En un guiño al empresariado, Frigerio impulsará cambios al código procesal del trabajo. La iniciativa toma como referencia los modelos de Córdoba y Santa Fe.
La reforma al fuero laboral en Entre Ríos incluirá comisiones médicas obligatorias y peritos independientes.
Rogelio Frigerio repite cada vez que tiene un micrófono delante que su obsesión es promover la generación de empleo en el sector privado en Entre Ríos. La receta es una política de acompañamiento al sector productivo e incentivos a la inversión y, en un contexto de retracción económica, puede exhibir un empate.
El último grito del gobernador es una reforma del Código Procesal Laboral que anunció recientemente en la Jornada de la Industria, un encuentro organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) que reunió a empresarios y funcionarios entrerrianos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná para debatir sobre competitividad, impuestos, tecnología e inteligencia artificial.
El gobernador no dio pistas sobre la letra chica; apenas un norte: la creación de un cuerpo de peritos especializados en riesgos del trabajo y accidentes laborales dentro del Poder Judicial.
“Las leyes laborales están para proteger derechos, por supuesto, pero necesitamos razonabilidad para que esa protección no termine destruyendo la fuente de trabajo que todos deberíamos cuidar”, dijo Frigerio ante el empresariado.
Es algo que el gobernador ya había planteado en febrero, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, con una exhortación a los magistrados entrerrianos para que al momento de bajar el martillo tuvieran presente quiénes son los que dan trabajo: “Las interpretaciones de la ley no pueden ser siempre en contra del que genera empleo”, había dicho entonces.
Con el anuncio de este año, Frigerio atiende un reclamo que lanzó en 2025 la UIER en un informe donde señalaba que en la provincia habría una “litigiosidad exacerbada”. La entidad que nuclea al sector empresario también cuestionaba la jurisprudencia establecida para el cálculo de los intereses de indemnizaciones y planteaba, como posible alternativa, la intervención obligatoria de cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo y que sus honorarios sean abonados por la labor efectivamente realizada y no estén vinculados al monto del juicio, por ejemplo. El gobierno provincial tomó nota y respondió.
Voceros de la Casa Gris adelantaron a Letra P que no hay intenciones de modificar la legislación de fondo, sino de aportar previsibilidad, evitar que los conflictos laborales pongan en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas y dar una señal de apoyo al sector productivo.
Mientras afina los detalles, el gobierno provincial le hizo llegar al Superior Tribunal de Justicia (STJ) su intención de crear un nuevo cuerpo de peritos especializados, independientes y profesionalizados, cuyos honorarios no estén vinculados al resultado económico del litigio.
La idea que le presentaron al presidente del STJ, Germán Carlomagno, es un modelo similar al que ya implementaron Santa Fe y Córdoba, inspirado en una normativa nacional, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, que establece el paso obligatorio por las comisiones médicas antes de cualquier reclamo judicial.
El nuevo cuerpo de peritos tendría como función brindar apoyo a los tribunales laborales en todo el territorio provincial, frente a lo que el gobierno considera que es un crecimiento sostenido de litigios en materia laboral.
En la práctica, la creación del nuevo cuerpo de peritos implicaría la incorporación de profesionales con formación específica en medicina del trabajo y medicina laboral, que dependería del Poder Judicial, con dedicación exclusiva y disponibilidad para prestar funciones en distintas jurisdicciones.
En la administración de Frigerio creen que el nuevo modelo podría representar un paso importante hacia una mayor especialización de las pericias médicas laborales y favorecería la calidad técnica de los dictámenes y la previsibilidad de las decisiones en la justicia laboral.
El Código Procesal Laboral de Entre Ríos fue redactado en 1972. Suprimida la Legislatura, lo hizo una Comisión Especial designada por el interventor militar Ricardo Favre, durante el gobierno de facto de la autodenominada Revolución Argentina.
Entró en vigor el 1 de mayo de 1973, pero está estructurado de tal forma que apenas un tercio del articulado corresponde específicamente a regulaciones laborales y el resto son remisiones expresas o tácitas al Código Procesal Civil y Comercial.
Si bien se han introducido modificaciones parciales, como la implementación de la oralidad, celeridad y simplificación de algunos trámites procesales, que aportan agilidad en los procesos laborales, el corazón se ha mantenido prácticamente incólume en cinco décadas. Hubo intentos por hacer modificaciones integrales, uno que redactó el entonces vocal Bernardo Salduna e impulsado por el STJ y otro de Esteban Vitor, actualmente a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, cuando era diputado; pero fracasaron.
