Zona fría: repudio de intendentes a la quita de subsidios que afecta a 94 municipios bonaerenses
Hicieron fila para quejarse. El peronista Susbielles le agradeció al senador radical Abad y adelantó que irá a la Justicia. Barrera: “Runfla de sociópatas”.
Federico Susbielles, uno de los intendentes bonaerenses que encabezó el reclamo por la la quita de subsidios al gas.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, le agradeció públicamente al senador nacional por Buenos Aires Maximiliano Abad(UCR) haber votado en contra de la reforma de Zona Fría, aprobada el pasado jueves en el Senado, y expuso a los senadores bonaerenses de Unión por la Patria Wado de Pedro y Juliana Di Tullio, ausentes durante la sesión.
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"La verdad que me encantó verlo votar en contra y expresarse. Le agradezco, porque no es de mi espacio político, es de la UCR, que haya llevado un poco la voz de no obediencia y haya honrado el voto de la gente que lo acompañó en la elección", manifestó Susbielles. El intendente peronista calificó la quita como "un despojo para Bahía Blanca" y adelantó que, una vez promulgada la ley, el Municipio irá a la Justicia por considerar que viola los artículos 16 y 28 de la Constitución Nacional.
Los intendentes de Balcarce, Olavarría y Villa Gesell también se pronunciaron en contra de la reforma al régimen de subsidios, que supone aumentos de hasta 50 por ciento en las boletas de gas de los consumidores residenciales.
Votación en Senado
El Senado convirtió en ley la reforma del Régimen de Zona Fría con 38 votos a favor y ocho en contra, en una sesión que arrancó con el retiro del bloque peronista que conduce el senador José Mayans antes del tratamiento en particular. La nueva normativa restringe el beneficio casi con exclusividad a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, y deja afuera a 94 municipios bonaerenses que habían sido incorporados al régimen en 2021.
Según detalló el propio Abad durante su discurso en el recinto, la reforma deja sin cobertura a 1,3 millones de hogares de esos 94 municipios, donde viven cerca de cinco millones de personas. "De aprobarse esta ley se cometerían actos de enorme injusticia: mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea", dijo el senador radical, que construyó buena parte de su discurso sobre esa comparación tarifaria.
Reclamos de intendentes
La quita ya había obtenido media sanción en Diputados en mayo, en una votación distinta a la del jueves. En esa oportunidad, los diputados nacionales bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO -entre ellos Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro- acompañaron el proyecto, mientras que el bloque completo de Unión por la Patria y la radical Karina Banfi votaron en contra.
PRO- LLA
El rechazo sumó voces de distintas tribus políticas. En el peronismo, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, fue el más duro: calificó a los responsables de la reforma como una "runfla de sociópatas" y, apuntando a los senadores que votaron a favor, advirtió: "Que quede grabado quiénes fueron". El jefe comunal de Olavarría, Maximiliano Wesner, apuntó al bolsillo de los vecinos: "Hablamos de miles de familias que necesitan calefaccionar sus hogares y que ahora van a tener que destinar más de sus ingresos a pagar el gas".
Impacto en la provincia
Desde la UCR, el intendente de Balcarce, Esteban Reino, también cuestionó la medida, aunque con matices: habló de una política de "péndulo" que pasa "de una cosa extravagante a otra extraordinariamente extravagante", sin "rigor científico". Resumió: "De regalar todo, ahora cobramos todo, cuando los salarios están totalmente estancados". En Mar del Plata, el concejal y ex jefe comunal Gustavo Pulti (MDF) habló de "repudio" y calculó aumentos de entre 30% y 50% en las boletas de gas.
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La discusión llegó al final de un invierno que los intendentes afectados describen como particularmente duro, con temperaturas bajo cero registradas en las últimas semanas en distintos puntos del interior bonaerense. Con la ley ya sancionada, el próximo capítulo del conflicto pasará por los tribunales y por la reglamentación que todavía debe definir el Poder Ejecutivo nacional.