La sucesión de Marta Vidal se calienta. La oposición desconfía del Consejo de la Magistratura y pide grabar los diálogos. De 17 aspirantes, la mitad es del PJ.
Referentes de la UCR en Córdoba: Alejandra Ferrero, Matías Gvozdenovich, Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer.
Una bruma de sospechas guía el camino hacia la entrevista oral que se tomará a los 17 candidatos que han sorteado el examen escrito, última instancia formal para el proceso de selección del próximo juez electoral para la provincia de Córdoba.
Sin fecha concreta aún, el tercer y último paso del camino iniciado en abril se completará tras la feria judicial de julio, lapso en el que inevitablemente brotarán nuevas inquietudes. La cercanía con las elecciones municipales de Marcos Juárez, a realizarse el primer domingo de septiembre, no ameritan apuro extra. Todo lo que allí suceda dependerá del Tribunal Electoral local.
Algunos clivajes, montados sobre viejos recelos, guían análisis previos. Por un lado, abogados de la calle denuncian que compiten en desventaja ante funcionarios de la órbita judicial. Según afirman, éstos conocen aspectos inherentes a las dinámicas del Poder Judicial. "Aspirantes a jueces que son amigos de la jueza", rezuman las críticas.
Desde Tribunales replican lamentando “una nueva politización de los procesos judiciales”. Sin desconocer la imbricación de intereses, observan que la selección del sucesor de Marta Vidal, única titular del Juzgado desde su creación, hace 28 años, reactiva carpetazos y acusaciones entre los partidos tradicionales.
De los 53 postulantes inicialmente registrados, 45 cumplimentaron los pasos administrativos para llegar al examen. De ese total, sólo 17 superaron el piso de 20 puntos exigidos para acceder a la entrevista, que corre por cuenta del Consejo de la Magistratura.
Varios nombres considerados favoritos, por peso propio y por contactos, quedaron en el camino. Entre ellos Esteban Lencioni, funcionario municipal, para muchos el más cercano a Martín Llaryora; Ernesto Torres, secretario electoral de la Provincia; Miriam Capone, titular del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la ciudad de Córdoba y extitular del tribunal Electoral Municipal de la capital.
De los 17 supervivientes, nueve son presentados bajo escáner político. De ellos, ocho son englobados como terminales del peronismo. Sólo uno es claramente identificado con la UCR, el partido opositor que más interés ha demostrado en esta puja.
Dos nombres cotizan alto en las apuestas. Son Guillermo Arias, secretario legislativo con casi 30 años de experiencia en los distintos formatos que tomara el Parlamento cordobés, especialista en Derecho Parlamentario; Augusto Pastore, exintendente de Freyre, especialista en Derecho Público, “apasionado por los procesos electorales” y secretario de Gobierno en el estratégico Ministerio de Gobierno.
Quienes denuncian que el PJ “mandó a todos a inscribirse”, señalan a ambos como los más afines a los intereses del gobernador. Sin la presión del examen escrito, en que se evaluaron sus conocimientos específicos a partir de la redacción de un fallo, podrían llegar libres de presión al cara a cara con los consejeros.
Detrás de ellos aparecen un abogado y una abogada que trabajan en el Ministerio de Justicia. Él es Federico Robledo, secretario de Coordinación en el Ministerio, director de asuntos legales de la cartera, profesor universitario de derecho constitucional y derecho público provincial y municipal. Ella es Jimena Garzón, asesora disciplinaria de las fuerzas de seguridad. Ambos
Con amplio legajo, ambos son señalados como portadores de avales que remontan al ministro Julián López. Desde la cartera niegan incidencia en el concurso y piden considerar las cualidades de ellos y todos los postulantes.
El radicalismo es el partido más activo en el despliegue de alertas sobre un posible resultado amañado.
Su primera advertencia remite a la inferioridad numérica en el pelotón final. Diego Frossasco es el único que se identifica como rojiblanco. Abogado, profesor de derecho constitucional, exconvencional constituyente, asesor legislativo, exsecretario de legal y técnica de la Municipalidad, reúne acreditada formación en la materia. También experiencia como apoderado del partido.
Según interpretan los correligionarios, que sin internas cierran posiciones detrás de su postulación, la suma de tales atributos lo convierte en el más calificado en la competencia.
La segunda admonición apunta a la conformación del Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes son los responsables de la evaluación en la instancia más subjetiva y discrecional.
En un rápido recuento, ubican como afines al Gobierno a la mayoría de los vocales que se sentarán a tomar el examen: María Marta Cáceres de Bollati, en nombre del TSJ; Julián López, ministro de Justicia; Carlos Lezcano, fiscal general; Facundo Torres Lima, por el Poder Legislativo; Laura Battistelli, por magistrados de Capital; Fernanda Bentancourt, por magistrados del interior; Federico Arce, por abogados de capital; Maximiliano Machuca, por abogados del interior. Sólo José Cafferatta Nores, exministro de Justicia en la gestión de Eduardo Angeloz, representante de la Academia Nacional del Derecho, es ubicado como terminal radical.
“Pueden acomodar y darte los puntos que les parezca”, dicen las voces críticas. “Es algo más que una evaluación. También definen el perfil. Indagan sobre el compromiso con la democracia”, esboza un candidato que pone en pausa su estudio.
Con sendos tuits fue la legisladora Alejandra Ferrero la que puso en palabras la desconfianza. Además de pedir la incorporación de un representante por la oposición parlamentaria en el Consejo de la Magistratuta, para integrar una defensa pública, solicitó que las entrevistas sean registradas y dispuestas para acceso público, tal como sucede con el organismo nacional.
Similar solicitud había realizado el senador Luis Juez, quien en carta dirigida a la presidencia del Consejo remarcó que “las entrevistas personales no pueden estar resguardadas por el secretismo, pues ello impide el control de imparcialidad y objetividad que exige todo concurso”.
Más escépticos aún, dirigentes que no pasaron el corte cuestionan toda la mecánica seguida hasta aquí. Además de favoritismos políticos acusan a los funcionarios judiciales de compartir información calificada, práctica contraria a las demandas de imparcialidad y objetividad que deberían ser de rigor.
Genéricamente, son ocho los aludidos por los dardos que dispara “la política”. Como toda defensa, piden que se consideren sus conocimientos y experiencia específica, previas a cualquier amago de “los paracaidistas”.
De un universo de ocho postulantes, dos mujeres son las que concitan el ojeo de referencias, ambas con antecedentes en la materia en cuestión: Emilia Mimessi, relatora electoral del Tribunal Superior de Justicia; María de los Ángeles Nallin, secretaria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y prosecretaria del Juzgado Electoral entre 2011 y 2023, lapso en que este órgano habilitó a Llaryora a participar en las elecciones para intendente de Córdoba pese a las presentaciones que objetaban la carencia de domicilio real en la ciudad.
Las expectativas en torno a la opción por un funcionario judicial tienen, paradójicamente, un origen político. En los estamentos de la Justicia circula un extendido malestar contra el gobernador, a quien cuestionan su voluntad de plantar mojones en cada organismo.