El proyecto para desburocratizar la justicia habilita la intervención de otras entidades crediticias. ¿Guiño a Macri? Fin de los edictos con capital público.
Federico Sturzenegger.
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, se cobró una pequeña revancha personal en el proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados para facilitar los trámites judiciales: uno de los artículos elimina la obligación de efectuar los depósitos de los Tribunales en el Banco Nación y habilita a otras entidades con participación pública, como el Banco Ciudad.
Lo hace con la modificación del artículo 1 de la ley 26.764, sancionada en 2012 con el objetivo de girar al Banco Nación los depósitos judiciales de tribunales nacionales y federales que estaban en la entidad porteña, que en ese entonces presidía Sturzenegger. Fue una ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, sancionada con lo justo por la resistencia de la mayoría de la oposición.
El ahora ministro recortó esa medida por primera vez en el DNU 70/23, que aún está vigente, y deroga el artículo segundo de la ley de creación de la Carta Orgánica del Banco Nación, donde se disponía que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales deben hacerse en ese organismo, con la excepción de la jurisdicción porteña, que luego fue absorbida en la norma sancionada hace doce años.
“La liberalización no funcionó, porque en algunas provincias donde hay una entidad privada que quiso hacerse cargo no pudo con la logística y terminó contratando las ventanillas del Banco Nación”, contó a Letra P el diputado de Unión por la Patria José Palazzo, jefe del gremio La Bancaria.
El artículo 16 de la ley para desburocratizar la justicia, que apunta a digitalizar el dinero que mueven los juzgados, establece que “los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán en una entidad bancaria, a elección de los tribunales, en la que el Estado nacional, las provincias o la Ciudad autónoma tenga participación accionaria”.
De esta manera, se excluyen las entidades privadas plenas y se invita a una competencia entre los bancos públicos o mixtos, sin distinción de cuánta participación estatal se requiere. Además, cada juez, con la anuencia de las partes intervinientes en una causa, estaría habilitado a sacar los depósitos del Nación y trasladarlo a otra entidad.
La regulación incluye depósitos en monedas nacionales y extranjeras y el Banco Central actuará como ente regulador. La medida tiene como claro objetivo a mediano plazo vaciar al Banco Nación y forzar el ingreso de capitales privados, otra de las propuestas de la ley ómnibus que fue desechada por la oposición dialoguista.
El intento de desguace a la entidad que preside el cordobés Daniel Tillard no forma parte del mensaje del proyecto, que propone la “modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia ante la necesidad de producir en el funcionamiento judicial mejoras de orden cualitativo que se consideran indispensables, con fundamento en las disponibilidades existentes en materia tecnológica”.
Tillard ya dió muestras de su desinterés por sostener la red de sucursales del Banco Nación: informó que cerrarán en aquellas provincias o municipios que suban impuestos o tasas.
El proyecto para desburocratizar la justicia modifica la ley 9.667 para impedir que los fondos judiciales se trasladen mediante extracciones y sólo puedan girarse por medios electrónicos, siempre mediante la orden de un juez, quien resulta responsable de cualquier irregularidad en los flujos de dinero.
La iniciativa enviada al Congreso propone digitalizar el Archivo General de la Nación, que demás deberá contener un Registro de Juicios Universales. Cuando no sea posible, el archivo papel estará formado con los expedientes terminados y paralizados por más de un año; y los protocolos de escrituras otorgadas por los secretarios, según lo establecido en una acordada de la Corte Suprema.
Además, se eliminan los edictos judiciales, como se conoce a las comunicaciones que realizan los tribunales sobre sus decisiones y deben publicar en en diarios impresos de la región en la que se instruyan las causas.
Fiel al estilo, el Gobierno no derivó esas publicaciones a los medios de comunicación con formato digital sino que la tarea recayó en el Boletín Oficial de la Nación. Otra fuente de ingresos que perderán los editores periodísticos. Por último, el proyecto busca mecanismos más eficientes con respecto a la custodia y disposición de los bienes secuestrados en las causas penales. Apunta a retener “dinero, títulos y valores secuestrados”.
El Gobierno también envió un proyecto para habilitar el divorcio express, sin pasar por Tribunales si hay acuerdo entre las partes. Lo hace al modificar el artículo 437 del Código Civil y Comercial, que hasta ahora establece que la ruptura de un vínculo se concreta judicialmente “a petición de ambos cónyuges o de uno de ellos”.
El proyecto promovido por Mariano Cúneo Libarona permite hacer el trámite “en sede administrativa, exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal”.
Con el Código Civil actual, modificado en 2015, el vínculo se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y divorcio declarado judicialmente. Se sumará como cuarta opción el divorcio en sede administrativa.
La medida formó parte de la ley ómnibus y fue excluida por pedido de la oposición. Influyó en la decisión el lobby de los colegios de abogados, molestos porque habrá menos litigios.