: que no superen el índice precios, que hasta octubre marca una variación interanual del 31,3%.
Cuanto menos, espolean, debería acercarse a la proyección del mismo REM para 2026, apenas debajo del 19%. Es decir, cuatro puntos por encima de lo expresado en el pliego que comenzará a ser analizado este martes en la Unicameral.
Con esas cifras sobre la mesa, no pocos aventuran una negociación sin resolución sencilla para el próximo verano.
Las observaciones reavivan un reclamo de larga data. Los negociadores sindicales llegan a cada paritaria pidiendo una compensación por la pérdida de poder adquisitivo en los años precedentes.
Según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los salarios reales de los empleados provinciales cayeron 6,3% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.
David Consalvi es el responsable de llevar adelante las paritarias estatales en el gobierno de Córdoba
La cifra amerita matices. El mismo trabajo remarca que los trabajadores del sector público nacional perdieron un 32,6% en su remuneración. Desde la Provincia aseguran que en ese mismo período las paritarias han seguido el ritmo de la inflación, destacando que el 2025 cerrará con los salarios estatales “a la par” de las remarcaciones de precios.
Los delegados sindicales no desmienten los números. Sí los ubican en un marco de relatividad. En primer lugar recuerdan que al asumir, hace casi dos años, Llaryora desconoció una mejora salarial atada a la inflación, para la que él mismo se había ofrecido como garante cuando era candidato aún.
Luego, apuntan a la disparidad al interior de cada actividad. Según analizan, las mejoras en la remuneración no impactan de lleno en la base de la escala salarial. La falta de actualización de sueldos iniciales o cargos testigo, más la proliferación de los “no remunerativos”, generan distorsiones que se profundizan con el correr de los años.
Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) remarcan que la discusión sobre el próximo año debería darse luego de una reapertura de la mesa de negociación salarial a sólo fin de revisar el acta firmada en mayo.
“Queremos verificar que no haya diferencias. En tal caso, debería aplicarse automáticamente la cláusula gatillo correspondiente. Hay que hacer una revisión porque los compañeros no están llegando a fin de mes”, explican a este medio.
Las mismas fuentes aseguran que la preocupación es compartida por otras agremiaciones, por lo que en el curso de esta semana se cursará un pedido formal a la Gobernación.
Desde la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) recuerdan que mantienen pedidos sobre cuatro aspectos que hacen al ejercicio diario de los docentes y se mantienen irresueltos, pese la sucesión de reuniones mantenidas a tal fin.
Desde la Asociación Bancaria recuerdan que el gobierno mantiene dos medidas que afectan de lleno a los aportantes a la Caja de Jubilaciones, pese a múltiples promesas en contrario: el aporte extra de cuatro puntos para trabajadores en actividad y el diferimiento en la percepción de las recomposiciones que rige aún para trabajadores pasivos.
Aunque entienden el contexto de conflicto con el Gobierno nacional, que sólo desembolsa una parte sensiblemente inferior a la reclamada por Córdoba, y merced a una acción judicial, remarcan que no quieren seguir siendo el objeto de ajuste de la administración provincial.
Como muestra de su percepción apuntan precisamente a la composición del proyecto de presupuesto, que incluye exenciones fiscales para ciertos sectores y no contempla sus peticiones.