Nicolás Posse y Guillermo Francos, con autoridades del PRO en la Cámara de Diputados. Debatieron sobre el pacto fiscal, que tiene la reforma de Ganancias.
Consiste en establecer excepciones a personal sensible que pudiera estar afectado por la decisión, como policías, guardias médicas y docentes. Además, proponen igualar los pisos y escalas entre empleados en relación de dependencia con autónomos y monotributistas.
El planteo fue realizado en la Casa Rosada por tres referentes del bloque PRO de Diputados: Cristian Ritondo (el jefe), Silvia Lospennato y Silvina Giudici, cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por el Gobierno participaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; su vicejefe, José Rolandi; y el ministro del Interior, Guillermo Francos. También participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Mientras que en el norte del país los gobernadores quieren aumentar la recaudación de Ganancias, porque redunda en mayor coparticipación federal y es clave para sus arcas.
La discusión definitiva por este tema será entre Francos y los gobernadores la semana próxima. Iba a ser este lunes, pero el ministro prefirió reprogramar para afinar los números.
Reforma laboral, adentro
Como anticipó Letra P, Milei enviará sus dos proyectos en abril con la expectativa de tener un acuerdo para aprobarlos en Diputados alrededor del 20 de ese mes y sancionarlos en el Senado en mayo. Sería en la previa el pacto que convocó con los gobernadores para el aniversario patrio del 25, a realizarse en Córdoba.
Para llegar a una mayoría en el Congreso, Milei necesita un consenso con los gobernadores de partidos provinciales, de UCR y PRO, y escuchar a referentes sin tierra del radicalismo o de Hacemos Coalición Federal, decisivos para el cuórum.
Las autoridades de estas bancadas visitaron la Casa Rosada la semana pasada y volverían a ir en los próximos días, a revisar nuevos borradores, hasta que el Gobierno pueda garantizar los votos.
Hay proyectos presentados por parte de la mayoría de los bloques opositores. El gobierno prefería que se validara el DNU, pero mientras tanto aceptó buscar una ley.