El ministro promueve un proyecto del MID que excluye del beneficio a ex jefes de Estado, pero también a supremos y eclesiásticos. Caputo, custodio del PRO.
Javier Milei y Federico Sturzenegger en el Congreso.
No conforme con los proyectos que envió a Diputados este lunes -ley de hojarascas, divorcio exprés y desburocratización de la justicia-, Federico Sturzenegger habilitó el debate legislativo para eliminar las jubilaciones de privilegio a exintegrantes de binomios presidenciales, miembros de la Corte Suprema y otros cargos judiciales, la Iglesia o la diplomacia.
La iniciativa fue presentada por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, quienes en abril dejaron la Libertad Avanza y armaron el bloque MID, pero tienen silla reservada en la reunión de coordinación legislativa que se hace cada lunes en la Casa Rosada, con presencia del oficialismo y del PRO.
Falcone y Zago presentaron el proyecto en junio, luego de no avalar el artículo de la vetada reforma previsional, promovido por la UCR, que proponía derogar las jubilaciones de privilegio de ex presidentes y vices pero no tocaba al resto de los beneficiados. No tuvo mayoría para ser incorpoado.
Este lunes, en la Casa Rosada, Sturzenegger y su mano derecha, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, informaron que habían leído la iniciativa de Zago y Falcone y estaban dispuestos a impulsarla. Ambos ya la habían presentado hace 15 días ante el ministro y el viceministro del Interior, Lisandro Catalán. Esa vez, el tema fue incluido en la gacetilla difundida desde la jefatura de Gabinete, pero no estaba claro si el Gobierno estaba dispuesto a ir a fondo.
Sin Zago en la reunión -está de viaje y fue reemplazado por la diputada María Cecilia Ibáñez, también del MID-, Fariña recibió a la comitiva de Diputados dándole el visto bueno al proyecto de los exlibertarios. "La leímos y nos pareció bien", señaló el funcionario, con el asentimiento de Sturzenegger.
De inmediato, Cristian Ritondo, jefe del PRO, anunció que tiene 10 iniciativas en su bloque similares y quería sumarlas al debate. El economista prometió estudiarlas, advertido por Martín Menem sobre la necesidad de darle lugar al bloque amarillo antes de definir una hoja de ruta en el Congreso.
Escuchó en silencio el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien luego abandonó la reunión y fue reemplazado por el asesor presidencial Santiago Caputo. Fue el momento en el que Ritondo repasó la agenda de su bloque.
El proyecto del MID deroga cuatro leyes que determinan las jubilaciones de privilegio en Argentina. La 21.540 abarca a los diferentes cargos de la iglesia. Dispone una jubilación del 70% de la remuneración de un juez de primer instancia a arzobispos, obispos con jurisdicción sobre Arquidiócesis, Diócesis; Prelaturas o Exarcados del Culto Católico, Apostólico, Romano; y al vicario castrense para las Fuerzas Armadas.
La norma otorga además un 60% de ese haber al retiro que cobran los obispos auxiliares de Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas o Exarcados del Culto Católico, Apostólico, Romano, el Pro-Vicario Castrense para las Fuerzas Armadas con dignidad episcopal, y los Obispos Auxiliares para las Fuerzas Armadas.
La ley 22.430 beneficia con una asignación mensual vitalicia equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia a los sacerdotes seculares del culto católico, apostólico, romano, que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados. Sólo deben acreditar haber cumplido cinco años de servicios.
El proyecto de Zago y Falcone también elimina la ley 22.731, que beneficia con una jubilación especial al personal diplomático, equivalente al 85 % de la remuneración total asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada en el Servicio Exterior.
La ley 24.018 es la que beneficia "al presidente, vicepresidente y los jueces de la Corte Suprema", con asignaciones mensuales y vitalicias, pero también contempla haberes superiores a funcionarios del Poder Judicial, donde ya se activó un lobby para pedirle protección a Milei.
Según está norma, que Zago y Falcone piden derogar, los miembros del máximo tribunal que acrediten cuatro años en el cargo, 30 de servicio y no menos de 60 de edad pueden jubilarse con "la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de dichos cargos".
La misma asignación tendrían quienes hayan ocupado la presidencia, mientras que para exvices se asignan tres cuartas partes de ese monto. Con estas reglas, quien haya ejercido el máximo cargo del Estado gana más que quien esté cumpliendo esa función. El caso más peculiar es el de Adolfo Rodríguez Saá: fue presidente una semana y, desde su residencia, en San Luis, tiene mayores ingresos que Milei.
La ley también establece jubilaciones especiales para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, quienes reciben como retiro el 82% del promedio de las 120 remuneraciones mensuales, pero tienen un aporte del 18% en vez del 11%, a partir de una ley sancionado en 2020. También percibían jubilaciones de privilegio los legisladores, pero ese beneficio se eliminó por un decreto hace dos décadas y nunca se restableció.
El asesor de Milei apareció al final de la reunión, justo cuando Ritondo enumeró los proyectos presentados por el bloque que aún no fuero tratados en el Congreso. Algunos tiene dictámenes como ficha limpia, que es la prohibición de ser candidatos a quienes tengan condena por corrupción. De prosperar, podría proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Tal vez por eso aún no hay acuerdo para llevarlo al recinto.
También está pendiente las facilidades para votar que tendrán los residentes en el extranjero. Ritondo pidió avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas, un proyecto de Hernán Lombardi. Otro tema de su bloque es la extinción de dominio, que permite decomisar bienes obtenidos por corrupción. Rige por DNU desde 2019, pero el bloque amarillo la quiere por ley.
Hay más iniciativas de los amarillos cajoneadas como la creación de la agencia de seguridad anti narcotráfico, que por ser un delito federal sólo se puede combatir con fuerzas nacionales; la promoción al hidrógeno verde y metano, cambios a la ley de salud mental, el combate a la ludopatía y la propiedad intelectual, en comercios como alquiler de habitación de hotel y hospedaje.
Una discusión pendiente son los proyectos sobre creación de las Sociedades Anónimas Deportivas sea en el Congreso, Hay proyectos del PRO y la Libertad Avanza.