La UCR y el PRO judicializan el caballito de batalla del intendente de la capital. Concejales debutantes, carencia de liderazgos y un favorcito libertario.
Luján Mazzuco, Diego Camargo, Romina Paci (UCR), Nancy Castañiera (Comunidad Organizada), Fernanda Oddi, Marcelo Guerrero (PRO): la oposición en el Concejo de la capital de La Pampa, con respaldo de autoridades partidarias provinciales (de pie, Poli Altolaguirre, Federico Guidugli, Martín Ardohain y Sandro Martín).
La oposición de la capital de La Pampa detectó un flanco débil del intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, y decidió apretar el acelerador e ir a fondo en su Operación Desgaste: judicializó la vigencia del proyecto que es el caballito de batalla del jefe comunal peronista, la meneada Revisión Técnica Obligatoria de los vehículos.
La oposición no ostenta un liderazgo claro en la ciudad y por distintas razones tampoco tiene un número puesto para dar batalla electoral en los años que vienen. La estrategia de esmerilar a Copete di Nápoli les sirve a los bloques de Juntos por el Cambio para sacar chapa y hacerse ver, frente al proceso electoral que se viene y partiendo de una base chata: se trata de figuras que, en su mayoría, tienen recorridos escasos o poco visibles y que están debutando en el legislativo local.
Di Nápoli se empeñó en imponer la RTO contra viento y marea y la puso en vigencia el 1 de octubre. La UCR y el PRO resistieron su implementación cuando detectaron una ola de descontento en la comunidad y agitaron sospechas sobre el proceso. Se aliaron para ello, también, con la concejala que tiene Comunidad Organizada y aprovecharon la maniobra de un organismo del gobierno nacional libertario que dejó en offside a Di Nápoli.
El Concejo Deliberante está empardado y también en el bloque oficialista hay mayoría de debutantes. Eso le da aire a la confrontación por parte de la UCR, el PRO y el tiernismo: esa coalición forzó varios desempates, a cargo de la viceintendenta Romina Montes de Oca, y hasta dio el caso de dejar sin cuórum una sesión para instalarle ese fantasma al oficialismo.
La guerra está declarada porque el intendente eligió saltear al Concejo cada vez que puede, tomando decisiones por vía de resolución o directamente con reglamentaciones.
El bloque de Juntos por el Cambio es fruto de la interna de febrero del año pasado, cuando por la candidatura a la intendencia el radical Francisco Torroba venció al hoy diputado Martín Ardohain. Por la UCR entraron Romina Paci (azul-torrobista), que había sido precandidata a viceintendenta y es abogada y escribana; Luján Mazzuco (Línea Celeste), que tiene más trayectoria política, pero sobre todo en cargos partidarios (ahora es vicepresidenta del CD); y Diego Camargo, quien como premio a su cara joven es presidente del bloque y el más firme vocero mediático. Camargo es abogado, tiene 34 años, empezó su militancia hace menos de una década y además del sector Celeste es “el pollo” de Poli Altolaguirre.
El PRO aportó la continuidad de Marcelo Guerrero, con un perfil más vecinalista y siempre cercano a Carlos Javier Mac Allister; y la primera experiencia de Fernanda Oddi. Nancy Castañiera logró la reelección, siempre bajo las órdenes de Juan Carlos Tierno.
Al visibilizar la problemática de la RTO, la oposición local consiguió padrinazgos de las referencias legislativas provinciales y también forzó una cumbre con el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia, Pascual Fernández.
Cada una de esas figuras opositoras, exacerbadas además por la bajada de línea nacional que habilita discursos de altísimo voltaje, entró en una suerte de carrera para ver quién es más opositor a Di Nápoli.
Ese estilo es también hijo de la falta de liderazgos y ordenamiento en la oposición de Santa Rosa. Si hoy hubiera elecciones en la capital, Juntos por el Cambio tendría que manotear alguna figura a los ponchazos, porque no tiene a la vista postulaciones naturales.
En la UCR ya pasó el tiempo de Torroba, que fue un intendente reconocido entre 2008 y 2011. La gestión de Leandro Altolaguirre (2015-2019) fue tan mala que mancha a su hermano Poli Altolaguirre, ahora jefe legislativo provincial. En el PRO, Ardohain se hace un camino, pero mira de reojo: ya es diputado nacional, la intendencia le suena a “puesto menor” y los Ejecutivos no son su especialidad.
En ese contexto confuso, además plagado de incertidumbres sobre el destino de las alianzas provinciales y nacionales, garpa darle duro a Copete. Este jueves, los bloques de Juntos por el Cambio fueron al Poder Judicial por duplicado contra la RTO: presentaron un planteo de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia y un amparo colectivo para frenar la normativa, que fue aprobada el año pasado cuando la conformación del Concejo le daba a Di Nápoli otro aire, con mayoría propia.
Antes, los bloques opositores juntaron 12 mil firmas para ponerle freno a la RTO y pidieron una audiencia pública que el intendente ninguneó. La gestión de Santa Rosa pone al tránsito en primer plano: ya puso en vigencia la Ley de Alcohol Cero e impone nuevas velocidades máximas con radares y fotomultas con el respaldo de la jerarquizada Fundación Estrellas Amarillas, que trabaja desde hace años con las víctimas de siniestros viales.
Con todo, la RTO fue un patinazo por varias razones. La licitación convocada para definir qué talleres brindarían el servicio no pasó por el Concejo y terminó en monopolio: sólo se presentó el taller Técnica Sur. Se suman el golpe al bolsillo que significa la revisión obligatoria en un contexto de crisis y el hecho de que la emergencia que atraviesa Santa Rosa tiene unas cuantas calles en mal estado o en obra.
La UCR y el PRO olieron el descontento social, que disparó algunas movilizaciones vecinales y la resistencia de sectores trabajadores. Di Nápoli recibió fuego amigo: la Intersindical estatal compañera salió al cruce de la ordenanza y el gremialista peronista Rodrigo Genoni (Comercio) también levantó la voz contra Di Nápoli.
Apareció, además, un favorcito de la gestión libertaria a la oposición local: la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el organismo que controla ese tipo de verificaciones, agitó la rescisión del convenio con el municipio y puso en duda que sean válidas en todo el país las obleas de constancia que entrega el taller.
La Municipalidad sostiene que la RTO está vigente, que las obleas tienen validez y que el acuerdo se rescindió por decisión propia. La gestión de Di Nápoli nunca dio marcha atrás, aunque tampoco quiere meter sexta: aún no se animó a dar el paso más sensible de cobrar multas.
Con el tema en el candelero, la oposición se aferra a una agenda que le permite mover el avispero hasta que pueda ir moldeando liderazgos.