Discapacidad, el cisne negro. A las derrotas en cadena se suma un escándalo de corrupción. Con mayoría especial, el Senado limita los DNU. Lugones, teléfono.
Un desprolijo cierre de listas, una interna que nadie controla y un presidente, Javier Milei, que no comprende que en la última parte de su mandato la motosierra no alcanza ni para contener a los propios. Estos elementos se conjugaron para provocar la peor crisis de la administración libertaria, justo antes del inicio de la campaña electoral.
Sólo una gestión eficiente, que combine auditorías con resolución de problemas, evitará que sigan acumulándose damnificados capaces de raspar al Gobierno hasta dejarlo contra las cuerdas. La baja de la inflación respecto a 2023 puede tener efecto electoral en octubre, pero difícilmente sea el único tema que figure en las encuestas durante la última parte del mandato libertario.
La ley de emergencia en Discapacidad, un sector que Milei despreció como ningún presidente desde el retorno de la democracia -con un inédito congelamiento de las prestaciones-, se convirtió, definitivamente, en el cisne negro de su gobierno. Complicó el vínculo con los aliados y permitió a sus enemigos provocar una implosión en su gabinete de la que no saldrá fácil.
El inminente rechazo al veto de la Emergencia en Discapacidad, que tuvo su primer capítulo en la Cámara de Diputados y se completará en diez días en el Senado, expuso las debilidades de la gestión libertaria. El Presidente quedó trabado, sin reacción ante las denuncias sobre corrupción que escalarán en la Justicia y en el Parlamento. Sus amenazas de judicializar la ley provocan risas entre los constitucionalistas, que compiten por llegar primero a Tribunales.
El Congreso dejó dos fotos. En la cámara baja, incluso con ayuda de gobernadores de todas las fuerzas en favor de la Casa Rosada, sigue habiendo una mayoría opositora dispuesta a abrir el recinto. Los heridos del cierre de listas engrosaron el número. Lo peor para el Gobierno está en la otra instantánea, la de Senado, donde sus detractores suman dos tercios, tienen agenda propia y están dispuestos a castigar a Milei cada semana. El próximo golpe es para dejarlo sin posibilidad de gobernar por decreto.
Hasta este domingo, con la excepción de Guillermo Francos, la orden oficial era no hablar de las escuchas del titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, al menos hasta que se conociera qué tiene entre sus manos el exfuncionario o, lo que es lo mismo, lo que es capaz de decir. El tiempo de espera acrecienta el escándalo.
Hasta el opositor más novato infiere que el equipo de comunicación, monitoreado por Santiago Caputo, le soltó la mano a Milei. El asesor tampoco puede hacer mucho sin información, aunque no sería la primera vez que juega a ciegas: en febrero, se movió para salvarlo del escándalo $LIBRA, a pesar de enterarse del tuit del Presidente cuando revisó sus redes sociales.
La denuncia de la ANDIS salpica a Karina Milei y a Lule Menem, su asesor. Junto a su sobrino, el diputado Martín Menem, ofician de guardianes de El Jefe y fueron dueños de la lapicera en los cierres de listas. Según esos diálogos de Spagnuolo, Lule monitorea un circuito de recaudación ilegal, con foco en proveedores de salud.
El escándalo llegó justo cuando los Menem y otros leales de la hermana presidencial (como el director del Banco Nación, Darío Wasserman), empezaban a lotearse el Gabinete para diciembre, con el plan de relegar a Caputo. Ya circulaban nombres para la SIDE, ARCA o el Ministerio de Salud. En Las Fuerzas del Cielo, el brazo militante de Caputo, se frotan las manos. “Spagnuolo tendrá que explicar con quién hablaba de coimas”, advierten. Parece que algo más saben.
Cerca de los Menem vinculan las filtraciones a la ruptura del bloque del miércoles, con heridos por el cierre de listas que no supieron contener. Dicen que algunos integrantes del flamante bloque Coherencia tendrían vínculos con inteligencia capaz de orquestar esta denuncia con material que estaba en resguardo hace un año.
Spagnuolo no es querido por nadie en La Libertad Avanza, donde arribó por gestión de José Luis Espert en 2021. Luego se convirtió en amigo y abogado de Milei, muy propenso a abrazar a desconocidos que lo hacen sentir bien. El miércoles lo echaron luego que se negara a renunciar. Nadie sabe cómo jugará en los próximos días: ni siquiera cumplió con la rutina habitual en estos casos, que es denunciar que los audios fueron editados.
La relación Spagnuolo-Espert será el eje de la campaña de Fuerza Patria en Buenos Aires. Un regalo inesperado para un peronismo que no termina de resolver su interna.
Las incursiones mediáticas del extitular de la ANDIS dejaron frases insólitas que deberá explicar en Tribunales. Una fue que reducir la cantidad de pensiones por invalidez requiere, necesariamente, de licuar prestaciones por discapacidad, que son administradas por el Estado pero que, en algunos casos, se financian con aportes directos de afiliados a obras sociales y prepagas.
El fallo del tribunal de Campana, previo a la sesión de Diputados, le refrescó al abogado Spagnuolo que Argentina está adherida a una convención sobre discapacidad, con rango constitucional, por lo que ignorar a este sector, de mínima, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al desplazado Le espera un largo recorrido por oscuros pasillos de la Justicia.
En la oposición no se quieren involucrar en internas y prefieren ir a fondo con los desfalcos concretos de la gestión. Esa línea la lidera el kirchnerismo, donde ya evitaron hablar de anteriores denuncias contra el presidente de la cámara baja por contratos con el Estado.
Recién si el escándalo crece, desde UP enviarán cinco preguntas al Ejecutivo sobre los supuestos vínculos con la droguería Suizo Argentina. Toman como base la denuncia presentada el año pasado por el Ministerio de Capital Humano a esta empresa, por supuesta administración fraudulenta.
En el peronismo, los sectores con contactos en la inteligencia sospechan de una venganza de Victoria Villarruel. Recuerdan que está rodeada de exmilitares con acceso a la SIDE y que en los audios filtrados, Spagnuolo cuestiona a Milei por relegarla.
En el PJ tampoco pasó desapercibido el nado sincronizado contra Milei de periodistas que supieron tener acceso privilegiado a Olivos. "Algo saben", repetían.
El foco en el Congreso estará puesto en el funcionario que tiene pisadas las prestaciones por Discapacidad: el ministro de Salud, Mario Lugones, cercano al sistema de obras sociales y prepagas.
La eliminación paulatina de estos beneficios, además, permite ahorrar al Estado las prestaciones que llegan a sectores con discapacidad de alta vulnerabilidad, que tiene un costo fiscal exiguo.
El martes Lugones fue citado a un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad, ambas presididas por Unión por la Patria. También está invitado al interventor de Andis, Alejandro Vilches, vinculado al ministro de Salud.
Lugones, además, recibió un pedido de interpelación de Encuentro Federal, que pronto se tratará en el recinto. Le exigen explicar porque licúa las prestaciones y niega certificados de discapacidad (CUD), en muchos casos con diagnósticos confirmados.
La ausencia de Lugones en el Congreso no haría más que alentar nuevas investigaciones judiciales en su contra. El martes a las 14, el ministro tendrá otro desafío en Diputados: la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos debatirá los proyectos para crear una comisión investigadora sobre la existencia de fentanilo contaminado, por el que hay casi 90 muertos.
El primer proyecto fue presentado por Silvana Giudici, del PRO, cercana a Patricia Bullrich, con foco en la investigación de los casos registrados en la provincia de Buenos Aires y en la figura de Ariel García Furtado, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
Unión por la Patria tomó el guante y presentó varias iniciativas para crear comisiones investigadoras con un eje más preciso: conocer porqué Lugones, a través de la Anmat, habilitó lotes de fentanilo contaminados, que además son investigados por posible uso para el narcotráfico. Tarde o temprano, el ministro deberá explicarlo.
El escándalo de las presuntas coimas se difundió entre las dos sesiones del Congreso que tuvieron nuevas derrotas para el Gobierno. Aunque no todas fueron pálidas: en Diputados, Menem logró con lo justo el tercio para blindar el veto al aumento de jubilaciones.
Con una reunión de urgencia en su despacho, el riojano alineó a gobernadores aliados y a otros que no se animaban a jugar, como Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien aportó la abstención decisiva de la radical Marcela Antola, integrante del bloque liderado por Facundo Manes e identificado con Martín Lousteau.
En los grupos de WhatsApp, Antola se negaba a confirmar su decisión y nadie la supo hasta la votación. La tensión fue extrema. Menem tuvo una derrota: no evitó la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA, que funcionará en la campaña.
En el Senado, La Libertad Avanza está rendida como ningún oficialismo en la historia. Es que el cierre de listas dejó a todo el bloque radical enfrentado a la Casa Rosada, a excepción de Mendoza. El gobernador chaqueño, Leandro Zdero, excluyó de la lista a Víctor Zimmerman, de los aliados más eficientes que tuvo el oficialismo en la cámara alta.
Entre los radicales sin tierra, sólo Carolina Losada juega para el Gobierno. En Unión por la Patria observan asombrados como quienes eran socios del Gobierno se convirtieron en enemigos. Es el caso del bloque Provincias Unidas, que integran la cordobesa Alejandra Vigo, Carlos Espínola (Corrientes) y Lucila Crexell (Neuquén).
Con este nivel de acuerdo, la oposición reúne con facilidad los dos tercios y puede manejar la agenda a gusto. En la última sesión, los bloques opositores sancionaron leyes y voltearon decretos sin chistar. El oficialismo no reacciona. Observa.
En la próxima sesión, que sería 3 ó 4 de septiembre, la oposición rechazará en forma definitiva el veto a la emergencia en Discapacidad y aprobará un proyecto para restringir el uso presidencial de los DNU, que fue dictaminado el miércoles y estuvo por incluirse en la sesión del jueves. El proyecto limita los temas de un decreto y establece 90 días para su tratamiento: si en ese lapso no se aprueban, quedan derogados. Diputados definirá si este texto es ley. Justo antes de las elecciones.
