La cartera que conduce Alejandra Monteoliva movió la tropa y encendió alarmas sobre el Plan Bandera. La distancia entre Javier Milei y Maximiliano Pullaro.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dispuso modificaciones en el Plan Bandera.
La relación entre el gobierno de Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a agitarse este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución del Ministerio de Seguridad que dispone la redistribución de los recursos humanos y técnicos en el marco del Plan Bandera.
La comunicación, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, generó interrogantes sobre la forma en que continuaría el convenio que desde el comienzo de la gestión libertaria se cerró con el gobierno de Santa Fe y que, a partir de un trabajo coordinado, permitió moderar los índices de violencia urbana en Rosario.
Ese acuerdo, sin embargo, no estuvo exento de rispideces. En más de una oportunidad, la exministra Patricia Bullrich y Pullaro encabezaron anuncios por separado para dar cuenta de los logros alcanzados.
Durante la mañana de este miércoles se cruzaron consultas para constatar los alcances de la medida. A tal punto escaló la inquietud, que la Casa Gris pidió una aclaración pública para desestimar especulaciones.
Antes del mediodía, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado explicando que la disposición de la ministra sólo apuntaba a integrar las funciones del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) al comando unificado del Plan Bandera.
En Santa Fe aseguran que la nueva disposición no modificará el número de efectivos que patrullan actualmente Rosario y las principales urbes de la provincia.
Sin embargo, aclaran, el número que aporta la Nación viene disminuyendo paulatinamente en la medida que se logra avanzar contra el delito. La queja en Santa Fe, incluso, va más allá: deslizan que ni siquiera son consultados cuando se recorta el personal dispuesto para los patrullajes.
El grupo GEANRO fue creado en 2024, durante uno de los momentos más complicados con la seguridad pública de Rosario. Era un espacio que se encargaba de la coordinación investigativa entre las cinco fuerzas federales.
En el gobierno de Pullaro explican que, en rigor, ese grupo ya desde hace tiempo no funcionaba. Progresivamente había tomado el control de esa tarea el Comando Unificado, integrado por fuerzas federales y de la provincia.
“El Comando Unificado ya concentra la coordinación de las acciones operativas del Plan Bandera, por lo que resultaba necesario integrar las funciones del GEANRO a las unidades investigativas que hoy dependen de dicho comando, evitando superposición y duplicación de estructuras”, explicó el ministerio de Seguridad en el comunicado aclaratorio.
Para aventar cualquier duda, tal como reclamó el gobierno de Pullaro, la cartera de Seguridad aseguró en el comunicado que la decisión oficializada a través del Boletín Oficial busca “profundizar y optimizar el esquema operativo” del Plan Bandera con el objetivo de “incrementar su eficacia”.
El vínculo entre Milei y Pullaro vive quizás su momento de mayor tensión y distancia. El gobernador fue el único que no se prestó a la foto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien el Presidente le encomendó la misión de conseguir la colaboración de los mandatarios provinciales para aprobar el presupuesto y avanzar con la reforma laboral.
Pullaro explicó que ya mantuvo encuentros con distintos funcionarios del gobierno nacional sin obtener nada a cambio en dos años, por lo que consderó innecesario sentarse con Santilli si no era posible incluir en una negociación temas como el pago de la deuda previsional que la Nación mantiene con Santa Fe o el avance en obras públicas.
"Ya tuve la foto con Guillermo Francos, con Lisandro Catalán, con Nicolás Posse y con Luis Caputo mismo y nunca pasó nada”, lanzó Pullaro la semana pasada para marcar su malestar. El gobernador cuestionó, además, la mirada “porteñocéntrica” de la gestión libertaria.
El hughense, además, rechazó las presiones del ministro de Economía para traer al país los 800 millones de dólares que consiguió colocando deuda en Wall Street y que el gobierno de Santa Fe proyecta ir utilizando para encarar obra pública en los dos años que tiene aún de gestión.
La decisión fue tomada con disgusto por la administración libertaria y le puso picante a la relación.