El gobernador anunció una nueva Ley de Promoción Industrial y apuntó contra el modelo K de pedir plata en Buenos Aires. La vuelta de Luxen. El faltazo del vice.
Claudio Vidal llamó a dejar atrás "el modelo de la dependencia" y cambiar la matriz productiva de Santa Cruz.
Decidido a dar vuelta el modelo productivo de Santa Cruz, Claudio Vidal, aprovechó la apertura de sesiones en su provincia para anunciar este domingo un proyecto para una nueva Ley de Promoción Industrial. Además, volvió a cargar contra Justicia provincial y ratificó su apuesta para “dejar atrás el modelo de dependencia y construir una provincia que genere trabajo”.
El acto en el Centro Polivalente de Arte de Río Gallegos estuvo marcado por dos movimientos que marcan el pulso interno del gobierno provincial. Vidal tomó juramento a Pedro Luxen, que vuelve al Ejecutivo como jefe de Gabinete, y el vice Fabián Leguizamón pegó el faltazo, aunque tenía que presidir la sesión.
Como ya contó Letra P, la vuelta de Luxen da cuenta de la necesidad de fortalecer la gestión y la relación con los intendentes. La ausencia del vice radical parece enmarcarse en un contexto de tensiones internas, luego del reparto de cargos en la Legislatura, donde Leguizamón echó a rodar sospechas sobre un acercamiento entre el oficialismo y algunos sectores del kirchnerismo.
En un repaso de la gestión que puso en valor las políticas para cambiar el rumbo apostando a la reducción de la burocracia y un mayor control sobre los recursos, Vidal dijo que “es más fácil gobernar cuando hay plata” y afirmó que su gestión tuvo “que poner cada peso donde tiene que estar”. “La decisión es dejar atrás el modelo del empleo público para pasar a uno más productivo”, aseguró el gobernador y avisó: “Es un proceso que la provincia necesita. Sabemos que llevará unos años, pero estamos dispuestos a transitarlo”.
Vidal dice que, durante años, la provincia dependió de recursos extraordinarios que llegaban desde la Nación y de un crecimiento del Estado que no se tradujo en desarrollo privado. “Ese es el modelo que dejamos atrás”, afirmó y remarcó que el objetivo es consolidar empleo genuino y producción con valor agregado en el territorio santacruceño.
En ese marco, destacó la sanción de las leyes destinadas a priorizar mano de obra local en minería y subrayó la articulación con el sector educativo para formar perfiles técnicos. Señaló que cientos de jóvenes ya se capacitaron para cubrir puestos en el sector privado.
También puso en valor el rol de Santa Cruz Puede - SAU, la empresa estatal creada para impulsar proyectos productivos. Indicó que logró autofinanciarse, con una inversión superior a 2.200 millones de pesos y 65 trabajadores registrados. “Donde hubo corrupción, hoy hay producción”, aseguró.
El gobernador enumeró avances en puertos, pesca, energía y agroindustria, además de la recuperación de predios y plantas paralizadas. Mencionó inversiones privadas en minería y exploración a través de Fomicruz, y proyectó para 2026 programas estratégicos para diversificar la matriz económica.
De cara a la segunda parte de su gestión, anunció el envío de una nueva Ley de Promoción Industrial para impulsar “la radicación de empresas y generar empleo” en la provincia. Además, dijo que pondrá en marcha “Ecommerce Sur para que las pymes vendan al mundo” e impulsará el funcionamiento la Zona Franca de Caleta Olivia “como base logística de la industria”.
El tono más crítico y combativo de Vidal estuvo guardado para los tramos en que se volvió a parar contra administraciones que lo precedieron y contra la Justicia, con quienes sostiene una batalla transversal desde el primer día de su gestión.
Después de una queja leve respecto de la falta de financiamiento nacional para la obra pública, destacó el trabajo de su gestión que logró dejar atrás el mecanismo por el que la obra pública se utilizaba para “financiar la política” y denunció que durante años quedaron proyectos inconclusos en distintas localidades. “Ahora, la obra que se inicia es una obra que se termina y se pone a disposición de la sociedad”, dijo y repitió.
Apuntó especialmente contra el manejo del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) entre 2015 y 2023, al señalar que funcionó “sin control y sin balances aprobados”. Aseguró que su gestión ordenó el organismo y reactivó obras con fondos propios.
También describió un escenario de “desidia y corrupción” en Servicios Públicos, donde afirmó que se pagaban horas extras que no se trabajaban y que hubo directivos que se enriquecieron. “Ese fue el verdadero costo de la corrupción”, expresó ante legisladores.
Sin embargo, el tramo más duro estuvo dirigido a la Justicia provincial. El gobernador afirmó que en décadas “no hubo un solo condenado por corrupción” y consideró que existe un funcionamiento “selectivo” que garantizó impunidad.
“No hubo un solo condenado por corrupción en la provincia. Y cuando este gobierno empieza a ordenar, a terminar con los privilegios, muchas veces nos encontramos con una actitud que transforma a la Justicia en la última trinchera de los gobiernos anteriores”, lanzó.
Mientras aseguró que la Provincia no tranferirá la Caja de Jubilaciones, cuestionó medidas cautelares que, según explicó, frenaron intentos de ordenar la Caja de Previsión Social y recuperar aportes retenidos por la Municipalidad de Río Gallegos. Señaló que esas decisiones judiciales perjudicaron a trabajadores activos y pasivos, y alimentó un nuevo frente de conflicto con el intendente peronista Pablo Grasso.
Además, criticó los aumentos salariales en el Tribunal Superior de Justicia y pidió “mayor responsabilidad social” a los magistrados. Aseguró que no busca una Justicia sometida al poder político, pero advirtió que tampoco aceptará un esquema que impida cambios estructurales.