Malvinas: los puntos salientes del proyecto de Defensa de la Soberanía del Gobierno

El texto busca reemplazar el régimen vigente sobre actividades no autorizadas en las islas y los espacios marítimos cuya soberanía reivindica la Argentina, pero excede esa cuestión. También crea nuevas estructuras de coordinación dentro del Poder Ejecutivo, modifica la Ley de Defensa Nacional y establece herramientas para actuar frente a amenazas externas.

Entre los cambios aparecen un endurecimiento de las sanciones económicas y penales, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la incorporación de la política económica al esquema de seguridad y nuevas reglas sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la participación extranjera en campañas políticas.

Malvinas: los principales puntos del proyecto

• 1. Endurece el régimen sobre Malvinas y la explotación de recursos naturales. La iniciativa prohíbe explotar recursos renovables o no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin autorización argentina. También alcanza a accionistas, controlantes y actores que hagan posibles esas actividades. Las multas pueden ir de 4000 a 500 mil barriles de petróleo y se contemplan inhabilitaciones de cinco a 20 años.
• 2. Aumenta las penas penales y habilita juicios en ausencia. La exploración de hidrocarburos sin autorización podrá ser castigada con penas de 12 a 15 años de prisión; la exploración o explotación de recursos no renovables, con entre 12 y 20 años; y la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, con entre 15 y 20 años. Además, el proyecto permite juzgar esos delitos en ausencia.
• 3. Crea un régimen para abandonar y regularizar las actividades prohibidas. Personas y empresas podrán ingresar a un Régimen de Desistimiento y Regularización si cesan las operaciones cuestionadas y se comprometen a no reiterarlas. Para regularizar su situación podrán pagar una multa o reconvertir las inversiones hacia actividades lícitas y autorizadas dentro del territorio argentino.

Seguridad Nacional

• 4. Crea un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional. El nuevo Sistema de Seguridad Nacional integrará las áreas diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia. Su órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado, entre otros, por el jefe de Gabinete y los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Ministerio de Economía e Inteligencia.
• 5. La política económica pasa a formar parte de la seguridad nacional. El Ministerio de Economía deberá elaborar una Política Económica de Seguridad Nacional, que tendrá que adecuarse a los lineamientos generales definidos dentro del nuevo sistema. Defensa, Cancillería e Inteligencia también deberán elaborar políticas sectoriales, todas coordinadas por el Consejo de Seguridad Nacional.

Fuerzas Armadas, infraestructura crítica e influencia extranjera

• 6. Amplía el concepto de amenaza externa y el papel de las Fuerzas Armadas. La reforma de la Ley de Defensa Nacional incorpora riesgos, amenazas y desafíos externos de origen estatal o no estatal y de carácter cinético o no cinético. Las Fuerzas Armadas podrán prepararse para operaciones convencionales y no convencionales y ser utilizadas, cuando corresponda, para proteger Infraestructuras Críticas.
• 7. Endurece las reglas frente a la influencia extranjera en política. El proyecto prohíbe que personas extranjeras sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten campañas o propaganda electoral. El régimen contempla multas que pueden llegar hasta diez veces el monto involucrado.
• 8. Refuerza la protección de infraestructura crítica y la respuesta ante amenazas. El texto crea un régimen para identificar y proteger Infraestructuras Críticas vinculadas con servicios esenciales, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento estatal. También prevé sanciones y medidas urgentes frente a acciones que amenacen la integridad territorial, interfieran en decisiones de autoridades argentinas o afecten instalaciones estratégicas.