La provincia reclamó colaboración al Gobierno. El gobernador fue a Capilla del Monte. El uso de la tierra está en el foco del debate.
El fuego amenazó viviendas y arrasó con el bosque nativo.
Los incendios de los primeros días de septiembre consumieron casi 25 mil hectáreas en Córdoba.
Martín Llaryora, en la base operativa de Villa Yacanto, donde se registró el mayor incendio del año en Córdoba.
Las críticas sobre las políticas ambientales remontan al inicio de la sucesión de gobiernos peronistas en Córdoba.
La sucesión de incendios forestales ha vuelto a poner a Córdoba en el centro de la cobertura periodística. Este lunes, el Gobierno envió recursos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) para combatir los focos de fuego que azotan al territorio provincial tras el pedido del gobierno de Martín Llaryora.
La Casa Rosada envió un camión comando con siete combatientes y técnicos y un coordinador, 16 brigadistas de la Brigada Nacional NEA, dos helicópteros y un avión hidrante AT 802.
El gobernador de Córdoba estuvo presente en los procedimientos de este lunes para evaluar la crítica situación por los incendios y manifestó que la única manera de que no sea un año aún más difícil es que "los vecinos y los turistas entiendan que no hay que hacer fuego".
Este lunes por la mañana Llaryora se reunió con bomberos en Capilla del Monte para estar cerca de la problemática que azota a la provincia desde hace semanas y destacó que se comenzó a estructurar "el combate contra los incendios" y "se puso el fondo de emergencia en $5.000 millones para la fauna, flora, cuidado de los animales y todo lo que tiene que ver también con la reparación de los hogares y la vuelta también de los chicos a las escuelas".
Cómo contó este medio hace dos semanas en esta nota de Luis Zegarra, las mismas llamas que azotan a la provincia reavivaron cuestionamientos sobre las políticas ambientales de los 25 años de gobiernos cordobesistas y tienen a como heredero a Llaryora.
Buena parte de las críticas se concentra en las últimas gestiones de Juan Schiaretti, el gobernador que intentó dar proyección nacional a un modelo cordobesista caracterizado como desarrollista, con grandes obras públicas y expansión de la producción agrícola ganadera como sellos distintivos.
Al modelo le llueven cuestionamientos que advierten sobre las consecuencias del avance de la frontera urbana, con megaproyectos inmobiliarios, sobre menguantes reservas de bosque autóctono. Valga como referencia que, de 12 millones de hectáreas de superficie cubierta con vegetación nativa que poseía la provincia a principios del siglo XX, hoy sólo quedan unas 500 mil hectáreas.
Sobre crecientes extensiones deforestadas, donde ahora crecen pasturas y vegetaciones bajas, alternan sequías, incendios y hasta inundaciones por la pérdida de capacidad de absorción de los suelos.
Aunque los trazos gruesos del cordobesismo hayan sido definidos por José Manuel de la Sota, a fines del siglo pasado, las críticas por el manejo de la cuestión ambiental señalan una marcada tendencia al uso de la tierra para fines económicos, antagónicos con la preservación ambiental, en años de gestión Schiaretti.
“Desde 2014 el sector agropecuario se consolidó como la actividad de mayor peso en la economía provincial, superando a la industria manufacturera y al comercio”, reza el informe Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba, elaborado por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) en julio de 2022.
“Las actividades que experimentaron mayor crecimiento entre 2010 y 2020 fueron la agricultura y las actividades inmobiliarias. Las mismas conllevan un impacto sobre el ambiente, sobre todo en el uso del suelo”, prosigue el texto, confeccionado por un colectivo de economistas.
El trabajo, ratifica que la pérdida del 95% del bosque nativo se explica por la convergencia de tres vectores: el corrimiento de la frontera agropecuaria, con deforestación de zonas anteriormente destinadas a otros tipos de producción; crecimiento urbano, con una expansión de uso residencial del suelo y gran incremento de urbanizaciones cerradas; e incendios que debilitan los necesarios ecosistemas.
Según diversos estudios, la gran mayoría de los incendios se ocasionan por actividad humana, sea intencional, accidental o negligente.
Sospechas de fuegos intencionales acompañan el significativo incremento de desarrollos inmobiliarios en zonas serranas, consecuencia directa de movimientos migratorios desde grandes urbes.
En Colón, Punilla y Calamuchita, departamentos de gran crecimiento demográfico, asambleas vecinales denuncian el florecimiento de proyectos urbanísticos en tierras asoladas por incendios. También sobre zonas de cuencas.
Especial indignación despiertan aquellos que emergen en áreas protegidas. Según las sospechas, las llamas logran eliminar vegetaciones como primer paso para el cambio de un restrictivo uso de suelo.
Tales denuncias apuntan a un aspecto medular: el ordenamiento territorial de la provincia. En especial el correspondiente al bosque nativo, hoy tutelado por la ley 9814.
Sancionada en 2010, dividió a la provincia en zonas de alta, media y baja restricción. Su promulgación no dejó conformes a la referencias ambientalistas. La posibilidad de desmontes para minería y rolado sigue recibiendo críticas. La falta de actualización de sus mapas, prevista cada cinco años, alienta suspicacias. El mapa vigente, admiten funcionarios, no se corresponde con la foto actual. La vegetación típica ha perdido número. El cambio de especies de altura por arbustos y pasturas favorece la recurrencia de incendios.
Tal actualización es uno de los compromisos que recae ahora en Llaryora. Congruente con su mirada “verde”, el gobernador ratificó su compromiso con la cuestión: por primera vez la provincia cuenta con un Ministerio de Ambiente. Su titular, Victoria Flores, manifestó su decisión de poner a la cuestión en el centro de la agenda.
Desde esta cartera bajan el tono a las suspicacias. “No hay cambio de uso del suelo, aunque haya incendios. Si una zona de alta protección es incendiada, eso no significa que automáticamente se cambie su categoría de conservación”, dicen.
Las mismas fuentes apuntan a las administraciones municipales por incumplimientos en la normativa. Particularmente por aprobaciones de urbanizaciones en zonas prohibidas, en uso de sus autonomías para ordenar usos de suelos.
La acusación transparenta otras ausencias en la política provincial. Por un lado, la falta de planificación en el área metropolitana, con acciones conjuntas para evitar diversidad de criterios entre localidades vecinas que absorben migraciones. Cada proyecto inmobiliario de gran escala supone ingentes fondos frescos para intendencias poco restrictivas.
Por otra parte, la falta de regularización de ejidos en zonas del Gran Córdoba. Esas zonas grises, atravesadas por pujas entre municipios y entre privados, suelen escenificar focos de rápida propagación en secos inviernos.
“La ley 9.814 se ha violado en muchos lugares. Muchos incendios han tenido intencionalidad sobre ese uso del suelo. Pero el mapa no cambia. La decisión política es no dar viabilidad a ningún proyecto que esté en zona roja o amarilla. Desde diciembre del 2023 no se ha habilitado nada”, afirma una fuente oficial.
Los incendios de los primeros días de septiembre consumieron casi 25 mil hectáreas. La cifra equivale a la mitad de lo que las llamas devoraron en 2023, lejos aún de los registros del 2020, año en que el fuego devoró 340 mil hectáreas.
El principal foco de este invierno tuvo lugar en Yacanto de Calamuchita, una región que ha recibido a miles de nuevos vecinos y que concentra buena parte de la actividad turística.
Según la Agencia Córdoba Turismo, en la temporada de verano 2023/2024 más de cinco millones de personas visitaron la provincia. Los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra nuclearon aproximadamente un 75% de la actividad turística. En todos ellos, con la conectividad como argumento, se han desarrollado obras viales de gran impacto ambiental.
Otros dos focos de magnitud ocurrieron en el Gran Córdoba. Uno a la vera de la ruta 20, que conecta la capital con Villa Carlos Paz. El otro en la Reserva Natural de la Defensa, en zonas pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército. Desde allí se dirigieron a La Calera, ciudad serrana que triplicó habitantes gracias a la proliferación de barrios cerrados.
Sobre esa misma región sobrevuelan especulaciones. Proyectos aún informales esperan guiños para sumarse a un circuito de urbanizaciones “de montaña”, con habitantes de elevado perfil económico.
En esas zonas permanecen guardias de bomberos que, por años, han esperado reconocimientos que trasciendan lo simbólico. La oposición pide explicaciones por ellos. Legisladores de Juntos por el Cambio apuntan a la ausencia de personal específico, hoy destinado a las denominadas guardias urbanas, y al manejo de fondos.
Desde el Gobierno responden con fastidio. Según explican desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, los 120 efectivos del Equipo Técnico de Ayuda ante Catástrofes que se han sumado, en pase, a tareas de seguridad urbana representan un 10% del total y mantienen facultades para intervenir en siniestros. Además, remarcan que el gobierno ha elevado de 1500 a 5000 millones de pesos el Fondo Permanente para Situaciones de Desastre.
Por lo bajo, voces calificadas admiten que, como tantas administraciones, no parece suficiente la preparación para afrontar las consecuencias del cambio climático. Tampoco para desandar el camino emprendido desde 1999. “La crisis económica los frenó, pero no hay aún replanteo para dejar de lado obras públicas de gran impacto ambiental. Tampoco para reforestar zonas hoy destinadas al agro, donde los propios productores se involucran en la materia”, fustigan.
"En menos de 20 años, los focos arrasaron una superficie equivalente a 12 ciudades de la provincia. Eso no se recupera", lamentan foros ambientales.