El gobernador enfrenta un año bisagra. Designaciones para más de 300 cargos y negociaciones por el máximo tribunal: ¿Cuatro o cinco lugares?
El 2026 llega para Axel Kicillof con un objetivo judicial tan urgente como estructural: consolidar los avances de 2025 y atacar el núcleo duro del problema del Poder Judicial bonaerense, marcado por un déficit histórico de magistrados y por la persistente incompletitud de la Suprema Corte provincial.
Tras un año en el que se destrabaron nombramientos relevantes y se dinamizó el circuito institucional para cubrir cargos, el desafío ahora será sostener esa dinámica en un escenario político tensionado y atravesado por negociaciones de alto voltaje.
Aunque durante 2025 se concretaron tandas de designaciones decisivas -con 131 pliegos aprobados en mayo y más de 200 cargos oficializados hacia finales de agosto- el sistema judicial bonaerense sigue operando con un déficit crítico. Se estima que aproximadamente 330 cargos continúan vacantes en juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras de distintos departamentos judiciales.
La cifra no sólo expresa la profundidad del problema acumulado en los últimos años, sino también la dinámica de un sistema que genera entre 30 y 40 nuevas vacantes por año a partir de jubilaciones, fallecimientos y renuncias. En ese marco, el 2026 exigirá sostener, al menos, el ritmo alcanzado este año para evitar que el avance logrado se diluya frente a la inercia estructural del sistema.
La continuidad de designaciones, la capacidad de mantener acuerdos legislativos y la decisión política de seguir priorizando el área judicial aparecen como pilares clave para definir si el 2026 será el año de consolidación o uno de pausa en el proceso de recomposición institucional.
El punto más sensible del tablero para 2026 es la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El máximo tribunal provincial continúa funcionando con solo tres miembros -Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres- sobre los siete que establece la ley. Esa situación obliga a integrar fallos con jueces de Casación y mantiene al órgano en una situación excepcional prolongada.
En diciembre de 2025, el Ejecutivo provincial inició conversaciones para avanzar en la cobertura de esas cuatro vacantes críticas. El tema quedó directamente atado a las negociaciones por el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la autorización para que la Provincia tome deuda por alrededor de 3.500 millones de dólares. En ese marco, se selló un compromiso político: intentar completar los casilleros antes de la feria judicial de julio.
La complejidad no es solo técnica ni institucional, sino política. La discusión sobre la Corte se ubica en el centro de las tensiones entre el Gobernador, el kirchnerismo duro, el massismo y la oposición, que también reclama espacio en la definición del futuro del máximo tribunal.
El desafío judicial 2026 se superpone con un escenario político de alta fricción. En el Senado, el oficialismo convive con disputas internas, particularmente entre el kirchnerismo y la vicegobernadora Verónica Magario. En Diputados, el veto de Kicillof a artículos del presupuesto de la Cámara dedicados a garantizar financiamiento autónomo para 2026 profundizó tensiones con sectores legislativos.
Aun en ese contexto, la negociación por el endeudamiento reabrió la discusión sobre la Corte y permitió alcanzar un principio de acuerdo: tres de los candidatos serían impulsados por el peronismo -uno del kicillofismo, uno del cristinismo y uno del Frente Renovador- y el cuarto por la oposición, particularmente por el radicalismo, que también atraviesa internas propias entre los sectores referenciados en Maximiliano Abad, Miguel Fernández y Evolución, de Martín Lousteau.
En paralelo, circularon diversas versiones sobre posibles nombres vinculados a esos espacios. Entre los mencionados se encuentran el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, la especialista Marisa Herrera, así como referentes del Frente Renovador y figuras impulsadas desde la UCR. Sin embargo, se trata de trascendidos sujetos a la dinámica política y a una negociación que permanece abierta.
El 2026 no solo estará condicionado por la necesidad de cubrir las cuatro vacantes existentes en la Suprema Corte. También aparece sobre la mesa una versión que agrega un elemento adicional de incertidumbre: la posible salida de Hilda Kogan, lo que elevaría a cinco los lugares vacantes en el máximo tribunal provincial.
Ese escenario, sumado al clima político inestable, a los equilibrios internos del peronismo y a las posiciones de la oposición, configura un año judicial de alta sensibilidad institucional. Mientras tanto, sectores del oficialismo y de la oposición coinciden en que dejar pasar la oportunidad actual -con mayorías legislativas que hoy permiten avanzar- podría significar prolongar la crisis de la Corte.
Así, 2026 aparece para Kicillof como un año bisagra. Por un lado, deberá sostener la recomposición del sistema judicial general, aún con 330 cargos vacantes. Por otro, enfrentará la negociación más delicada: completar la Suprema Corte y estabilizar el funcionamiento del máximo tribunal, uno de los componentes centrales del andamiaje institucional bonaerense.