Aún sin la presencia del gobernador Martín Llaryora, el peronismo de Córdoba ocupó un rol protagónico en las calles por las que transcurrió la movilización convocada este martes para reclamar al gobierno de Javier Milei que cumpla y aplique la ley de financiamiento universitario.
En representación del gobernador, quien este martes realizó una recorrida por el este de la provincia, una nutrida delegación de dirigentes marchó al frente de distintas columnas, hasta finalmente confluir en un torrente estimado en más de 100 mil personas.
Ministros, legisladores provinciales, diputados, la senadora Alejandra Vigo, funcionarios municipales y concejales marcaron una presencia numérica superior al de fuerzas opositoras.
Ausentes con aviso las referencias de La Libertad Avanza (sólo presentes en pancartas de rechazo), sin participación orgánica del Frente Cívico, sólo el radicalismo aportó rostros conocidos, aunque en menor número y sin evitar el reflejo de las internas que aún lo estragan y le impiden tomar una posición unívoca en tantos temas calientes.
Como se descontaba, el PJ cordobesista no perdió la oportunidad de ocupar una de las escenas en que mayor contraste puede lograr ante una administración libertaria que ofrece nuevos recortes a las partidas destinadas a educación, antes que avenirse a cumplir con una norma aprobada y refrendada en el Congreso.
De paso, la legitimidad del reclamo permite quitar de la agenda las quejas que le han lanzado los docentes provinciales, primero por una recomposición salarial a la que el gobierno apenas pudo encauzar con la paritaria, luego por la falta de fondos para algunos programas específicos.
Vocero en ese y otros conflictos, Miguel Siciliano, ministro de Vinculación Comunitaria, ocupó rápidamente un lugar protagónico, apenas detrás de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y sus retadores en la elección que se celebrará la próxima semana.
Flanqueado por la diputada Natalia de la Sota y Liliana Montero, secretaria de Salud y Desarrollo de la Provincia, el también diputado electo destacó que el gobierno de Córdoba “no sólo acompaña los reclamos de la universidad nacional, además apuesta por la construcción de universidades provinciales”. En simultáneo, destacó que la universidad pública sigue siendo “sinónimo de movilidad social ascendente y la denominación de la justicia social”.
Luego se sumó a la columna del Partido Justicialista, la que mostró el mayor número de referentes. Encadenados sobre una extensa pancarta, descendieron por avenida Irigoyen Vigo; el legislador Facundo Torres Lima; el diputado Ignacio García Aresca; la secretaria de Ambiente, Victoria Flores; y el legislador Leonardo Limia.
El nombre de los parlamentarios nacionales había circulado ya antes de la marcha. Por la mañana, en nombre del bloque, Juan Schiaretti había trazado un límite en sus cuentas de redes. “No podemos permitir ajustes sobre quienes estudian, investigan y construyen conocimiento para la Argentina”, dijo, en un texto al que añadió las firmas de sus pares de banca.
“Apoyamos el reclamo de las universidades públicas ante el ajuste presupuestario y el recorte del financiamiento por parte del Gobierno nacional”, repitió la senadora ya por la tarde. “No vamos a permitir la continuidad del desfinanciamiento universitario”, profundizó el dirigente sanfrancisqueño e íntimo amigo de Llaryora.
Desde el recinto provincial, Torres Lima remarcó que la convocatoria representaba a toda la Argentina “en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad”. “El financiamiento universitario no es un gasto, es una inversión en el futuro del país”, subrayó.
En la misma columna, en que predominaban combinaciones de azul y blanco, se mostraron funcionarios municipales de trato fluido con la cúpula cordobesista, como el secretario de gobierno de la Municipalidad, Rodrigo Fernández, y el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad, Héctor Pichi Campana.
Al frente de la columna de la Juventud Peronista, hasta fundirse con el resto, se ubicó José Scotto, voz de creciente rodaje en confrontaciones digitales. “El pueblo le dijo al gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que ponga los recursos para seguir profundizando la formación de los argentinos, a lo largo y ancho del país”, enfatizó el presidente de la Agencia Córdoba Joven.
Necesaria, obligada por su historia y su vínculo con la UNC, la presencia del radicalismo cordobés no pudo callar los crujidos de sus internas.
Notorias fueron las ausencias de las principales piezas del armado de Rodrigo de Loredo. El exdiputado no se expresó siquiera por redes. Sus compañeros de ruta expusieron distintas razones para no marchar bajo el sol de otoño. Ni siquiera la proximidad con la conducción universitaria parece haber obrado como aliciente.
Sí marchó la legisladora Brenda Austin, expresidenta de la Federación Universitaria, y su par de bancada Ariela Szpanin. También dirigentes que ya han expresado su voluntad de enfrentar al deloredismo por la conducción de la UCR, como el exintendente Ramón Mestre, el legislador Dante Rossi y el concejal Sergio Piguillem. Estos dos, ya lanzados como precandidatos a la intendencia de la capital.
Dichas figuras coincidieron en la columna radical, cuyo brazo estudiantil es la Franja Morada. Habían llegado por caminos separados. Desconcentraron del mismo modo, ya caída la tarde.
El recuento de presencias no hace honor al carácter heterogéneo de una jornada que ratificó la importancia que tiene la UNC para la idiosincrasia cordobesa.
La movilización aglutinó a más de 100 mil personas, cifra superior a las tres marchas precedentes, convocadas para reclamar financiamiento universitario al gobierno de Milei.
Agrupaciones estudiantiles de diversa ideología exhibieron sus banderas junto a estandartes de partidos tradicionales. Egresados compartieron inquietudes junto a alumnos preocupados ya por el pluriempleo. Gratos con la academia, se expresaron en nombre de hijos, sobrinos y nietos. Rivales políticos caminaron codo a codo, con la unión entre el rector Jhon Boretto y su retador Pedro Pérez como síntesis.
Algunos ya habían asistido por la mañana a la conferencia de prensa convocada por el Juzgado Federal 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, para confirmar nuevas identidades de personas, hasta aquí desaparecidas, asesinadas y enterradas en inmediaciones del centro clandestino de torturas y asesinatos de La Perla.
Quienes repitieron presencia en una y otra escena desgranaron críticas contra un gobierno nacional que ha recortado fondos a los organismos de Derechos Humanos y a las universidades, sin distinción.
También coincidieron en mirar con desconfianza a algunos caminantes, a quienes reprochan ambigüedades. Según reprochan, se guían por encuestas de opinión antes de sentar posición pública. “Acá protestan, allá (por los recintos) le dan a Milei los votos necesarios para sus políticas de recorte”, resumió, en tono casi imperceptible, una figura con pasado parlamentario.
