El cordobesismo ganó en general con votos radicales y del PRO, pero enfrentó fuertes rechazos en el articulado. Intendentes boinablanca presionaron por fondos.
El peronismo impuso su mayoría en la Legislatura y Martín Llaryora tendrá presupuesto para 2026
La Legislatura de Córdoba aprobó en primera lectura el proyecto de presupuesto 2026 que envió el gobernador Martín Llaryora. En dos semanas, tras la realización de audiencias, se tratará la segunda lectura, en una sesión en la que podrían aplicarse algunas modificaciones al texto validado este miércoles, expectativa que albergan las bancadas opositoras.
Para esta primera aprobación el oficialismo contó con una amplia mayoría en el tratamiento en general del proyecto. Por la afirmativa votaron los 34 integrantes de la bancada propia, incluyendo al repatriado Federico Alesandri, más dos habituales aliadas, la radical Graciela Bisotto y la dirigente del PRO, Karina Bruno, ambas en bloques unipersonales.
Como dato distintivo, se sumaron a la aprobación en general Oscar Tamis (PRO) y 17 de los 18 representantes de la UCR, excepción hecha por el belvillense Carlos Briner.
Por el rechazo se expresaron los bloques del Frente Cívico, los radicales disidentes de Construyendo Córdoba (Dante Rossi y Sebastián Peralta), Patricia Botta e Ignacio Sala (PRO), Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro), Luciana Echevarría (FIT-U), Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) y el libertario Agustín Spaccesi.
Más ajustado fue el resultado para el articulado en particular. Allí el peronismo se impuso en la mayoría de los ítems por mayoría simple: 36 a 34.
Los radicales cumplieron con lo que habían anunciado durante la semana: acompañaron el articulado genérico de los tres proyectos que se trataron de manera simultánea (el presupuesto general, la ley impositiva anual y la modificación al código tributario), pero rechazaron más de 30 artículos de dichas iniciativas.
La primera decisión responde a lo que definieron como “principio de responsabilidad fiscal”. Es decir, no negaron la herramienta administrativa al gobierno. Sí rechazaron, en completitud, los apartados vinculados a "la delegación de facultades especiales para dar mayor discrecionalidad a los funcionarios para asignar o quitar beneficios fiscales, el funcionamiento de las aencias y la deuda pública".
La primera voz de la bancada en exponer fue Brenda Austin, quien aclaró que no votarían “a libro cerrado”, remarcando que mantienen enormes diferencias expresadas ya en sesiones precedentes.
La exdiputada no dudó en calificar de engañosa la promocionada reducción impositiva. Según destacó, todos los cargos tienen significativos incrementos “en términos reales”.
En particular apuntó al incremento en el impuesto a los sellos, que tendrá un ajuste de 14 puntos. Además, recordó que se trata de una de las principales vías de financiación del gobierno provincial y no es un gravamen coparticipable a los municipios.
No fue esa la única referencia al envío de fondos a las intendencias. La propia Austin apuntó que el presupuesto, tal como está redactado, permite una caída de cinco puntos porcentuales en las transferencias automáticas a municipios. También pidió subsanar demoras en envíos de fondos específicos para obras, como el Focom.
La exposición visibilizó el juego radical en el recinto. La aprobación del presupuesto responde también al pedido expreso de intendentes boinablanca, para quienes resulta imperioso mantener el flujo de fondos que llegan con la provincia. Pragmática pura, los jefes comunales denuncian necesidad y reconocen a la Provincia como única caja abierta; los legisladores ven presiones del Ejecutivo. La mediación entre el intendentismo que pedía aprobarle todo a Llaryora y la postura marcadamente opositora de la bancada se hizo con los oficios de Rodrigo de Loredo, que vuelve al ruedo.
Por si acaso, los legisladores dejaron sus críticas a varios puntos del texto. Según definieron, la reducción impositiva es engañosa, tomando como ejemplo que cualquier cálculo sobre el impuesto inmobiliario urbano debe tener en cuenta quelas viviendas tendrán un fuerte revalúo que impacta en todos los impuestos derivados
También objetaron la falta de transparencia, citando como muestra el incremento exponencial en los fondos que manejarán las agencias. Desde allí apuntaron al intento de tomar nueva deuda, por 2500 millones de dólares, vía la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, sin cumplir con el requisito de una aprobación con mayoría agravada.
Esta advertencia había sido comunicada antes de la sesión por el citado Hernández Maqueda, vía redes sociales.
A su turno,Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, pidió a los empleados públicos “que se preparen para afrontar un aumento en la alícuota de los aportes que hacen a la Caja de Jubilaciones”. “Siguen haciendo pesar sobre los trabajadores el déficit previsional”, fustigó.
La legisladora también apuntó contra Miguel Siciliano, en su última sesión como parlamentario. Según denunció la abogada, el flamante ministro se aseguró partidas multimillonarias para "hacer política".
El bloque que responde políticamente al senador nacional volvió a tomar la bandera de la "honestidad" para ratificar su rechazo, en general y en particular, al tridente presupuestario.
Walter Nostrala, presidente de bloque, aseguró que el peronismo volvía a atentar contra la transparencia. Como fundamento, también apuntó a la transferencia de fondos a las agencias, entidades mixtas que sólo admiten controles posteriores por el Tribunal de Cuentas.
También coincidió con sus pares radicales al señalar que el gobierno provincial no manifiesta interés por las reales preocupaciones de la gente. Citó que para Educación el proyecto prevé un aumento del 26%, cifra que empalidece ante el 200% de incremento en fondos que administrarán dichas agencias.
Además, repitió su calificativo de mentirosa para la rebaja impositiva promocionada. Tomó como referencia los reclamos de patronales del agro y cámaras empresarias que piden la eliminación de Ingresos Brutos de toda la cadena de valor de sus productos.
Pero el socio político de Luis Juez no sólo mostró una posición más dura que la de sus socios en JxC. En su breve alocución pareció interpelarlos al señalar que no se puede abordar a medias un presupuesto engañoso: “No hay punto medio, es blanco o es negro. Por eso rechazamos”, disparó.
La tranquilidad expresada por los peronistas contrastó con la preocupación que deslizaban en la noche del 26 de octubre. Para lograr la primera aprobación, sus operadores debieron transpirar menos de lo previsto. El bloque no mostró fisuras, ni siquiera ante las habituales chicanas.
Las mismas espadas defendieron, sin fisuras, los atributos con que se presentara la iniciativa. Según destacaron, el presupuesto prevé para 2026 un superávit de 1.5 billones de pesos, producto de ingresos corrientes por 13.5 billones y gastos de 12 billones. Además, puntualizaron que los intereses de deuda representan “apenas” el 2 por ciento del gasto corriente.
También subrayaron la continuidad de planes de obras de infraestructura, que se financiarán con dineros propios, provenientes de excedentes de ejercicios anteriores, definido como “una verdadera inversión social”.
En ese mismo concepto, apuntaron que la inversión social, que tendrá a educación como principal ítem (más del 60% proporcional) se incrementará más del 3%.
En palabras de Ricardo Sosa, exministro y exsecretario general de Juan Schiaretti: “Córdoba sostiene un modelo de equilibrio fiscal, inversión planificada y administración responsable. Ello es resultado de decisiones que priorizaron la estabilidad, la previsibilidad y la capacidad del Estado para cumplir funciones esenciales”.