La intendenta avanza con un proyecto que prohíbe los cuidacoches. Tarjeteros, también en la mira: pierden el control de la venta de ticket y pasan a fiscalizar.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero.
Rosario Romero impulsa un proyecto de ordenanza para regular el estacionamiento medido en Paraná. En el área céntrica, los tarjeteros, que ahora venden tickets, pasarán a ser fiscalizadores. La reconversión no los deja tranquilos. Los cuidacoches o trapitos quedarán expresamente prohibidos, por lo que el conflicto ya asomó y podría escalar.
La instrumentación de un nuevo sistema de estacionamiento es complemento de la nueva concesión del transporte urbano de colectivos. El objetivo central es ordenar el tránsito en la capital de Entre Ríos, un punto que la gestión tiene en el debe desde que asumió, además de ser un reclamo insistente de la ciudadanía.
Con el proyecto de ordenanza se inició un proceso largo que involucrará inevitablemente a otros actores de la ciudad, como a las organizaciones sociales. Luego de la discusión en el Concejo Deliberante, y si todo marcha de acuerdo a lo planeado, llegará el momento de discutir un pliego, que también deberá pasar por el órgano legislativo. Después sí, llegará el turno de hacer el llamado a concesión para que una empresa se haga cargo del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en Paraná.
El texto del proyecto de ordenanza consta de 18 artículos, aunque el que se lleva la mayor atención es el décimo. Allí se destaca que se prohíbe “el cobro de cualquier tarifa por estacionar en la vía pública por fuera de las zonas abarcadas por el SEM”. Esta oración, aunque no aplica estrictamente al SEM, se pensó como un instrumento para que la policía provincial pueda actuar directamente ante la presencia de cualquier trapito o cuidacoches. También se prohíbe expresamente que cualquier persona reciba dinero u otra forma de pago “por el supuesto cuidado, vigilancia u ordenamiento de vehículos”.
Este último punto es el que afecta a los tarjeteros, y el que más polvareda levantó. En la gestión de Romero explicaron que serán tenidos en cuenta cuando se discuta el pliego de concesión del estacionamiento medido. Ya ojearon algunas aplicaciones en las que directamente la empresa les transfiere un porcentaje del dinero a los “fiscalizadores”. Así, la Municipalidad se evita ser intermediaria en la relación.
El SEM operará de lunes a sábados con un máximo de 12 horas, excluyendo los domingos, feriados y días no laborables. El precio del estacionamiento por hora no podrá ser menor al 30% de un litro de nafta súper en una estación de servicio de Paraná determinada expresamente. Para los moto vehículos, el valor será del 15% del litro de nafta. Se estipularon hasta dos actualizaciones anuales.
El pago se hará siempre y exclusivamente por "aplicaciones móviles, plataformas digitales de pago y otros medios alternativos" a propuesta del Ejecutivo. Además, se prevé permisos especiales para residentes de la zona donde rija el SEM.
“El proyecto enviado por la intendencia no representa un avance: por el contrario, vuelve a prácticas que la ciudad debería superar”, disparó el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín en una columna de opinión como respuesta a la iniciativa oficial.
Rodríguez Paulín, la última adquisición libertaria en Paraná, acuerda plenamente con el pago digital del estacionamiento, pero se opone absolutamente a que quede librada la opción para incorporar la figura de fiscalizadores, aunque estén a cargo de la empresa que resulte adjudicataria de la licitación. “El deber del municipio es ser cada día más eficientes”, expresó el legislador y agregó: “nada de esto se logra incorporando fiscalización callejera cuando existe tecnología disponible para reemplazarla por completo”.
El “sector tarjetero”, como se autodenomina el grupo de trabajadores que está en una situación de semi-regularidad, se declaró en “estado de alerta y movilización” ni bien se hizo pública la iniciativa. Reclamaron “mejores condiciones laborales, estabilidad y reconocimiento a la tarea que cumple una función social esencial”.
Hasta el presente, están normados por un decreto del Ejecutivo. Bajo ese paraguas cada mes compran al Municipio un número de tarjetas y las van vendiendo a cada usuario del estacionamiento durante el período. La diferencia entre la compra y la venta es su ganancia. Si se aprueba el SEM, solo fiscalizarán con una app los automóviles estacionados, pero sin manejo de dinero ni contacto con los usuarios.
Los tarjeteros plantearon que se los “criminaliza y excluye”, aunque al mismo tiempo reconocen "la voluntad política de incorporar la participación de las personas actualmente registradas como tarjeteros”.
El sector, que tiene a Tamara Berales del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) como una de los voceras, también dejó una advertencia. “Vamos a defender con todas nuestras herramientas constitucionales nuestro trabajo”, marcaron. "Nuestro trabajo hace que se ordene la calle y al mismo tiempo el tránsito del ejido urbano de la ciudad”, agregaron. La mención del ejido supone que no solo hablan por los tarjeteros, que tienen una relativa formalidad, si no que también se comportan como voceros de los trapitos, que operan en zonas no definidas como SEM y que, en consecuencia, estarán expresamente prohibidos.
Los cuidacoches - trapitos- no tienen ningún tipo de formalidad que los ampare. Se las arreglan para cobrar el estacionamiento en zonas cercanas a la costanera, durante la realización de espectáculos, en locales de entretenimiento nocturno y durante los días y horarios en que los tarjeteros no trabajan, domingos y feriados y durante la noche y la madrugada. En varias oportunidades protagonizaron riñas por la apropiación de territorios o discusiones con ciudadanos que optan por no abonar lo que se les requiere. Ahora, con su actividad expresamente prohibida, se inicia un nuevo foco de conflicto que tendrá al sector y a la policía en el centro de la escena.