El gobernador se anticipa al tarifazo que afectará a 700 mil cordobeses. Esperará las primeras facturas con aumento y sumar reclamos de municipios y usuarios.
Martín Llaryora acudirá a la Justicia para intentar restablecer el derogado sistema de subsidios que aplicaba descuentos en las facturas de gas natural y gas licuado para los habitantes de regiones con bajas temperaturas, entre ellas 13 departamentos ubicados en el centro y sur de la provincia de Córdoba.
La voluntad del gobernador ha sido expresada entre la noche del lunes y la mañana del martes por miembros de su gabinete, quienes aseguran que no existe apuro para su concreción.
Desde el inicio mismo del tratamiento de la ley derogatoria, en la gobernación han definido a la eliminación del denominado régimen de zona fría como otra de las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei que resultan perjudiciales para la provincia mediterránea.
Por el momento, no está definida la estrategia jurídica que conducirá a la formalización del reclamo. En esa tarea invierten horas la Fiscalía de Estado y el ministro de Obras Públicas, Fabián López.
Las dudas parten de la necesidad de precisar la existencia de interés legítimo por parte del gobierno local para constituirse como actora en una causa en que los perjudicados serán usuarios particulares.
Por ello, algunos funcionarios sugieren esperar la llegada de las próximas facturas de consumo, primeras que carecerán de los descuentos vigentes hasta septiembre pasado.
Tal opción parte de la presunción de que, ante un extendido enojo al recibir boletas que tendrían incrementos de entre 50% y 100% respecto de valores precedentes, cientos de cordobeses podrían realizar reclamos a través de vías formales.
Hasta el momento, en la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Consumidor han registrado un mesurado incremento en la cantidad de consultas por la “pérdida” de la zona fría. Sin embargo, conceden que tal referencia podría escalar considerablemente cuando se tenga una real dimensión del impacto en los bolsillos.
“Quizás nos convenga subirnos al reclamo de usuarios perjudicados para evitar cualquier discusión dilatoria. Ante la duda, debería primar el derecho del usuario. Ahí podríamos asistir, acompañando la presentación correspondiente”, explican fuentes calificadas a este medio.
Los diseñadores de la estrategia también atienden las reacciones que se producen en municipios afectados por el cambio en el régimen de subsidios.
Por el momento esperan la continuidad de los reclamos de importantes ciudades bonaerenes, como Mar del Plata y Bahía Blanca.
En paralelo, dialogan con varios intendentes de la provincia de Córdoba. Dos de ellos ya han hecho oír su descontento: Guillermo de Rivas, de Río Cuarto; Eduardo Accastello, de Villa María. Si alguno de estos iniciara el camino, la Provincia también podría presentarse como adherente.
En la sede de la Gobernación aseguran que hay otras comunas que tienen la decisión de ir por la vía judicial, proyección que hasta animaría a una unificación de presentaciones.
Los números generales del impacto del recorte de subsidios alimentan esta posibilidad. Según los datos que maneja la cartera de Obras Públicas, unos 700 mil usuarios recibirán una boleta con significativos aumentos. Ello equivale a más de dos millones de cordobeses, más de la mitad de la población total de la provincia en la que Milei goza de buena imagen.
La táctica que se defina responderá también a una certeza. En el Panal nadie quiere que la presentación se encamine directamente hacia la Corte Suprema de Justicia, árbitro natural en los conflictos entre un Estado provincial y la Casa Rosada.
Eso no sólo explica el recelo de que el gobierno cordobesista se presente como parte. También habla de una comprensión de los tiempos políticos que maneja el máximo tribunal del país.
Consecuentemente, de poco sirve la experiencia recogida con las presentaciones por los reclamos de los fondos para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Rubricadas hace años, siguen siendo parte del balanceo que ensayan los cortesanos, con audiencias de conciliación como toda alternativa.
“Es un camino que queremos evitar. No se trata de otra pulseada entre gobiernos. Es guita de los cordobeses”, afirma otra voz calificada.
La decisión de Llaryora tiene indudable impacto político. Como ya contó este medio, el gobernador sigue ofreciendo contrastes de gestión, entre la motosierra libertaria y el “rostro humano” de su gobierno, sin entrar en conflictos directos que ya se han mostrado contraproducentes en las mediciones de opinión.
Encauzar administrativamente el enojo de miles de ciudadanos aparece como una opción más de esa táctica, como ha ocurrido ya con temas sensibles como discapacidad, transporte o educación superior.
De cualquier manera, los funcionarios cordobesistas niegan la existencia de apuros. No quieren, afirman, que una demanda de este estilo quede entrampada en discusiones políticas.
“No nos corre el reloj. Ni siquiera hay calendario electoral definido. Lo que queremos es hacer bien la presentación”, sintetizan.
