Con estrategia calcada a la que mantuvo en vilo a Sergio Ziliotto, la oposición paraliza el Concejo de Santa Rosa y complica al intendente. Déjà vu del Grupo A.
Hay unas bancas vacías: la última sesión del Concejo Deliberante de Santa Rosa, la capital de La Pampa, fracasó porque la oposición impidió el cuórum. ¿Cómo sigue la puja contra Di Nápoli?
Un fantasma recorre los pasillos del municipio de Santa Rosa, la capital de La Pampa: el intendente peronista Luciano di Nápoli está bajo la amenaza de que el rejunte opositor paralice el Concejo Deliberante, del mismo modo que lo sufrió el gobernador Sergio Ziliotto en la Legislatura provincial.
La oposición, que reúne a la UCR, el PRO y Comunidad Organizada, ya dejó sin cuórum la última sesión, durante la que el gobierno local esperaba la aprobación de una ordenanza clave.
Integrantes del espacio no peronista iniciaron el mismo juego de sus pares provinciales. La oposición en conjunto cuenta con la mitad de las bancas, igual que el oficialismo, y eso le permite apelar al bloqueo de las sesiones si el PJ no es permeable a sus exigencias. Incluso ya forzó en varias ocasiones el voto de desempate de la viceintendenta.
“Di Nápoli quiere convertir al Concejo en una escribanía”, acusan los bloques que comandan el radical Diego Camargo, el macrista Marcelo Guerrero y la tiernista Fabiana Castañiera. “Repiten patrones: la misma actitud que sus diputados, no debaten, no dan cuórum, no trabajan, son caprichosos e irresponsables”, replicaron los concejales Lucas Ovejero, del PJ y Mariano Alfageme, de Patria Grande.
La ordenanza que pretende sacar "Copete" Di Nápoli ahora permitiría notificar de manera digital a los infractores que detecten los radares y las cámaras de fotomultas que la gestión municipal se esmeró en instalar desde hace meses.
En la provincia, una estrategia similar a la de la oposición local ya mantuvo paralizada la Legislatura durante cuatro meses y puso en aprietos al gobernador.
El fracaso de la última sesión podría repetirse en adelante, pero no fue una sorpresa para nadie, sino un paso más de la embestida opositora, a fondo, que se da en el punto donde al intendente más le duele: el tránsito, uno de los caballitos de batalla de su segundo mandato, en el que intenta despegarse de su pasado en La Cámpora.
En ese escenario, el tránsito, tienen lugar los conflictos más pesados.
Desde principio de año, la oposición insiste con el reclamo de suspender la puesta en marcha de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que se aprobó a fines de 2023, con otra conformación del Concejo y cuando la correlación de fuerzas en la comuna era diferente: el oficialismo ejercía mayoría propia.
En forma sucesiva, la oposición cuestionó la oportunidad elegida –plena crisis social y económica- para generar más gastos a la población; que el municipio habilitase un solo taller para controlar un parque automotor de 40 mil unidades; que ese taller no esté reconocido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial; y que la medida afecta a habitantes del resto de los pueblos de la provincia, que suelen viajar a la capital por trámites, por entretenimiento o para hacer compras en sus negocios.
La secretaria de Gobierno, Carmina Besga, escudera del binomio político santarroseño que avanza contra viento y marea, salió otra vez a enfrentar la ofensiva, sin atender reparos de su propia fuerza y sin temerle a las polémicas.
“Una vez más impiden medidas que buscan cuidar a los santarroseños. No pueden ser tan mezquinos. Si están en contra, siéntense en sus bancas y voten en contra, pero siéntense a trabajar”, tiroteó a la oposición.
A tono con esa postura, la viceintendenta Romina Montes de Oca también chicaneó: “Se dan el lujo de no ir a laburar”. Montes de Oca viene del palo sindical de las telecomunicaciones.
El plantón opositor se desencadenó después de la negativa formal del intendente a un pedido de audiencia pública por la puesta en marcha en la RTO. La UCR, el PRO y el tiernismo habían formulado ese pedido con el respaldo de firmas que levantaron entre los vecinos y el eco favorable en algunos sectores y organizaciones de la ciudad.
“Ya tuvo su instancia de participación en el debate en el recinto”, respondió Di Nápoli y ratificó que la medida entra en vigencia ni bien arranque octubre.
Para explicar la falta de cuórum, la oposición aduce, como antes lo hizo a nivel provincial, que hay falta de diálogo y nulo reconocimiento al volumen político de sus espacios por parte de los Ejecutivos en manos del peronismo.
“Una vez más, con el argumento de la seguridad vial y la modernización, se llevan puestos a los vecinos. Su verdadero objetivo es recaudar a toda costa”, denunciaron los tres bloques para justificar el faltazo a la sesión.
La ofensiva cuenta con protagonismo de dirigentes provinciales, que también se esmeran en potenciar los ruidos internos del peronismo. Incluso en su momento fueron a llevar sus quejas al ministro de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia, Pascual Fernández. El intendente puso a jugar de su lado el protagonismo de la prestigiosa Fundación Estrellas Amarillas, que se especializa en el trabajo con familiares de víctimas del tránsito y avala las ordenanzas conflictivas.
Las dos partes parecen decididas a tirar de la cuerda. El embrollo puede convertirse en una puja de suma cero. En la experiencia provincial, cada fuerza tuvo costos y, al contrario, no quedó claro que después de tanta pelea haya habido ganadores, o alguien que pueda adjudicarse un rédito político. Los sectores postergados siguen hundidos en la misma situación y con respuestas que llegan con demora y no alcanzan.
Ahora, así como algunas voces claman por mano dura para mitigar siniestros y muertes en el tránsito, otras no ven con buenos ojos la obligación de atender nuevos gastos para poder circular en la ciudad. La apuesta del intendente de avanzar con la RTO, con los radares y las cámaras de fotomultas desafía a la embestida de la oposición y también al malhumor social, que puede pasarle factura.