El gremio docente condicionó el inicio de clases en la provincia de Córdoba.
Martín Llaryora y el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra.
Roberto Cristali, titular del gremio docente, en una de las últimas movilizaciones de la UEPC en Córdoba.
Franco Boczkowski, el militante del Partido Obrero que encabeza la regional más grande del gremio docente en Córdoba, el de la Capital.
A la hora que Martín Llaryora brinde su primer discurso de apertura de sesiones ante la Legislatura de Córdoba, cientos de docentes movilizarán este jueves a las inmediaciones del recinto. Sumarán tensiones a una situación que, hasta el momento, parece ser el frente de tormenta más complejo de evitar para el gobernador y que amenaza con postergar la vuelta a clases en el centro del país.
El gremio estatal que representa a 80 mil docentes y 34 mil jubiladas y jubilados tomó la determinación en asamblea. Por unanimidad, ratificó el pedido para que se respete la última pauta firmada con la gestión de Juan Schiaretti y dispuso movilizar para exigir la puesta en marcha de una mesa diálogo, urgente.
Horas antes de esa asamblea de secretarios generales, Llaryora pidió “una reflexión sobre el marco económico” y que se acepte la propuesta que el gobierno ya abrochó con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y con la Unión del Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS) y que deja atrás el acuerdo que contemplaba que hasta enero las subas debían atarse a la inflación.
En principio, los docentes exigen que se reconozca lo firmado en septiembre, pero también están los que advierten que si quieren “cambiar las reglas del juego”, al menos sea a través de un nuevo acuerdo. “Unilateralmente, nada”, afirman. “El gobierno nos puso en una situación de conflicto y tenemos que enfrentarla colectivamente”, dicen desde el ala más combativa.
“Llaryora no puede desconocer un acuerdo del que todos sabemos que participó activamente”, lanzan en el seno de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) en referencia al acta salarial que la administración de Schiaretti firmó con los trabajadores públicos el año pasado.
Como oportunamente señaló Letra P, parte de ese acuerdo tuvo como objetivo allanar el camino de la transición para que la gestión entrante pudiera dar sus primeros pasos con la situación lo más ordenada posible.
Sin embargo, el desbarajuste generalizado de los precios, la alta inflación y la precariedad de las cuentas provinciales obligaron al gobernador a recalcular. Al replanteo sobre el acuerdo 2023 se suma la norma que subió tres puntos en el aporte de los estatales a la Caja de Jubilaciones y la obra social provincial, que en la última semana de diciembre ya había movilizado a los estatales hasta la Legislatura.
Pero la razón que explica que la agrupación docente se convirtiera en la rama estatal menos afecta a aceptar las decisiones del gobierno provincial nace de una situación general que se arrastra desde hace tiempo en la provincia. Actualmente, el básico de un docente apenas supera los 85 mil pesos y un salario inicial, con incentivo docente incluido, no llega a los 320 mil, casi 200 mil pesos por debajo de la canasta básica contemplada para una familia tipo.
A eso, se debe sumar la situación de los jubilados que, en palabras del gremio, son los peores pagos del país, con una movilidad menor al 65% y una serie de elementos, como la suba de los aportes que impacta sobre la conformación del salario, que ubican la proyección a la baja.
El desafío de Llaryora, entonces, no es menor. Sobre todo en el marco de una negociación general que se traba por razones que, según entiende, lo exceden.
El riesgo es el comienzo del ciclo lectivo que, por fuera de la discusión sobre el salario, observa en la situación edilicia otro de los ejes en debate respecto a la situación general de la educación en la provincia. “Todos queremos empezar en tiempo y en forma pero si la infraestructura no está lista en muchas escuelas no se va a poner dar clases”, advierten quienes deben volver a las aulas apenas en dos semanas. En el gobierno, lo saben por eso desde principio de este año decidieron acelerar para solucionar ese frente.
Durante la campaña, y ya con la gestión en marcha, Llaryora anticipó que se pondría al hombro una reforma integral de la educación en la provincia. En base un diagnóstico que, en muchos casos es compartido con los docentes, el gobernador está decidido a avanzar sobre temas que tienen que ver con la formación, las dinámicas curriculares, los sistemas de evaluación, pero también con la organización del trabajo de los docentes.
En medio de conflicto, decidido arrancar por este último frente ya que, mediante un decreto publicado este lunes, habilitó al personal de los niveles inicial y primario para acumular un cargo en cualquier nivel y modalidad del sistema educativo.
Desde la conducción del gremio de la Capital rápidamente salieron al cruce de la propuesta, que todavía no fue reglamentada, argumentando que el gobierno cordobés busca reformar el sistema laboral docente y termina “precarizando” a los trabajadores que ahora podrían acumular “más de un trabajo para terminar cobrando un salario digno”.
En ese punto, también advierten sobre la situación de las vacancias en el sector, que la nueva disposición también barre debajo de la alfombra. “Además, esa acumulación de tareas atenta contra el trabajo en el aula, porque la sobrecarga no hace otra cosa que exigir al docente el doble por un segundo sueldo que, encima, es más bajo que el primero”, advierten en referencia a una serie de ítems que terminan robusteciendo el salario y que, por ley, sólo pueden cobrarse una sola vez.
A la par de todo ese cúmulo de conflictos locales, los docentes también advierten sobre el impacto que las medidas nacionales que forman parte de la ley ómnibus pueden llegar a tener en la situación cordobesa. Allí, anotan la importancia de la paritaria nacional, la continuidad del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y los fondos específicos para obras de infraestructura educativa, entre otras modificaciones que afectan directamente a los docentes. Sobre muchos de esos ítems, el gobernador ya se ha pronunciado públicamente en contra.
En ese marco, el gobierno y el sindicato ponen su expectativa en las negociaciones que pueden extender un clima de tensión que se empezó a observar en el comienzo mismo de la gestión Llaryora. Aunque saben que seguramente cobrarán enero sin la suba que contemple al cálculo acordado en septiembre, quieren hacer valer lo firmado y empezar a discutir la pauta 2024 a partir de febrero, y no a partir de abril, como sucedería si por default se aplicase la pauta acordada con el resto de los estatales. Nada hace parecer que esa eventual salida pueda darse en términos pacíficos.
Mientras desde el oficialismo acusan la “creciente radicalización” de las posturas entre los representantes docentes, ambas parten miran la capacidad de diálogo de Horacio Ferreyra, el nuevo ministro que, a diferencia de su antecesor, tiene un perfil más técnico y menos experiencia en el plano político de las negociaciones colectivas.
Ese es uno de los grandes cambios en el área que hasta hace unos meses comandaba Walter Grahovac, el funcionario que ostenta el record de permanencia en un mismo cargo en la historia del cordobesismo, ahora rebautizado como Partido Cordobés.
La extracción sindical de Grahovac permitió un puente de diálogo con el gremio, aunque en los últimos años la interna peronista metió la cola y la paulatina “kirchnerización”, así la nombran en el llaryorismo, del gremio terminó separando demasiado los planetas.
A la par de eso, el ascenso de la izquierda a las conducciones de las regionales más populosas, entre ellas la capitalina, dibuja un mapa en el que las tensiones prometen escalar a una velocidad mayor que la que se experimentó en los últimos años. En ese punto, la interna gremial también promete capítulos particulares que podrían repercutir en el clima general. Aunque por ahora, las partes niegan que eso suceda.