La UEPC baraja un paro de 72 horas. El gobierno ratificó que habrá descuentos, pero hará otra propuesta. Arrancan las paritarias con el personal estatal.
Roberto Cristali, titular del gremio docente, en una de las últimas movilizaciones de la UEPC en Córdoba.
El gremio que representa a los educadores de nivel primario y medio de Córdoba declinará este miércoles la nueva oferta paritaria que le acercara el gobierno provincial. El rechazo marca un obstáculo de creciente dificultad para Martín Llaryora, que arrancará el segundo trimestre del año preelectoral ante un irresuelto horizonte gremial.
La porfía de los docentes, nucleados en la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), remonta al álgido segundo semestre del 2024, cuando la paritaria estuvo trabada por varias semanas.
Para el Gobierno el inconveniente no se refleja sólo en la pérdida de días de clase. Si los educadores logran una mejora superior a los cálculos con que inició la discusión podría generarse un “efecto contagio” hacia otros gremios estatales. En breve llegará el primer test, con la reunión que tendrán con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
La UEPC hará formal su denegación a la propuesta paritaria en la asamblea extraordinaria que se realizará este miércoles al mediodía, con una amenaza de paro de 72 horas para la semana que viene. El recuento de las asambleas departamentales no ha permitido dudas. Sólo San Justo, pago chico del gobernador, votó a favor de la propuesta.
Esa mayoría que se refrendará este miércoles considera escasa la oferta acercada por el gobierno, que en su tercera intentona había acercado un esquema que, al cierre del año, garantizaba una mejora del 5,3%, por encima del índice inflacionario, para los trabajadores.
La misma promesa contemplaba reajustes mensuales sobre la referencia inflacionaria, hasta enero de 2027.
Más importante aún, el esbozo oficial dejaba de lado la cláusula que ataba la propuesta a la recaudación, principal demanda que justificó las primeras declinaciones del gremio.
Esta referencia motivaba desconfianza del sector docente. Sobre todo tras la confirmación de que la caída de loa ingresos provinciales ya supera los dos dígitos.
Desde el otro sector de la mesa, esa era la prenda de voluntad que exigía el Gobierno. Aunque reconocen que los sueldos docentes son bajos, pedían una contemplación del esfuerzo que realiza una administración provincial que ha asumido compromisos que el gobierno nacional ha abandonado, como el incentivo docente o los subsidios al transporte.
Por la noche de este martes, descontado ya el rechazo, en la sede de la Gobernación evitaban hacer consideraciones públicas.
Entre los escenarios que barajan consideran muy probable la realización de nuevas medidas de fuerza, tal como se desprende de la fuerza del rechazo.
“Esperaremos y veremos la semana que viene. Si hay paros, habrá descuentos. El paro perjudica a los chicos”, remarcaron altas fuentes.
No obstante, la advertencia de reducciones de sueldo es algo más que una insinuación. “Si se acumulan días de paro el aumento quedará diluido en los descuentos al 52% que ya han adherido”, explican desde la Gobernación.
Precisamente, la quita por las huelgas motivó una protesta de docentes enrolados en la conducción de UEPC de la Capital, quienes ingresaron al Ministerio de Educación para exigir el fin de los recortes.
El episodio reflejó la existencia de una división al interior del gremio que añade otra complicación al avance de cualquier negociación. La secretaría general provincial, en manos de Roberto Cristalli, con potestad para intervenir en la paritaria, mantiene una postura orgánica con el resto de los gremios y calibra el peso específico del propio, el de mayor cantidad de afiliados estatales.
La conducción capitalina, donde confluyen agrupaciones de izquierda, sostiene una postura radical. Sus voces elevan pedidos de recomposición salarial que multiplican las cifras en discusión.
La preocupación del peronismo por la caída de la recaudación no sólo se expresa en las negociaciones paritarias. Urgido por la circunstancia, el gobernador ya admitió que la atención de las demandas salariales obliga a reformular los planes de obras, anunciados y en marcha.
La inusual exposición pública de esta concesión ha sido leída como una continuidad del intento de enfrentar a los sindicatos con parte de la sociedad que suele repeler las medidas gremiales.
La discusión sobre la reciente reforma previsional presenta un antecedente inmediato. Rotulada como equidad jubilatoria, desde el oficialismo la presentaron bajo intención distributiva, deslizando cuestionamientos a la legitimidad de las remuneraciones más altas, que superan exponencialmente al promedio de más de la mitad, y se concentra en una cúspide que no representa a más del 10%.
Aquel intento no logró romper el frente de los gremios estatales, que este mismo miércoles realizarán una caravana para volver a exigir la derogación de la ley en cuestión. Pero sí añadió tensión a las paritarias por entonces incipientes.
Desde UEPC prefieren no mezclar tantos, pero en sus reclamos también sopesan el impacto de los aumentos en las escalas de aquella reforma. Las demandas de una recomposición salarial que les devuelva el poder adquisitivo perdido en los últimos años, no menos de 18%, no aparece condicionado por ello aún.
Con esos números sobre la mesa, el gobierno se arremanga para otro round en una puja que remonta al segundo semestre del 2024, cuando las negociaciones requirieron abandonar el corsé de las referencias inflacionarias. Por entonces, los docentes también enrostraban a Llaryora su decisión de desconocer el acuerdo rubricado en 2023, que lo tuvo a él mismo como garante cuando aún era candidato.
En un contexto diferente, con inflación que ha descendido pero se mantiene por encima de lo razonable, la preocupación principal es otra: la erogación por paritarias no puede seguir complicando el ritmo de obras, carta clave para las expectativas de reelección en 2027.
Esa misma inquietud será venteada este mismo miércoles, cuando los funcionarios inicien el diálogo con el SEP. Una rápida resolución podría encapsular el reclamo docente. Por el contrario, un endurecimiento del gremio que tiene su fuerte en la administración y la salud, terminaría de configurar otra tormenta en el horizonte llaryorista.