El Foro de la UCR hace punta. El gobierno ofrece opciones con reintegro. Adhesiones en juego a meses de las elecciones. Pedidos de eficiencia en la propia casa.
Intendentes del departamento San Justo en la misa de León XIV en Córdoba
“No se había terminado de ir el Papa León XIV y ya nos estaban llamando para pedir fondos”. El sujeto tácito (difuso) de la afirmación es el colectivo de intendentes de la provincia de Córdoba. Quien la enuncia es un funcionario que conoce los vericuetos de la negociación entre el Ejecutivo provincial y sus pares municipales.
Despojada de humor, la descripción describe una de las tantas discusiones que habían quedado en stand by en una provincia hasta ayer sumergida en modo papal. No se trata de una problemática flamante. Cada fin de año llega con la inquietud, para muchos, sobre la disponibilidad de los fondos para abonar los aguinaldos a los empleados municipales.
El 2026 añade capas a dicha dificultad. La primera es la delicada situación financiera de la mayoría de los pueblos y ciudades cordobesas. La merma en la recaudación propia, fruto de la caída en la actividad económica, y la poda de fondos desde el gobierno nacional tiñen de rojo los cálculos diarios.
Desde enero de 2024 sólo la caja que maneja Martín Llaryora permanece abierta. Exintendente, de dos ciudades, el gobernador conoce la dinámica a que obligan las necesidades de gestión. Pero también reconoce la existencia de una escasez creciente por el contexto. Justo en la antesala de su intento por la reelección, sin fecha definida, pero estimada en cuatro o cinco meses.
La pasada semana el Foro de Intendentes Radicales trasladó su inquietud a Gustavo Brandan, ministro de Mutuales y Cooperativas de la Provincia, y Augusto Pastore, secretario de Gobierno de la Provincia. Ambos son los funcionarios encargados del enlace con los más de 150 jefes comunales que cuenta como propios la UCR.
Presidido por Rubén Dagum, intendente de Almafuerte y sucesor de Marcos Ferrer, el Foro representa una de las vías institucionales de diálogo con el gobierno cordobesista. Sus posturas suelen reflejar las distancias que median entre las prédicas boinablanca para recuperar la gobernación y las necesidades económicas que conlleva administrar los territorios.
La preocupación había sido presentada ya en agosto. Esta vez fueron unos 60 intendentes los que pusieron de manifiesto su problema compartido. Según afirmaron, hay al menos otros 30 en la misma situación. Los funcionarios provinciales ofrecieron adelantos de coparticipación. También recordaron la continuidad del fondo permanente, conformado por un 2% de la coparticipación que recibe cada municipio.
Algunos intendentes apuntaron a una promesa de reparto de los 400 mil millones de pesos girados por la administración nacional, precisamente como adelanto de coparticipación, a la Provincia. Sus interlocutores explicaron que tal cesión requiere una devolución en tres pagos, por lo que cualquier derivación debía seguir la misma lógica. “No es plata nuestra”, remarcan.
Acceder a tal oferta obligaría a los intendentes a contar con una ordenanza aprobada en cada Concejo Deliberante. “Eso implicaría que desnuden sus limitaciones económicas. No todos quieren”, analiza una fuente calificada consultada por Letra P.
Con similares necesidades, intendentes del este provincial, peronistas y aliados realizaron similares pedidos este miércoles. La respuesta no cambió pese a la sintonía.
Desde la gobernación interpretan que algunos pedidos derivan de las expectativas que genera la presencia de Llaryora en sus giras por la provincia. No obstante, aseveran que no es asistencia lo que falta. “Escuchan promesas y quieren en consecuencia. No quieren obras, porque ya tienen. En todo pueblo hay al menos una obra en marcha. Pero no tenemos plata para sus gastos corrientes”, afirman.
También hay, en réplica tácita, un cuestionamiento a la gerencia de decenas de jefes comunales. Aún reconociendo la existencia de excepciones, así como de diferencias según la cantidad de habitantes, denuncian que las carencias también se originan en malas administraciones. “Tienen que tener una previsión presupuestaria adecuada. La recaudación ha caído, pero también hay que saber el valor de cada servicio que se presta. Nosotros los asistimos y vamos a seguir asistiendo con las herramientas que dispongamos. Pero tienen que ser eficientes”, dicen.
Otras voces toman como ejemplo un dato que definen como alarmante. La mayor parte de los intendentes usa dinero del fondo permanente para pagar sueldos, no para planes de obras. “Ya se lo gastaron”, sintetizan.
Las interpretaciones políticas no escapan al contexto preelectoral. Desde la provincia no ocultan molestias por lo que definen como doble estándar en los criterios de los opositores. “Dicen que quieren menos Estado, pero después quieren que el Estado los asista. Nos piden que ajustemos, que achiquemos, que tengamos una mano siempre abierta. Piden para pagar los sueldos, pero ni siquiera ajustan gastos. Entendemos la necesidad de gestión, pero pedimos congruencia”, fustiga un llaryorista puro.
“Que al menos den la batalla cultural. No entienden que si fallan en su gestión, la gente los va a culpar a ellos, porque a ellos recurre”, añade.
Las consideraciones permiten lecturas laterales. Acaso no sea necesario expresar, a ministros y secretarios, la disyuntiva que prevén para los intendentes: acompañan el proyecto de reelección cordobesista que les ha ofrecido asistencia o se enfrentan a la versión local de la motosierra, seguramente empuñada por Gabriel Bornoroni.
En las próximas horas, el proyecto de presupuesto brindará un primer test de fidelidad. En el Panal esperan que los intendentes presionen a los legisladores propios para no trabar la iniciativa. También aguardan una sintonía con el espíritu de no ajustar alícuotas por encima de la inflación. La expectativa se cierne sobre los 150 radicales, pero también abarca a los aliados. En 2027, 335 jefes comunales se jugarán su reelección. Todos, sin excepción, deben pasar diciembre.
