El exdiputado Castello busca que se declare inconstitucional el 3% extra en combustibles que fijó Montenegro en 2024. Podría marcar precedente para otros distritos.
Guillermo Castello llevó el reclamo contra las tasas municipales a la Suprema Corte bonaerense
Un reclamo judicial del exdiputado libertario Guillermo Castello contra la tasa vial de Mar del Plata llegó a la Suprema Corte bonaerense. El caso enfrenta a dos aliados de Javier Milei: Castello cuestiona el plus del 3% sobre combustibles que impulsó el exintendente Guillermo Montenegro, ahora senador provincial.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de General Pueyrredón concedió a Castello un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La resolución judicial eleva el conflicto al máximo tribunal provincial, que deberá resolver si el tributo que Montenegro envió al Concejo Deliberante a principios de 2024 cumple con los requisitos constitucionales.
En General Pueyrredón, el distrito que tiene como ciudad cabecera a Mar del Plata, se paga un 3% extra por cada carga de combustible para alimentar un fondo de mejora de los caminos y calles. Castello sostiene que ese plus "no constituye jurídicamente una tasa por no reunir las exigencias constitucionales requeridas, especialmente la prestación concreta, efectiva o potencial e individualizada de un servicio".
El exdiputado marplatense advierte además que la medida municipal viola la prohibición de aplicar gravámenes análogos a los nacionales coparticipables que impone el artículo 9 de la ley 23.548. También considera que transgrede la prohibición de establecer gravámenes a los combustibles líquidos que estipula el artículo 29 del decreto ley 505/58.
La pelea judicial entre Castello y Montenegro tiene historia. En agosto de 2024, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de General Pueyrredón había declarado la inaplicabilidad de la tasa. El municipio apeló ese fallo y la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo lo revirtió, lo que obligó a Castello a interponer el nuevo recurso que ahora llegó a la Corte.
El conflicto se inscribe en la cruzada que encabeza el ministro de Economía Toto Caputo contra las tasas municipales. A fines de 2024, el Palacio de Hacienda difundió un mapa tributario que expuso a los intendentes de todo el país al agrupar los tributos que cobran los municipios.
La ofensiva del Gobierno nacional contra las tasas municipales escaló en las últimas horas con denuncias públicas de varios funcionarios. El jefe de Gabinete Manuel Adorni reveló el caso de un empresario pyme al que un municipio le ofreció la exención de la tasa a cambio de que firmara una nota responsabilizando a Milei por sus problemas económicos. "Es interesante entender cómo operan algunos intendentes, expoliando a los que intentan cada día salir adelante", escribió Adorni en redes sociales. La senadora Patricia Bullrich, en tanto, propuso crear un sistema de denuncias contra intendentes que cobran tasas "sin ninguna devolución real de servicios", mientras que el senador electo Diego Valenzuela afirmó que hay jefes comunales que "se empecinan en trabarle la vida al que emprende".
El mapa tributario que difundió Economía deja en evidencia la política fiscal de General Pueyrredón. El municipio aplicó durante 2025 cuatro de las cinco tasas que cuestiona la cartera de Caputo. En el caso de la tasa vial, Mar del Plata aplica la alícuota más alta de la provincia junto a Pinamar: un 3% sobre el total del ticket.
El distrito también cobra una alícuota del 5% por tasa de Inspección Seguridad e Higiene a las entidades financieras. Solo lo superan Quilmes con 5,25%, La Matanza y La Plata con 7%, y Bahía Blanca con 8,25%. A esto se suma la tasa de inspección a las actividades primarias (del 0,6 al 0,9% sobre ingresos brutos) y a los hipermercados (1% sobre ingresos brutos).
De los cinco ítems que consigna el mapa del Ministerio de Economía, el municipio costero no aplica solo uno: la tasa de inspección sobre las industrias. La exposición pública del esquema tributario de General Pueyrredón pegó directamente sobre Montenegro, quien finalizó su mandato como intendente en diciembre y asumió como senador provincial por el PRO, partido aliado de La Libertad Avanza.
El caso que resolverá la Corte bonaerense trasciende los límites del distrito. La definición judicial sobre la tasa vial de General Pueyrredón puede sentar jurisprudencia para otros municipios de la provincia que aplican tributos similares, y marcar un precedente.