El Senado completó el trámite que había comenzado Diputados hace 15 días. Fueron 63 votos contra siete. El Gobierno se quedó sin aliados para resistir.
Javier Milei recibió este jueves un revés histórico en el Congreso, a tres días de la elección bonaerense en la que no llega como favorito y en medio de la mayor crisis de su gestión por la filtración de audios: la oposición del Senado rechazó y eliminó de forma definitiva el veto a la ley de emergencia en discapacidad.
Fue con 63 votos a favor de sostener la norma y siete en contra, muy por encima de los dos tercios requeridos. Sólo aceptaron el veto La Libertad Avanza (LLA) -con la reincorporación de Francisco Paoltroni- y Carmen Álvarez Rivero (PRO y cercana a Patricia Bullrich). La libertaria Vilma Bedia se fue al momento de votar. Unión por la Patria, el PRO, la UCR y los partidos provinciales se unieron para defender la emergencia en Discapacidad y dejaron al oficialismo en soledad.
Como Diputados cumplió el mismo trámite hace 15 días, el veto queda desechado y la ley debe promulgarse en forma automática.
La sesión fue presidida por el libertario Bartolomé Abdala, porque Victoria Villarruel reemplazó a Milei en la presidencia. "Se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación", cerró la votación el puntano.
Milei anunció que buscará judicializar la ley y la oposición exige que la implemente de inmediato. La Constitución obliga a aplicar la norma desde este viernes, cuando en realidad, por el viaje presidencial, la responsabilidad recaerá en Villarruel. Si la promulgación -trámite previo- tarda en llegar, en la oposición advierten que el binomio presidencial podría ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El senador santacruceño José María Carambia, uno de los partidos provinciales que le dio la espalda al Gobierno, anticipó que está dispuesto a pedir un juicio político a Milei si se resiste a aplicar la ley.
El presidente demostró que su vínculo con el Congreso es el peor de un Poder Ejecutivo en mucho tiempo: hacía 22 años que un veto no tenía rechazo definitivo. La última vez había sido para una reforma de aranceles azucareros, pero se trataba de un veto parcial. Los jefes de Estado evitaron pasar por esta situación revisando los consensos legislativos. Es lo que el líder libertario no quiso hacer.
La ley que el Presidente debería promulgar declara la emergencia en discapacidad hasta 2026. Incluye la creación de una pensión de "protección social", con un haber equivalente al 70% de la jubilación más baja. En la actualidad sólo está vigente una pensión similar por invalidez laboral. El beneficio sólo se cortaría a quienes perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. La ley, además, suma un aporte similar a personas con discapacidad mayores de 70 años.
Según la oficina de presupuesto del Congreso, esto implicaría un gasto de entre 0,22% y 0,42% del PBI, con casi un millón de nuevos beneficiarios. En la oposición destacan que el costo podría ser menor si el sistema se audita correctamente, una exigencia que está contemplada en la ley. La Agencia de Discapacidad (Andis) sólo informó que envió cartas documentos a los beneficiarios y sancionó a los que no pudieron notificarse. La norma incluye una promoción para contratar personas con discapacidad.
El capítulo que quebró al Gobierno en el debate legislativo es el referido a las prestaciones por Discapacidad, que no aumentan desde hace casi un año. Ese retraso dejó a la deriva a terapias profesionales y centros educativos, en graves crisis financieras. Para que puedan arreglar sus cuentas, la ley crea una compensación con retroactividad a noviembre de 2023, en función de la evolución de precios que hubo desde esa fecha. Además, para adelante, indexa los valores con el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación.
El esquema abarca los pagos que realiza el Estado (a través de Incluir Salud) y las prestaciones de las obras sociales y prepagas, que siguen los valores de la ANDIS. Según la OPC el impacto fiscal es mínimo: 0,03% del PBI. La insistencia del Gobierno en no tocar este índice fue lo que más alteró a los aliados, incluso a quienes acompañaron hasta el final, como Álvarez Rivero.
"Aprovecho para pedir públicamente al ministro (De salud) Mario Lugones que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan", sostuvo la cordobesa.
El desenlace de la sesión se supo cuando se inició el debate y la admisión del tratamiento también tuvo 62 votos a favor y 8 en contra. En las calles del Congreso siguieron la sesión organizaciones vinculadas a la discapacidad. Participó de los festejos el diputado Daniel Arroyo (UP), autor del proyecto, como también el dirigente Juan Grabois.
El oficialismo no abrió la boca para defender el veto presidencial. Sólo justificaron la decisión presidencial los aliados, Paoltroni y Álvarez Rivero. En la oposición se turnaron para atacar al gobierno. Beatriz Ávila, del PRO y exaliada oficialista hasta hace no tanto atacó a Milei. “Los discapacitados no están pidiendo privilegios, sino lo que les corresponde. Reclaman que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución", sostuvo la tucumana.
El radical Martín Lousteau consideró que la auditoría de las pensiones no es real, sino una excusa para ajustar. “Si consultan con expertos van a encontrar formas de depurar la base de datos para detectar fraude, ajustar sin lastimar gente y poder aumentar las pensiones por discapacidad”.
Sin oficialistas dispuestos a hablar, el debate lo cerró el jefe de UP, José Mayans, con una ironía. "¿De dónde vamos a sacar la plata?'. Bueno, que deje de robar un poquito Karina y ya está. Si no, que baje su arancel".