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Presupuesto 2027: con aumentos a discapacidad y ajuste en universidades, el Gobierno logró dictaminar

El oficialismo tuvo mayoría. Apoyaron en disidencia el PRO, el MID y los partidos de Tucumán y Catamarca. La UCR, sin objeciones. Negociación en el recinto.

El Gobierno logró dictaminar el proyecto de Presupuesto 2027 en Diputados, con concesiones mínimas. La principal fue eliminar el capítulo que estipulaba un ajuste en prestaciones y pensiones por discapacidad. Además, se incorporaron las partidas de la propuesta al sector consensuada por todos los bloques, que será ley el jueves. En cambio, para las universidades no hubo cambios.

El despacho de mayoría, liderado por La Libertad Avanza, tuvo 27 votos, cinco con disidencia. La cantidad de las firmas no garantiza la mayoría en el recinto, donde el oficialismo deberá seguir negociando cada artículo. La sesión sería la semana próxima. Provincias Unidas, liderado por Córdoba, presentó su dictamen, y Unión por la Patria, el suyo.

El dictamen oficial no agrega un peso a los casas de altos estudios, que son de $7,7 billones. Los rectores reclamaron que alcance $11 billones, pero el Gobierno se negó. Aun así, el bloque radical fue el único aliado que firmó el dictamen sin disidencias, como sí lo hicieron el PRO, el MID y los partidos de Tucumán y Catamarca.

El radicalismo celebró que se haya borrado el artículo 17, que elimina la indexación de las asignaciones familiares. El gobernador Alfredo Cornejo (UCR) logró un aporte a la Sociedad de Transporte de Mendoza Sociedad Anónima Unipersonal de Participación estatal.

El PRO consiguió algunos de sus pedidos, como la extensión de los regímenes de promoción automotriz y autopartista, o la creación de un régimen de transparencia en las concesiones viales. También sumó un artículo sobre billeteras virtuales. Pero la negociación por la Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y los avales de deuda para esa administración no están cerrada. Tampoco la baja del IVA al huevo, un reclamo del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El debate del Presupuesto

Como ya es habitual, el oficialismo pasó a la firma su dictamen sin que ningún diputado pidiera la palabra para defender el dictamen del Gobierno. "¿Nadie de ustedes va a hablar?", se indignó Julia Strada, de Unión por la Patria. El silencio libertario fue roto por Laura Rodríguez Machado. Cuando Sabrina Selva reclamó por el capítulo VI del proyecto original, que disponía un feroz ajuste a discapacidad, la diputada cordobesa tuvo que explicar que ese fragmento se había borrado.

Además de eliminar esos artículos, el dictamen oficial especifica las partidas para financiar el proyecto de fortalecimiento a la discapacidad aprobado en Diputados el 21 de octubre, con apoyo de todos los bloques. Garantiza el sistema de prestaciones con indexación mensual, con una fecha para pagar compensaciones por las pérdidas de 2024, y las pensiones compatibles con el empleo. El jueves, el Senado lo convertirá en ley.

El texto despacho de LLA dispone que el dinero será girado desde la asignación del Ministerio de Salud y aclara que, sin son insuficientes, se usará la "Jurisdicción 91". Así se denomina a una partida reservada para los gastos extras. Discapacidad será el sector más beneficiado. Para firmar el dictamen, Eduardo Falcone, del MID, logró un compromiso de destinar fondos a la autovía de la ruta nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Fue un compromiso que asumió el jefe de Gabinete, Diego Santilli con él. Los montos no estarán en las planillas, porque el oficialismo no quiere balances deficitarios.

Otro reclamo de las provincias fue por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que el Gobierno recauda y no destina a reparar rutas nacionales, a pesar de que la ley vigente lo obliga a destinar casi el 30% del dinero a esa tarea. Tampoco hubo cambios, sino una promesa de que cada provincia negocie por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados a ese destino. En la oposición calculan que Milei retuvo $1,6 billones mediante el ICL y el fideicomiso SisVial y, aún así, mantiene las carreteras arruinadas.

Los opositores duros

El proyecto de Presupuesto enviado por Javier Milei tiene variables mucho menos optimistas que el de este año, el primero sancionado durante su administración. Prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio oficial de $1847,60 a fin de año, con un promedio anual de $1.728.

Prevé una expansión del consumo privado del 3,4%, un aumento del consumo público del 0,6%, un incremento salarial promedio del 25,4% y un superávit de la balanza comercial superior a los u$s 15.560 millones. El Gobierno proyecta alcanzar un superávit primario del 1,1% del PBI y un superávit financiero de entre el 0,02% y el 0,2% del PBI.

Provincias Unidas tuvo su propuesta y los votos de ese bloque serán claves en cada capítulo. Fue liderada por Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo. Pidieron aumento de presupuesto para universidades, el reaseguro de partidas para discapacidad, la reducción del 35% del impuesto a los combustibles y la restitución del Plan Remediar, los principales reclamos que motivaron la presentación de una iniciativa propia por parte del bloque federal. Además, la bancada pidió específicamente la prórroga hasta 2032 de las leyes de promoción y beneficios para la industria autopartista y la nueva Ley de Biocombustibles.

El peronismo lideró el rechazo, con una propuesta alternativa. "Quiero saber qué se está negociando acá y en el Senado", reclamó el jefe del bloque de UP, Germán Martínez. Su dictamen aumenta recursos para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública. Crea un bono jubilatorio de $70.000 a $164.000, restablece la moratoria previsional y reparte entre las provincias $1,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados para combatir el fenómeno de El Niño.

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Martín Menem (La Libertad Avanza) y Cristian Ritondo (PRO), junto a Diego Santilli (jefe de Gabinete), animadores de la negociación del Presupuesto. 

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