Los martilleros le acercaron a Kicillof una propuesta de “alquiler social”. El proyecto de la senadora Macha. El DNU 70 y la posible vuelta de la ley nacional.
Buenos Aires: dos proyectos de ley ponen la lupa sobre los alquileres
Mientras a nivel nacional se vuelve a hablar de la polémica ley de alquileres que quedó derogada a través del DNU 70/2023 -que ahora podría ser revocado en el Congreso-, en la provincia de Buenos Aires aparecieron proyectos para aliviar el peso económico a la hora de alquilar.
Este jueves representantes del Colegio de Martilleros de la provincia se reunieron con Axel Kicillof, quien tras su lanzamiento a la carrera por la presidencia y su viaje a Estados Unidos tuvo una semana puramente enfocada en los temas bonaerenses. En ese encuentro le presentaron el proyecto de “alquiler social”. Meses atrás se habían reunido con Sergio Massa.
A su vez, a principios de septiembre la senadora bonaerense de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, presentó otra iniciativa, con el apoyo de “Inquilinos Agrupados” en la Legislatura que busca que la comisión inmobiliaria la pague el propietario.
El gobernador recibió al presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Luis Colao, al vicepresidente, Alfredo Lavalle y al secretario de Relaciones Institucionales de la entidad, José María Sacco.
En el encuentro, del que también participó el titular de ARBA, Cristian Girard, le presentaron el proyecto de “Alquiler Social”, una iniciativa que busca aliviar los gastos iniciales que debe afrontar un inquilino al ingresar a un inmueble. El proyecto ya le había sido entregado días atrás al diputado bonaerense del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, espada legislativa de Massa con quien ya se habían reunido en el mes de junio.
Kicillof todavía no manifestó si va a impulsar el proyecto. Casualmente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien estuvo reunido días atrás, acaba de anunciar la implementación de un incremento de 0% para contratos de uno y dos años, una decisión que busca aliviar la situación financiera de los inquilinos ante la crisis de vivienda esa ciudad. Cabe recordar que equipos técnicos de ambos mandatarios quedaron en contacto para que los bonaerenses asesoren a los neoyorquinos sobre un plan al estilo precios cuidados para luchar contra la inflación.
A principios de septiembre, con el apoyo de Inquilinos Agrupados, Macha presentó un proyecto de ley para que la comisión inmobiliaria en la Provincia la pague el propietario. La iniciativa toma como antecedentes las regulaciones que ya existen en Río Negro, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto busca poner un límite a una práctica extendida en el mercado inmobiliario: que quienes alquilan una vivienda deban afrontar el pago de comisiones, honorarios y otros gastos derivados de una intermediación que no contrataron. La propuesta incorpora modificaciones a la Ley 10.973 y establece que los corredores y martilleros no podrán requerir ni percibir de las personas inquilinas comisiones, honorarios, gastos de administración, gestoría o cualquier otro concepto derivado de la intermediación o corretaje inmobiliario cuando se trate de alquileres de vivienda para personas humanas.
Según un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados durante junio de 2026, el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en emergencia habitacional, acumulando al mismo tiempo sobrecarga del alquiler, deuda, mora y/o mudanzas forzosas. Es decir, casi uno de cada tres hogares inquilinos atraviesa esta situación.
El endeudamiento es otro de los principales problemas. El 73% de los hogares inquilinos tiene deudas y, entre ellos, el 55% se endeudó para comprar comida, mientras que otro 37% lo hizo para pagar el alquiler. A su vez, el 55% de los hogares inquilinos está atrasado en el pago de sus deudas, lo que representa el 38% del total. En el caso de quienes se endeudaron para pagar expensas, el nivel de atraso alcanza al 80%.
A esto se suma que el 20% de los hogares inquilinos, uno de cada cinco, sufrió un desalojo económico durante los últimos tres meses. Al mismo tiempo, el 78% tiene contratos que se actualizan cada tres o cuatro meses y el 71% tiene contratos de dos años.
