El PRO y la UCR pusieron las rúbricas para el proyecto de propiedad privada, una semana después del plenario de comisiones. Podría sancionarse el 19.
Patricia Bullrich y Agustín Coto (La Libertad Avanza), en el Senado.
El debate por la continuidad de la ley de tierras podría llegar a su fin. Recién el viernes, La Libertad Avanza (LLA) reunió en el Senado las firmas para dictaminar el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, con la restitución de la norma de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
Como contó Letra P, la iniciativa se trató en las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales de la cámara alta el miércoles 28 de octubre. Fue coordinado por Agustín Coto (LLA) y no pudo ser despachada porque varios aliados de LLA se fueron sin firmar, como Victoria Huala (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Carolina Moises (Convicción Federal) y Maximiliano Abad (UCR).
Recién ocho días después estos senadores pusieron sus rúbricas y el expediente quedó listo para ser tratado en el recinto. De esta manera, podría ser sancionado en la sesión prevista para el jueves 19, para convertir en ley las nuevas disposiciones sobre discapacidad. La iniciativa en cuestión fue enviada en marzo por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Después de tres meses de debates en comisiones, el 6 de agosto fue aprobada sin tres capítulos originales, entre ellos el que derogaba los límites a la extranjerización de tierras dispuestos en 2011, que habían sido eliminados en el DNU 70/23, pero luego fueron restablecidos rápidamente por la justicia federal de La Plata.
El debate por la extranjerización de tierras dominó el último invierno, cuando, aún después de varias modificaciones al texto original promovidas por Patricia Bullrich, una movilización en las calles la obligó a sostener la norma. Fue así que el proyecto de propiedad privada fue aprobado sin el capítulo que la eliminaba.
La ley 26.737 restringe la venta de lotes a no residentes al 15% de la superficie y establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30%. Además, fija un tope de 1000 hectáreas por persona en la zona núcleo. Cuando parecía un tema olvidado el 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó el fallo que había ratificado la vigencia de estas regulaciones y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/23, que las elimina.
Diez días más tarde, el máximo tribunal dictó una cautelar para mantener la polémica regulación. Fueron semanas de desconcierto en el Gobierno, que para evitar que la oposición deroga la totalidad del decreto, dictaminó en Diputados el expediente de propiedad privada con dos artículos que garantizan la perdurabilidad de las restriciones a las compras de tierras dipuestas por CFK. Uno deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y otro el que establece la plena vigencia de la ley 26.737. De esta manera, si el proyecto de Sturzenegger se sanciona, la expresidenta tendrá un motivo para festejar.
La Libertad Avanza logró mantener solo tres de los seis capítulos del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada original. Uno contempla juicios sumarísimos para desalojos. Los inquilinos intimados tendrán diez días para regularizar la situación. La propuesta original disponía un plazo de tres días. En los casos en que se encuentren familias, personas con discapacidad o ancianos, los organismos locales deberán ubicar alternativas habitacionales en diez días.
La iniciativa también restringe las expropiaciones. Garantiza el pago a valor de mercado de los bienes eventualmente tomados por el Estado. También se pagará una indemnización por lucro cesante, que no podrá exceder al equivalente al 30% del valor del daño emergente, "salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior".
La versión inicial de la propuesta de Sturzenegger proponía derogar la ley de manejo del fuego, sancionada cuatro años antes, a partir de una iniciativa de Máximo Kirchner, que prohíbe modificar durante 30 años el uso de una propiedad incendiada. El capítulo se cayó en el recinto y estos límites seguirán vigentes.
En comisiones, la oposición había desechado la eliminación del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), un sistema que revela las villas, asentamientos y urbanizaciones informales del país con el fin de promover su integración socio-urbana. El ministro quería eliminarlo para facilitar desalojos. No fue posible.
