Los gremios lanzan protestas por la posibilidad de un aporte extra. El gobernador de Córdoba no espera más fondos de la Casa Rosada y baraja opciones.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmando el Presupuesto 2026.
Agobiado por la situación de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Martín Llaryora no descarta, de antemano, ninguna posibilidad de solución. Ni siquiera la chance de cederla a la administración nacional, a través de ANSES. Tampoco su entrega a los propios gremios aportantes.
En los pasillos de la gobernación admiten que el titular del Ejecutivo se expresa “harto” de un problema que desde hace 20 años se constituye en un fuerte condicionante para las administraciones provinciales. Por ello, el gobernador decidió jugar fuerte en su previsión económica para 2026, año que definirá la posibilidad de su reelección.
Llaryora quiere que, quienes lo representan en la mesa de negociación con los trabajadores estatales, sean claros en el mensaje: la situación de la Caja es insostenible y requiere indagar soluciones que pueden resultar drásticas.
No se trata sólo de números, que de por sí asustan: el rojo previsto para el año próximo es de $750 mil millones, que se suman a más de un billón que reclama el gobierno de la provincia de anteriores períodos. El sanfrancisqueño espera que los sindicatos reconozcan que las particularidades del sistema previsional cordobés, con sueldos superiores a la media nacional, hacen inviable su continuidad. El planteo exige un reconocimiento incompatible con la red de leyes que reconocen derechos a trabajadores que han aportado más que sus pares nacionales.
Para tal reconocimiento resultará indispensable que los sindicalistas concentren su foco en quien considera como corresponsable de la crisis: el gobierno de Javier Milei, que ha retaceado o fondos en sus dos años de gestión y sólo ha accedido a pagar 12 cuotas de $5.000 millones, como reconocimiento a una parte de la deuda, instado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El punto neurálgico para el nuevo capítulo de la polémica reside en el proyecto de Código Tributario para el año 2026, aprobado en primera lectura el pasado miércoles.
El artículo 63 de dicho compendio faculta al Ejecutivo Provincial, “en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 8024 (Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros) a incrementar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores comprendidos en dicha ley, hasta un 4%”.
El contenido del artículo había sido advertido por la bancada radical en la tórrida sesión. En diálogo con Letra P, la legisladora Alejandra Ferrero enviaba entonces un mensaje inequívoco: “que se preparen los empleados públicos”.
La reacción de los gremios llegaría 24 horas después, con un comunicado en el que anticipaban un rechazo monolítico a la posibilidad de una suba en sus aportes.
Este viernes la advertencia anunció hechos. El martes 9, por la mañana, las entidades sindicales, reunidas en convocatoria junto a la CGT Córdoba, se concentrarán por las calles de la capital.
La ocasión servirá para que eleven su voz por otros reclamos, ya planteados. Además del pago de una recomposición por pérdidas salariales acumuladas en el último trienio, han solicitado ya, con meridiana precisión, la eliminación de ese mismo aporte extra de cuatro puntos para trabajadores en actividad que ha regido desde 2023.
El peronismo intenta canalizar la energía del reclamo sindical para asestar un corte definitivo al endémico problema.
A cargo de la negociación, ya presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Facundo Torres es la voz cantante de la réplica. También lo será el martes, en la reunión que mantendrá con representantes gremiales que llegarán con ánimos insuflados por la protesta.
En la previa, el exintendente de Alta Gracia ha remarcado que el artículo propone extender por dos años una prerrogativa ya existente desde el 2023, mantenido desde entonces con previsión de aporte extra de dos puntos porcentuales.
Además, destaca que se trata de una facultad, cuyo eventual uso sería precedido por un minucioso análisis. “No es un aporte obligatorio. En caso de ser necesario, se podría elevar el aporte previsional de cada empleado público hasta un cuatro por ciento”, aclaró en ronda de medios.
De inmediato, pidió revisar la situación de la Caja, a la que definió como muy compleja, con un rojo alarmante. Tras recordar la previsión de un déficit de 750 mil millones de pesos para el próximo año, planteó que resulta imperioso dar una discusión a fondo sobre una problemática que obliga al gobierno cordobés a disponer de enorme masa de dinero de rentas generales.
Dicha discusión, expresó, no debería descartar posibilidades. Ni siquiera aquellas que generan repelús a los empleados públicos.
“¿Quién pone la plata que falta para que los 120.000 jubilados cobren sus haberes? ¿Los empleados públicos activos? ¿Los cordobeses con sus impuestos? ¿Devolvemos la Caja a los gremios, para que cada uno se arregle y junte la plata para pagar sus jubilaciones? ¿La pasamos al ANSES? ¿Ponemos un tope de 2,5 millones de pesos a las jubilaciones más altas y elevamos la jubilación de maestros, policías y personal de salud?”, cuestionó el legislador en redes sociales.
En ese marco, no se privó de exponer algo que muchos perciben como privilegio, en un mercado laboral estragado, sin considerar que se trata de remuneraciones ajustadas a la ley.
“Hasta aquí, los cordobeses vienen haciendo un gran esfuerzo para sostener el pago de jubilaciones que en algunos casos superan los 6 millones de pesos, con un haber promedio de $1.700.000, uno de los más altos del país. Solo para dar un ejemplo: sostener a los 6.300 jubilados del SUOEM, con un promedio de 3 millones de pesos, implica cubrir un déficit anual de 55 mil millones de pesos”, remató.
En su defensa del texto, desde la Gobernación apuntan a otro factor que, esperan, sea ponderado en su justa medida: la decisión de Milei de no enviar dinero a las provincias que no transfirieron sus cajas. Tal es la razón que sostiene ya dos juicios en la Corte Suprema.
La jugada podría leerse como otro tiro por elevación al Presidente, con el cuidado a que obligan las lecturas del reciente triunfo libertario en las legislativas. Un ensayo, acaso, de una vía de diferenciación a explorar para la próxima contienda electoral.
Los sindicatos no parecen dispuestos a seguir ese camino, al que perciben como amenaza. Además de remarcar la legalidad que enmarca sus posturas, recuerdan que fue otro gobierno peronista, el de José Manuel de la Sota, el que alteró la ecuación entre trabajadores activos y pasivos que aportan a la Caja.
También recuerdan que desde enero de 2023, gremios como bancarios y municipales pagan ya un “extra” del 4%, por encima del 18% que abonaban previamente.
“Van a buscar excusas. Pero en definitiva quieren que los trabajadores afrontemos una situación para la que ellos no han querido buscar alternativas. Tampoco reparan en la cantidad de empleados que se han incorporado con modalidades informales y aportes escasos o nulos a la Caja”, sintetiza el vocero de uno de sindicatos de mayor peso.