El histórico secretario legislativo del PJ, Guillermo Arias, promete imparcialidad en su flamante rol. Sigue el fuego abierto por Juez y la UCR. Los desafíos.
Al concluir las instancias formales que restan para su nombramiento, el líder del orden de méritos elaborado por el Consejo de la Magistratura de Córdoba como resultante del concurso para selección de titular de la Justicia Electoral tendrá 61 años, sólo cuatro menos que los que establece la ley provincial para acceder a su jubilación.
Con tal edad, y de acuerdo al calendario electoral, podría participar en sólo un turno para renovación de autoridades provinciales. Justamente el próximo, el año venidero, en el que Martín Llaryora buscará prolongar a 32 los veranos con el peronismo en el gobierno de la provincia.
Consciente de tales límites, Guillermo Arias no expresa inquietud por el inexorable avance biológico. No desconoce la posibilidad de extender su función por al menos otro cuatrienio merced a acuerdos políticos. Sí tiene presente el único antecedente en su función, los 28 años que lleva Marta Vidal, designada por directa voluntad de un gobernador, con mandatos prorrogados desde hace nueve años por pedidos de Ejecutivos que la invitaron a posponer su jubilación.
Pero desde su postulación para el proceso selectivo, Arias ha compartido otras preocupaciones centrales con varios de los postulantes: la existencia de nuevas tensiones en el sistema institucional y las dudas que circulan sobre la ecuanimidad de la Justicia en tanto garantía de justicia.
Tales elementos podrían cobrar nueva dimensión si en 2027 se consolidase el escenario reñido que muchos analistas vaticinan. En el peronismo hay quienes abren el paraguas ante lo que observan como un terreno ya abonado con sospechas infundadas. En su previsión, la oposición podría no aceptar una nueva derrota, como ocurriera en 2023.
Más agoreras, otras voces ponen reparos al juego que hará La Libertad Avanza, anticipando un recrudecimiento de las campañas de noticias falsas y discursos de odio. No confían en la calidad republicana de un actor que ha construido una narrativa que cuestiona principios democráticos.
Para la oposición será el peronismo el que no querrá admitir la pérdida de poder. Para sostener sus dudas piden atender las intromisiones del Ejecutivo en esferas del Poder Judicial, con la selección del magistrado electoral como muestra más reciente.
Estas voces también toman como antecedente los resultados del 2023, con una exigua diferencia de tres puntos, oportunamente cuestionados por Luis Juez. Los dardos apuntaron a Vidal, la misma jueza que intervino en las escandalosas elecciones de 2007 y desde entonces objeto de desconfianza para el juecismo.
Sobre tales conceptos, el Frente Cívico y UCR plantaron demandas de transparencia a lo largo del proceso. El recuento de postulantes les sirvió para sospechar sobre la elección de un nombre afín al peronismo. Ante la negativa del Consejo a registrar las entrevistas, han repetido que no acompañarán con sus votos la designación de quien resultase electo.
Aún así, ninguna fuerza ha presentado impugnaciones. Una compleja ecuación ha incidido en tal decisión. Juecismo y deloredismo sienten que la exposición de sus reparos impidió que la designación recaiga en un dirigente del riñón llaryorista.
Durante las semanas previas su artillería descargó sobre Carlos Viramonteb juez Civil de San Francisco, apuntado como el más afín a Llaryora. Para más, de acuerdo al listado publicado, quien más puntaje acumulaba en las instancias de antecedentes y examen escrito. El bajo score obtenido en la entrevista, en que más valor tienen los enfoques subjetivos, lo confinó a un lejano quinto lugar.
Bloqueado el principal target, radicales y juecistas tienen otros reparos sobre Arias. Visto como un puntero político, no le adjudican atributos de objetividad que el cargo requiere. “Es un reconocido militante del PJ”, dicen unos. “No garantiza independencia”, enfatizan otros.
Ante quienes quieran escuchar, las espadas parlamentarias repiten que no dejarán de denunciar la falta de transparencia del proceso, como lo hicieron ya desde el pasado miércoles.
El futuro juez electoral no asigna relevancia a las críticas que define como inevitables. A su entorno asegura que sólo atiende las que provienen de gente que reconoce como “de buena fe”.
Hijo de un histórico dirigente peronista, el abogado Luis Teti Arias, exiliado junto a toda su familia durante la dictadura y uno de los primeros en asumir la defensa de presos políticos en los '70, el aún secretario legislativo nunca ha ocultado su filiación peronista.
Por el contrario, considera como un valor para el cabal ejercicio del cargo haber tenido militancia. Evoca a tal fin las ocasiones en que ofició como fiscal por el PJ de Córdoba, especialmente en aquellos períodos en que el PJ no lograba horadar la hegemonía radical.
Por entonces Arias formaba parte de núcleos que orbitaban en torno a José Manuel de la Sota, aún lejos del poder mediterráneo. Eran tiempos en que decidiría dejar la carrera de ingeniería para estudiar derecho, con el estudio de su padre como primera salida laboral.
Años después, con el cordobesismo reelecto y relanzado, sería el otro prohombre del proyecto, Juan Schiaretti, quien lo convocaría para el cargo que aún ocupa: secretario legislativo en la Legislatura Unicameral.
Sin ocultar antecedentes, Arias asevera que será ecuánime, equidistante e imparcial en el ejercicio de su magistratura. Afirma tener claro que su rol trasciende identidades partidarias.
Veintitrés años como secretario legislativo en la Legislatura le permiten conocer a todos los actores políticos, con sus dinámicas de administración de conflictos. Al menos aquellos institucionalizados y que respetan las reglas de la democracia.
Precisamente el compromiso con el sistema democrático fue uno de los “aspectos relevantes” que ponderó el Consejo de la Magistratura para su selección. Por si acaso, Arias recuerda que culminó en segundo lugar en la evaluación de la prueba escrita, donde se evaluaron los conocimientos técnicos de cada concursante.
También expresa conformidad con su desempeño en el examen oral, en que también terminó en segundo puesto. Desechando la incidencia de favoritismos, pide detenerse en la inusual cantidad de veedores (ocho) que se sumaron a los representantes de los nueve estamentos que conforman el Consejo. “Impresionó muy bien. Demostró conocimiento, pero sobre todo vocación para la materia”, precisa uno de ellos, quien coincidió en la descripción de “una excelente aptitud para ejercer la función a la que aspira”.
A la hora de evaluar desafíos, el también abogado coincide en poner su mirada en los comicios del próximo año. Visualizando un contexto diferente, por la irrupción de nuevos actores, advierte la necesidad de reafirmar los compromisos republicanos ante los riesgos que supone la expansión global de una prédica antipolítica y violenta.
A días de mudarse del hábitat legislativo al judicial no declara como carga los reproches que merecieran las actuaciones de Marta Vidal, con quien ha tenido un par de comunicaciones que define como respetuosas. Sí marca diferencias entre el proceso que él atravesó y las retribuciones a que obligan las selecciones directas del Ejecutivo.
“Ejercer este cargo es un viejo anhelo. Me preparé para esto. No voy a quedarme más tiempo del que considere adecuado", promete.
