Junto con otras once jurisdicciones, Buenos Aires reclama una reunión urgente del Consejo Federal. Alerta ante un incremento de este tipo de padecimientos.
Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de Buenos Aires.
Tres de cada diez personas argentinas padecen algún malestar de salud mental, mientras que las internaciones vinculadas a esa problemática crecieron un 77% durante 2025 en el país. Con ese cuadro de situación, el gobierno de Axel Kicillof y otras once provincias le reclamaron al Gobierno nacional que reactive las reuniones del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA).
Calmels, que integra el equipo de Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de Kicillof, es una de las firmantes de la solicitud, junto a sus pares de las provincias de Córdoba, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut y Salta. Allí le reclaman a la Nación no sólo la reanudación de los espacios de participación federal, sino que manifiestan la preocupación ante las versiones que dan cuenta de un proyecto de ley de reforma en materia de salud mental que el Ejecutivo tendría previsto ingresar al Congreso.
El proyecto que tendría definido el Gobierno, y que las provincias buscan conocer, contendría los ejes del intento de reforma incluido inicialmente en la Ley Bases pero que quedó fuera del texto sancionado.
El objetivo central del Gobierno de Milei en este punto, sería introducir cambios que habiliten, en ciertos casos, las internaciones involuntarias con autorización judicial, y eliminar la prohibición de crear nuevos hospitales psiquiátricos, lo que supone volver al estado anterior a la sanción de la actual ley de Salud Mental, cuya aprobación data de 2010 durante la gestión sanitaria del peronismo.
Según trascendidos, la iniciativa sería enviada al parlamento en marzo, cuando se inaugure el nuevo período legislativo. La propuesta genera debates entre quienes temen un retroceso manicomial y quienes reclaman más herramientas para casos graves, apoyándose en casos de alto impacto mediático.
Ante ese escenario, las doce provincias que exigen la vuelta del COFESAMA, buscan conocer “los objetivos y proyectos” del ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, y piden contar con información sobre “políticas que redunden en un mayor acceso a la salud con mejores servicios y sistemas de cuidados desde una perspectiva de equidad y respeto por los derechos de las personas con padecimientos mentales”.
Los modelos en pugna son claros. El Gobierno argentino inició en febrero del año pasado el proceso para retirarse de la Organización Mundial de la Salud, citando "profundas diferencias" en la gestión sanitaria de la pandemia. Precisamente un informe de la OMS de 2025, que cita la provincia de Buenos Aires, muestra un aumento mundial de los padecimientos en salud mental: 15% de la población, siendo la depresión y ansiedad, los más frecuentes.
En la misma línea, un estudio de la Universidad Católica Argentina de 2024 revela un aumento sostenido del malestar, tendencia que se mantiene en 2025 y afecta a tres de cada diez personas en el país. La cartera sanitaria bonaerense registra un aumento de 60% en internaciones en Buenos Aires entre 2019 y 2025, además de un aumento en la demanda de consultas ambulatorias. Y rematan: “La asociación entre pobreza y aumento de padecimientos viene siendo expresada en múltiples estudios” de la UCA, la OMS y la ONU.