El Presidente ignora el parlamento. Los golpes semanales complican su gestión. Discapacidad, a Tribunales. Inteligencia, $LIBRA y Presupuesto, los desafíos.
Javier Milei
Javier Milei.
La actitud que tomó Javier Milei con el Congreso puede considerarse un experimento de la política contemporánea, todavía con resultado incierto. Preocupado en otros asuntos y sin capacidad de poder torcer una votación a su favor, el Presidente optó por ignorar la actividad parlamentaria y enviar a su tropa a soportar derrotas dignas.
El único dique de contención es el que tejen, como pueden, Guillermo Francos y Martín Menem con los gobernadores. Buscan al menos blindar algún veto presidencial en Diputados. Ya no hay proyectos del oficialismo que se discutan en comisiones y ni aquellos anunciados en la Casa Rosada entran en mesa de entradas.
El diagnóstico del Presidente es que nada de lo que ocurra en los recintos puede afectarlo, aunque se eliminen decretos que está aplicando o le impongan programas de gobierno que considera impracticables. Hacen caso omiso a reportes de la prensa extranjera que hablan de un presidente débil, sin capacidad de gestionar una ley. En Alemania y Brasil se encuentran crónicas de las sesiones del Congreso argentino.
La pasividad libertaria permitió que el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad fuera eliminado definitivamente en el Senado. Fue la cuarta vez que se consideró el proyecto en un recinto y el Gobierno, en todas las ocasiones, no llegó ni al tercio de los votos de los presentes. El retroceso legislativo de Milei es contundente, si se tiene en cuenta que es la misma composición del Congreso que sancionó la ley Bases, blindó (en Diputados) el acuerdo con el FMI y modificó el cronograma electoral. Pasaron cosas.
Por razones que aún se desconocen, en ningún momento de estos cuatro meses de tratamiento de la emergencia en discapacidad, Milei consideró necesario abrir una negociación para evitar una derrota histórica. Se lo pidieron, a gritos, desde los bloques oficialistas y aliados.
La mala gestión en Discapacidad se convirtió en un cisne negro de su gestión. Algunos datos lo confirman. Los jefes de bloque oficialistas, en señal de protesta, se negaron a cerrar los debates legislativos. Gobernadores que mantienen buena sintonía con la Casa Rosada, pero no cerraron alianzas electorales en sus provincias, como Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), usan este tema para atacar al Gobierno. Hacen campaña local y presentaron recursos ante la Corte Suprema para recuperar pensiones por invalidez laboral.
El mandatario tampoco tiene a favor un lobby judicial que le permita dormir tranquilo. Antes de tratar el veto en Diputados, un fallo de primera instancia y otro de cámara consideraron ilegítimo el congelamiento de las prestaciones. Se basaron en la convención sobre discapacidad a la que adhirió Argentina, que obliga a garantizar una vida plena a este segmento de la sociedad.
Los magistrados aclararon que esta obligación no puede resignarse por una política pública orgánica. Es simple: como indica la ley sancionada y ratificada, Milei tiene que reasignar partidas de otras áreas a Discapacidad. Con este precedente judicial, abogados constitucionalistas participaban este viernes de casting de ONGs para presentar amparos colectivos contra el Gobierno por no aplicar la ley.
La Constitución es clara: rechazado el veto, debe implementarse la norma de inmediato. El Gobierno amenazó con una judicialización que todavía no llegó porque los asesores letrados de Milei no encuentran argumentos. En cualquier caso, sin una cautelar a favor, la norma se considera vigente y los funcionarios que la ignoren podrían pasear por Tribunales.
El ministro de Salud, Mario Lugones, tiene todas las fichas para ser el primer miembro del gabinete en recibir notificaciones judiciales. Advertido, este viernes dio por terminada la auditoría, por temor a represalias legales, que le llegarán tarde o temprano.
Victoria Villarruel entró en pánico. Este viernes, mientras estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Los Angeles, pidió acelerar las firmas para enviar el expediente al Ejecutivo del veto eliminado.
El lunes, la vicepresidenta completará el trámite para que Milei, ya en el país, sea quien se haga cargo de aplicar la Emergencia en Discapacidad. En la oposición ya hablan de un juicio penal al Presidente por incumplimiento de los deberes de funcionario público si se resiste. O de un extenso juicio político desde marzo, si continúa en rebeldía. Sería un desgastante, que se inicia con una investigación en una comisión de la Cámara de Diputados.
Algunos referentes legislativos del oficialismo se exasperan por la inacción oficial. "Javier no se mete ni en Salud, ni en Justicia. Le hicieron hacer un desastre", aseguró un referente del Congreso que sigue estos temas. Apuntan al desplazado Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS y al silencioso Lugones, que siempre fue el jefe en los papeles.
Con la emergencia en marcha, Milei quedará obligado a crear un nuevo sistema de pensiones y reemplazarlas por las de invalidez laboral, que están en permanente auditoría.
La otra exigencia para Milei será agilizar el pago de una compensación de las prestaciones por discapacidad por la pérdida que ocasionó la inflación desde que empezó su gestión. Los fondos deben salir de la caja que maneja Lugones en la superintendencia de servicios de salud (que se nutre de fondos privados) y de las partidas de Incluir Salud, destinadas a los sectores de Discapacidad sin cobertura propia. Es la minoría.
La ley también obliga indexar las prestaciones hacia adelante por la variable que se actualizan las jubilaciones, que desde el año pasado es la inflación.
Las prestaciones están congeladas desde hace un año y los voceros libertarios no ocultan que el plan era eliminar el nomeclador único, que fija precios iguales para toda la población, con el Estado como administrador del fondo compensador. El objetivo del Gobierno era que cada obra social incluyera discapacidad en su cartilla y quien no estuviera conforme con el servicio, migrara al Estado, que seguiría con Incluir Salud.
Ni bien trascendió la idea, hace un año, las organizaciones de Discapacidad no la aceptaron. Consideraron que, de aplicarse, obras sociales y prepagas establecerían valores altos para evitar afrontar los costos y el sistema público colapsaría. En LLA reconocen que Spagnuolo y Lugones -a cargo de las prestaciones- hicieron lo peor, que fue quedar a mitad de camino entre el statu quo y el plan original. La oposición se unió y Milei sufrió una derrota legislativa histórica, con un enemigo que promete golpearlo día a día.
La agenda de discapacidad es infinita. En Diputados, la oposición empujará desde el martes proyectos para que la ANDIS quede bajo la órbita de consejos consultivos, en los que el Ejecutivo sea sólo una parte. Otras iniciativas apuntan a restablecer la totalidad de las pensiones que se dieron de baja, por considerar que Spagnuolo, con sus denuncias por corrupción, no tenía legitimidad para auditar.
El Gobierno nunca quiso dar los debates legislativos sobre el tema y la oposición avanzó con golpes certeros. Lo sufre en las comisiones la tropa libertaria maltratada. Los diputados libertarios Gerardo Huesen y Carlos García la pasaron mal en la última reunión de Discapacidad, sólo por levantar las pestañas más de la cuenta. No abrieron la boca.
La oposición avanzará en interpelaciones a Karina Milei y Lugones, tarde o temprano. En Diputados dictaminó un proyecto con esa propuesta en la comisión de Acción Social y Salud. Cuando haya sesión, la oposición citará a la comisión de Asuntos Constitucionales para dejarlo listo para su aprobación. La tiene cerrada el libertario Nicolás Mayoraz.
La Constitución permite interpelar a miembros del Ejecutivo, pero no hay una ley que determine sanciones a quienes no asistan a dar explicaciones. En el Senado, donde Unión por la Patria maneja la agenda a gusto, avanzará con un pedido de interpelación a Karina Milei. José Mayans lo discutirá en la próxima reunión de jefes de bloque, previa a la sesión del 18 de septiembre, cuando prevén tratar temas poco conflictivos.
En esa cámara se requieren dos tercios para interpelar, por lo que el formoseño sólo propondrá citar a la hermana presidencial si ve que están los números. Será clave la postura del PRO, que este jueves jugó en contra del Gobierno en la sesión. ¿Será por eso que Karina llamó a Luis Juez para solidarizarse por el maltrato del Gordo Dan?
El caso Spagnuolo tendrá un capítulo en la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que se reuniría este martes. La diputada exlibertaria Marcela Pagano pidió investigar lo que dijo en la última sesión: que Francos tiene en su gabinete a exespías capaces de conspirar contra Milei.
Según Pagano, la lista la lidera José Luis Vila, secretario de Asuntos Estratégicos, histórico agente vinculado a la UCR. En el Congreso lo recuerdan por alimentar la causa por espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri, que se llevó a cabo en la comisión. Su nexo era el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.
La periodista sorprendió además cuando contó que también trabajan con Francos los exagentes Víctor Hugo Armellino (que fue nombrado por el decreto 691/2024), Jimena Honor, Santiago Carro y Jorge Kurt Dreyssig. Fueron analistas del área de Contrainteligencia, muy respetados, que cumplían funciones durante el macrismo. Vila los rescató de la razia implementada por la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño.
Cuentan que en esos años ayudó a retener a estos espías Franco Bindi, un exagente inorgánico, pareja de Pagano, acusado ante la Justicia por el Gobierno por filtrar los audios de Spagnuolo. Fundamentan esa hipótesis en la supuesta cercanía de Bindi a la embajada rusa, país que, según la visión oficial, dejaría de prestarle atención a la guerra en Ucrania para dedicarle tiempo a Milei, en sociedad con servicios venezolanos. El senador Martín Lousteau, a cargo de la bicameral, sugirió hacer un guion cinematográfico con la tesis libertaria.
En la comisión, de todos modos, el kirchnerismo exigirá explicaciones a Vila, con el argumento de que los agentes retirados deben rendir cuentas de cómo usan los secretos de Estado. La pelea, entienden los más duchos en esta temática, es por quedarse con el control de Contrainteligencia en diciembre. Santiago Caputo se la cedió a Alberto Magaldi, histórico ladero del legendario Jaime Stiuso. Nadie sabe si el asesor podrá retenerlo.
La próxima sesión en la cámara baja sería no antes del 17 de septiembre. Se tratarían dos temas: los límites a los DNU, aprobados en el Senado esta semana -aunque tal vez sea necesario un emplazamiento-; y los vetos a la Emergencia en Pediatría y el financiamiento universitario. No es una agenda fácil, porque Menem confía en la ayuda de gobernadores aliados para, al menos, llegar a un tercio del recinto y sostener un eventual veto a la norma anti-decretos.
En cuanto a universidades, en LLA sospechan que, esta vez sí, Milei se animaría a un veto parcial. El Presidente sostendría los aumentos a los costos de funcionamiento y eliminaría el capítulo de incremento salarial, que da un plazo de tres meses para hacer paritarias. El Congreso debería, de mínima, esperar ese tiempo para presionar.
La ley de pediatría, que sobrevuela la crisis del Garrahan, se logró con dos tercios en ambas cámaras y el Gobierno, como con Discapacidad, no tiene plan de contingencia.
La Libertad Avanza también debe defenderse en la investigación de $LIBRA. Baraja una estrategia: sostiene que el reglamento es ilegítimo, porque permite desempatar al presidente de la comisión
Con esa excusa, los funcionarios no asistirán a las reuniones. El viernes no quiso notificarse el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, invitado para el martes. Sí le llegó el cuestionario a Milei, que debe responder el 12. Karina Milei, será convocada más adelante.
Esta semana, Milei deberá definir si el lunes 15 presenta él mismo en Diputados el Presupuesto 2026, como hizo el año pasado en el Congreso, o simplemente envía el proyecto por mesa de entradas, que es la única obligación que tiene. La oposición se unió para que, esta vez y después de dos prórrogas, el texto llegue al recinto. Planea correr a José Luis Espert de la presidencia de la comisión. Dependerá y mucho del resultado de la elección bonaerense. Una derrota, sólo le sumará problemas al Gobierno.