Lo presentó Marcela Pagano de La Libertad Avanza. Busca eliminar la matrícula obligatoria y el poder regulador de las entidades. Rechazo unánime.
Un proyecto del gobierno de Javier Milei busca desmantelar el sistema de colegios profesionales
En nombre de la desregulación, el gobierno de Javier Milei impulsa una ley que elimina la matrícula obligatoria y reduce a los colegios profesionales a entes administrativos sin poder regulador ni financiamiento. La comunidad profesional advierte sobre el debilitamiento ético, técnico y sanitario que implicaría la medida. El Ministerio de Salud acompaña la desarticulación.
La cruzada desreguladora del gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con la presentación del proyecto de ley 1.677-D-2025, firmado por la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano. El texto propone modificar el Decreto 2293/92 para eliminar la obligatoriedad de matriculación y cuotas colegiales, estableciendo en su lugar un único Registro Nacional de Profesionales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La propuesta desarma el andamiaje institucional que sustenta el ejercicio profesional en el país desde hace más de un siglo.
En términos prácticos, la ley permitiría que cualquier persona ejerza su profesión en cualquier lugar del país sin necesidad de colegiarse ni cumplir con los requisitos establecidos por los organismos provinciales. Las funciones históricas de los colegios -control ético, fiscalización, formación continua, sanción y defensa legal- quedarían vaciadas o en manos del Estado nacional. La medida también impone a los actuales entes colegiados un plazo de 120 días para ceder sus bases de datos al nuevo registro nacional y transformarse en meras sedes administrativas, sin capacidad sancionatoria ni recaudatoria.
Uno de los aspectos más conflictivos del proyecto es la eliminación de las cuotas obligatorias, principal fuente de financiamiento de los colegios profesionales. Sin esos ingresos, se tornan inviables tareas como la auditoría ética, el control del ejercicio, las capacitaciones o la defensa legal de los matriculados. “El proyecto desfinancia, desregula y desprotege”, señalaron en el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires y advirtieron que “va contra la salud pública, la seguridad jurídica y el desarrollo profesional”.
Distintas entidades advierten que el cambio no es meramente administrativo: implica barrer con los contrapesos institucionales que garantizan la calidad del ejercicio profesional. En nombre de la libertad, se destruye un sistema de control colectivo clave en la historia del país.
La Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP) y la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su enfático y unánime rechazo al proyecto de ley que busca “desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, promoviendo el ejercicio libre de la profesión en diferentes jurisdicciones”, así como a la “creación de un Registro Nacional de profesionales universitarios y no universitarios en el ámbito del Ministerio de Capital Humano”.
Ambas entidades denuncian que se trata de un proyecto de evidente inconstitucionalidad, ya que implica una clara intromisión sobre competencias que las provincias no han delegado. El artículo 121 de la Constitución Nacional establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, incluyendo la facultad de reglar el ejercicio profesional, tanto universitario como no universitario, principio ratificado de forma consistente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa oficialista es percibida como una amenaza grave al funcionamiento de los colegios, consejos, cajas y federaciones cuya labor excede con creces la mera matriculación. Estas instituciones son las encargadas de controlar el ejercicio profesional, velar por la ética, garantizar la formación continua y aplicar sanciones disciplinarias. El Registro Nacional propuesto, advierten, no podrá replicar la capilaridad, especialización ni autoridad con la que actualmente operan los organismos provinciales, lo que pone en riesgo la calidad de los servicios y la protección del interés público.
El comunicado también cuestiona el discurso oficial de “abaratamiento” y “reducción de burocracia”, al que califica de simplista y peligroso. En aquellas jurisdicciones donde la colegiación es débil, remarcan, se observa un aumento del intrusismo, la mala praxis y la desprotección tanto de profesionales como de la ciudadanía. El desmantelamiento de los mecanismos de control provinciales, sostienen, dejaría a la sociedad indefensa frente a prácticas profesionales deficientes o fraudulentas.
Por último, la Coordinadora de Cajas advierte sobre el daño que esta reforma implicaría para el sistema previsional profesional. Las cajas provinciales, financiadas con aportes de los propios trabajadores, están adaptadas a la realidad de cada jurisdicción. La imposición de un sistema centralizado y sin consulta pone en riesgo la viabilidad y sustentabilidad del sistema, generando incertidumbre y desprotección para miles de profesionales y sus familias.
“La CGP y la Coordinadora de Cajas rechazan de manera categórica este proyecto de ley por su inconstitucionalidad manifiesta, por la grave desprotección que implica para el ejercicio profesional y por el daño irreparable que puede causar al sistema previsional. Exigimos el cese de esta iniciativa que atenta contra el federalismo, la calidad de los servicios profesionales y el bienestar de la sociedad argentina”, concluye el documento.
Mientras el proyecto de Pagano se discute en comisiones, el Ministerio de Salud avanzó por su cuenta en la misma dirección. Con la Resolución 1641/2025 publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, se dispuso que todos los profesionales de la salud que se desempeñen en organismos del Estado Nacional deberán contar con matrícula nacional como único requisito para ejercer, eliminando la necesidad de matrículas provinciales adicionales.
La medida se ampara en la Ley 17.132 (Ley del Arte de Curar) y refuerza la centralización de la habilitación profesional en una credencial digital única, sin vencimiento. La cartera sanitaria argumenta que se trata de una herramienta para mejorar la fiscalización y garantizar estándares éticos y técnicos uniformes en todo el país.
Sin embargo, la resolución generó alarma en las provincias y en el sistema colegiado de salud, que ve en este avance una intromisión en competencias históricamente reservadas a cada jurisdicción. Aunque la resolución limita su aplicación a instituciones bajo jurisdicción nacional, su tono y alcance simbólico abonan el proyecto libertario de recentralizar el control profesional.
El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires respondió con un comunicado institucional en el que expresó su preocupación por la confusión generada entre los equipos de salud y advirtió que el Ministerio de Salud sólo tiene competencia sobre los profesionales que trabajan en organismos nacionales, sin potestad para modificar las normativas provinciales.
“En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el ente que fiscaliza, registra y regula el ejercicio médico es este Colegio, conforme al Decreto Ley 5413/58 y sus modificatorias”, indicó la entidad. La matrícula provincial sigue siendo obligatoria para quienes ejerzan en consultorios privados, clínicas locales o instituciones de financiamiento mixto como el Hospital El Cruce o el Hospital Posadas. Cualquier intento de desplazar ese control -sostienen- atenta contra la autonomía sanitaria y vulnera el sistema federal.
El comunicado también enfatiza que el rol de los colegios va mucho más allá de otorgar matrículas. Comprende la promoción de la salud, la ética profesional, la formación y el resguardo del interés público frente a posibles negligencias. “La reciente resolución no afecta las autonomías sanitarias provinciales ni menoscaba el rol de los Colegios Profesionales en su tarea de fiscalizar el ejercicio de la tan necesaria medicina de calidad”, concluye.