Mandatarios de todas las fuerzas sacuden a Javier Milei en ambos recintos. No habrá más ajuste sin consenso. Dos reformas esperan enero. El futuro de los ATN.
Los gobernadores durante la apertura de sesiones.
Los gobernadores ya no aceptan provocaciones ni promesas incumplidas y no quieren ser socios de un plan económico al que no le encuentran rumbo. Diseminados en grupos diversos, decidieron avanzar contra Javier Milei desde el Congreso, que definirá, quiera o no el Presidente, en qué áreas puede ajustar y en cuáles no.
Resignados, el flamante ministro del interior, Lisandro Catalán, y el presidente de la cámara baja, Martín Menem, planean un acuerdo marco con las provincias en diciembre, como única vía de gobernabilidad. Consiste en tratar, desde el 20 de enero de 2026, una reforma tributaria y otra laboral.
Imaginan debates intensos, similares a los que permitieron sancionar la ley Bases hace poco más de un año, sin Milei haciendo bravuconadas en redes ni Santiago Caputo dando vueltas por el Congreso o enviando su granja digital a romper acuerdos. Ambos apuestan a que, terminada la campaña electoral, los gobernadores no peronistas ayuden, al menos esos días.
Catalán y Menem no tendrán una tarea fácil. Necesitan confiar en que Milei entenderá, de una vez por todas, que su futuro está atado al vínculo que tenga con las provincias y el Congreso. Su plan de bajar el riesgo país y buscar financiamiento externo no puede prosperar sin acuerdos políticos.
Los gobernadores escondieron hasta el miércoles su decisión de enviar a las bancas que les responden a rechazar los vetos a las leyes de emergencia en pediatría y refuerzo presupuestario a universidades. No querían ser arrastrados en la previa por el relato de la línea dura de Unión por la Patria, con la que mantienen alianzas ocasionales, sólo para castigar al Gobierno. Tratan de dejarlo claro.
Los mandatarios de todos los espacios están dispuestos a marcar la agenda legislativa de Milei en lo que quede de su mandato. A diferencia de un año atrás, sienten que en sus distritos tienen respaldo para arrinconar al Presidente. La pérdida de popularidad del libertario no es sólo en Buenos Aires.
Los jefes locales se fragmentan en varios grupos. A los del peronismo (Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Formosa y Tierra del Fuego) se suma la línea de Provincias Unidas (Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Corrientes). El martes, estos últimos decidieron votar juntos siempre y la mayoría de las veces, contra el Gobierno. El articulador legislativo de este espacio es el exsecretario de Interior Sebastián García De Luca.
En PU están convencidos de que le ganarán a La Libertad Avanza en sus respectivas provincias en octubre y se consolidarán como árbitros legislativos. Junto a socios de otras jurisdicciones, definirán si prosperan los proyectos de la administración libertaria o si avanza una embestida de la oposición dura.
Saben que no están solos. Los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones, que comparten bloque en Diputados (Innovación Federal), ya no acompañarán ajustes en áreas sensibles y sólo ayudarán a Catalán con algunas leyes menores.
Los mandatarios de Entre Ríos, Chaco y Mendoza, aliados electorales de Milei en octubre, lo acompañarán hasta la puerta del cementerio. Una posición parecida tendrá Marcelo Orrego (San Juan).
La dupla mendocina Lisandro Nieri - Pamela Verasay votó en contra del veto al financiamiento de las universidades, cuando ya las cartas estaban echadas. Verasay es candidata de LLA en Mendoza y fue una de las tantas deserciones propias que tuvo el oficialismo el miércoles.
La tercera parte del bloque PRO no ayudó a sostener los vetos –entre ellos, varios que tienen mandato hasta 2027- y entre negativos y ausentes hubo ocho diputados elegidos en 2023 en la boleta de Milei que tampoco colaboraron.
Si estas conductas se naturalizan, el tercio del recinto que Menem expondrá como propio tras las elecciones de octubre para blindar vetos servirá poco y nada.
Los giros de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) realizados el lunes a cuatro provincias no cambiaron la decisión de ningún gobernador porque se trataba de partidas ya asignadas. Milei sigue sin entender las reglas del juego. Cuando se trate el Presupuesto 2026, ya no podrá retener esos fondos –prospere o no el veto a la ley sancionada que lo impide- porque en el Congreso, está claro, hay dos tercios para impedirlo.
Hay una relación de fuerzas que el Presidente no quiere o no puede ver y quedará expuesta otra vez el miércoles. Ese día, el diputado y candidato José Luis Espert abrirá la comisión de Presupuesto para debatir la ley de leyes de 2026. El economista pidió por nota consensuar un esquema de trabajo.
La discusión no empezó bien: el aumento de partidas sociales que anunció Milei no está plasmado en las planillas. Hay otro ajuste a Discapacidad. Tampoco están las concesiones viales ni la obra pública prometidas. Será un premio que el Gobierno pagará al final del debate, si es que maneja los tiempos. Difícil.
Los agentes financieros tienen motivos para no apostar por Milei si, envuelto en su épica, ignora que la Constitución le asigna al parlamento el rol de definir gastos e ingresos. Menos aún puede prosperar el crédito que pedirá la semana próxima al secretario del Tesoro de Donald Trump, con quien mantendrá una bilateral el martes. ¿Acaso en Washington no saben que el consenso parlamentario para ese empréstito es imposible?
El Presidente está enfrascado. No comprende que la mera intervención legislativa en el manejo de recursos no infiere necesariamente déficit fiscal, pero lo obliga a consensuar la ponderación de partidas. Así funciona la democracia, le guste o no. Lo saben los potenciales inversores que no largan sus dólares.
El año pasado, Milei no quiso negociar el texto del Presupuesto y hoy está pagando las consecuencias. La maniobra le permitió gobernar con los gastos estimados para 2023 –con una norma prorrogada dos veces-, recaudar por encima de lo previsto, repartir y ajustar a gusto. Nadie en su novato equipo legal le advirtió que esas decisiones podían ser revisadas por el Congreso. Y así fue.
Lo que siguió es historia conocida: sectores sensibles golpeados por la merma de partidas, como universidades y Discapacidad, donde el ministro de Salud, Mario Lugones, licuó un fondo de prestaciones que incluye aportes privados, presionaron a la oposición y lograron ser escuchados.
Nadie consiguió que Milei parara la oreja ante sus derrotas legislativas, que ya merecen un capítulo en los libros de historia. Lo habitual es que los gobiernos usen herramientas de negociación para no perder votaciones en el Congreso. El líder libertario no lo hizo y hasta se somete a que le rechacen vetos como ningún jefe de Estado anterior.
La agenda de cachetazos a Milei no se detiene. El jueves 2 de octubre, el Senado dejará firme el refuerzo al presupuesto universitario y a la emergencia pediátrica. Los expedientes llegaron este viernes a la cámara alta: ya no hay interés ni siquiera en jugar con los tiempos burocráticos.
Esa misma semana sesionará la Cámara de Diputados, para hacer un intento de sostener la ley que coparticipa los ATN, cuyo veto fue rechazado en el Senado, pero en el otro recinto ese mismo final no está garantizado.
Los gobernadores aliados tomaron bien la contrapropuesta que Catalán llevó a Diputados hace un mes, plasmada en un dictamen de los radicales mendocinos: consiste en coparticipar los remanentes que queden después de atender emergencias.
Más de un tercio del recinto de la cámara baja votó en contra del proyecto para coparticipar ATN, por lo que, si se repitiera esa matemática, el oficialismo podría sostener el veto. Para que eso ocurriese, Milei debería reiterar su propuesta y plasmarla en un proyecto propio. El problema es que el Presidente, en este año, nunca mueve una pieza en el Congreso y siempre todo le puede ir peor.
El incumplimiento de las leyes sancionadas es otro foco de conflicto, con una escalada judicial peligrosa para Milei. Si Guillermo Francos decidiera este lunes promulgar la emergencia en Discapacidad, pero no implementarla, como rumorean en la Casa Rosada, podría enfrentar un intento de destitución en ambas cámaras. La Constitución lo permite.
El diputado Oscar Carreño (Encuentro Federal) y la senadora Cristina López (Unión por la Patria) preparan proyectos para presentar si Francos se declara en rebeldía.
El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) presentó una denuncia penal contra Milei, Francos, María Ibarzábal Murphy (secretaria de Legal y Técnica, cercana a Caputo) y Walter González (director del Boletín Oficial).
La investigación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, sin relación con el Gobierno. El magistrado deberá considerar como antecedente un fallo de la justicia federal de Campana, ratificado por la Cámara Federal, que obliga a Milei a no ajustar en Discapacidad, por estar vigente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Karina Milei será foco de investigaciones en Diputados la próxima semana y hasta ahora no ejerció defensa. El martes, a las 14, un plenario de comisiones aprobará su interpelación junto a la de Lugones, por el caso de las presuntas coimas de la ANDIS.
Hay mayoría de sobra en el recinto para ponerle fecha a las citaciones, aunque se descuenta que ninguno irá, favorecidos porque no hay sanciones previstas por el faltazo.
A las 16 de ese mismo día la comisión que investiga la presunta estafa de $LIBRA esperará a la secretaria general, quien ya avisó que no irá. Volverá a ser citada una semana después.
El dato, para ese entonces, es si la Justicia mandó a buscar por la fuerza al resto de los testigos que dejaron su silla vacía, como el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y la funcionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo. Si eso pasa, a la secretaria general de la Presidencia le espera el mismo destino.
La oposición no logró acceder a información fidedigna del expediente, que instruye la jueza María Servini y rechazó esta semana su colega Marcelo Martínez de Giorgi.
La investigación es lenta y no alcanza para conocer quiénes fueron los titulares de las billeteras virtuales que fondearon $LIBRA y luego provocaron la caída de su cotización. Es el dato clave que quiere la oposición para ponerle nombres y apellidos a las denuncias de estafas. Creen que aparecerán figuras reconocidas del Gobierno. Más de una.