La sesión sería el jueves. El Presidente amenaza con judicializar la norma. Un fallo de Cámara lo obliga a implementar rápidamente la ley.
Discapacidad: la oposición tiene el número en el Senado para rechazar el veto y presiona a Javier Milei
La novela de la ley de emergencia en discapacidad tendría este jueves el final de su recorrido legislativo: en el Senado, la oposición tiene los dos tercios para rechazar definitivamente el veto de Javier Milei. Como en Diputados el mismo trámite se completó hace 15 días, el Presidente debería aplicar la norma.
El temario de la sesión se definirá este miércoles a las 11 en una reunión de labor parlamentaria entre las autoridades de bloque. Jueves a las 14 es el día y la hora en que Victoria Villarruel está obligada a abrir el recinto si una mayoría se lo pide. La Libertad Avanza no tiene mucho para hacer: en las últimas sesiones, Unión por la Patria (UP), la UCR y fuerzas provinciales reunieron mayoría especial para manejar las votaciones a gusto.
Esa misma cantidad de adhesiones (dos tercios de los presentes) son necesarias para rechazar un veto presidencial. Si hay asistencia perfecta, en el Senado significan 48 votos. Cuando la emergencia de discapacidad se sancionó reunió 55 voluntades a favor, siete más. Hubo aportes de todas las bancadas, a excepción del oficialismo.
Esa vez sólo hubo 17 ausentes: los siete de La Libertad Avanza; el aliado Juan Carlos Romero; Alfredo De Ángeli, Martín Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero (PRO); Lucila Crexell (Provincias Unidas), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y cuatro radicales: Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza), Víctor Zimmerman (Chaco) Stela Olalla (Entre Ríos).
Si bien un cambio de posición de este grupo no variaría la historia, el Gobierno no puede contarlos para el jueves: hasta este lunes, Silva y Zimmermann evalúan rechazar el veto, que en el Gobierno nadie se ilusiona en sostener. La pelea es por la implementación de la ley.
En la oposición, que mantiene contactos con las organizaciones vinculadas a la discapacidad, preparan discursos que exijan a Milei aplicar rápidamente la emergencia una vez que el veto sea eliminado en el Senado, una decisión que el Congreso no toma desde hace más de dos décadas.
Luego del traspié en Diputados, hace dos semanas, en la Casa Rosada hicieron saber que estaban dispuestos a judicializar el veto para no aplicar la ley Pero en una de sus últimas charlas ante empresarios, la semana pasada, Milei aceptó que tal vez esa no sea una opción.
"Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los logramos judicializar; vamos a sacar la plata de otro lado", fue la declaración del Presidente. La última acción que describió (la reasignación de partidas) no es ni más ni menos que la tarea de un jefe de Estado cuando el Congreso exige revisar las prioridades.
Para exigir que la ley se implemente el mismo viernes, en la oposición citan dos fallos judiciales recientes que cuestionan la constitucionalidad del veto presidencial, aún antes de que fuera rechazado por el Congreso. El primero fue del juzgado federal de Campana, que lo consideró inválido. Recordó a Milei que la Constitución le obliga a cumplir la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. "Una política pública no puede ser excusa para incumplir esa obligación", señaló el magistrado.
La sala V de la cámara contencioso administrativo federal, en tango, revocó una decisión de un juzgado de primera instancia y habilitó un reclamo para aumentar las prestaciones por discapacidad, por considerar que los nomencladores están perdiendo con la inflación. También en este caso se toma la convención como marco jurídico. Se interpreta que Milei no debe tener a la Discapacidad entre sus prioridades.
En la oposición entienden que el fallo de cámara predice que una judicialización de Milei sucumbirá rápido. Además, exigen que mientras espera una cautelar de la justicia que no llegará, Milei tiene que aplicar la ley. El único resquicio que podría encontrar para demorar su implementación es que en su último artículo, la norma otorga 30 días para la reglamentación.
Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la reglamentación es un instrumento del poder ejecutivo para otorgar precisiones, pero de ninguna manera puede ser excusa para postergar beneficios de una norma. "Las leyes se aplican directamente apenas se sancionan", explicó a Letra P.
La excusa de judicialización del Gobierno, según trascendió, sería el trámite legislativo del Senado, donde la sesión fue objetada por el oficialismo porque la oposición la pidió sin el aval de Villarruel, quien por otro lado consideró inválidos los dictámenes de proyecto como el de discapacidad. El debate reglamentario se validó con una votación en el recinto, avalada por la vicepresidenta.
El constitucionalista Diego Armesto, consideró que pretender que los jueces arbitren debates legislativos "es una forma solapada de vaciar el contenido del Congreso", sostuvo ante Letra P.
La ley que Milei se niega a aplicar declara la emergencia en discapacidad hasta 2026. Incluye una revisión de las pensiones y la creación de otras nuevas para protección social, con un haber equivalente al 70% de la jubilación más baja. Sólo se cortaría el beneficio a quienes perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. Además, se suma un aporte similar a personas con estas condiciones mayores de 70 años.
El capítulo que concentra el respaldo de casi todo el recinto es la actualización de las prestaciones, que están congeladas desde el año pasado. La ley las indexa por el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación. Se suma una compensación con retroactividad a noviembre de 2023, en función de la evolución de precios que hubo desde esa fecha.
Además de los pagos que realiza el Estado (a través de Incluir Salud), la norma involucra a las prestaciones de las obras sociales y prepagas, que siguen los valores de la ANDIS. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que implica un 0,03% del PBI el costo fiscal. Milei no quiere ese gasto. Parece dispuesto a todo.