Las seis cámaras empresarias creen que hay que ordenar la macro, pero piden por un plan productivo. Temores, apuestas y el refugio del modelo cordobés.
Representantes del Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba, el G6.
Martín Llaryora con los representantes del G6 de Córdoba, el pasado 15 de diciembre.
Javier Milei, Nicolás Posse y Toto Caputo. Estos dos últimos deberán exponer sobre el decretazo.
Detrás la discusión a cielo abierto que pone a Javier Milei y Martín Llaryora en cada rincón del ring, el Círculo Rojo Córdoba analiza la coyuntura y empieza a acomodar el cuerpo ante un escenario complejo en el que reconoce virtudes y falencias, de uno y otro lado.
En acuerdo con los planteos nacionales en sus líneas generales, auguran que la fortaleza del modelo provincial sirva para surfear una crisis que se prolonga con el correr de los meses. Por cierto, esperan por la puesta en marcha del plan definitivo del libertario que deje la exclusividad de ajuste en el pasado y avance por la vía productiva.
Además de la Fundación Mediterránea, que jugó abiertamente por la candidatura de Patricia Bullrich y, como ya contó Letra P, acaba de meter la primera cuña en el Ministerio de Economía de la Nación, el establishment del centro del país concentra sus expresiones desde el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba, conocido en la provincia mediterránea como el G6.
Allí, confluyen la Unión Industrial de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom).
De inmejorable relación con Juan Schiaretti, fueron uno de los primeros colectivos que se reunió con Llaryora. A través del funcionariado, mantienen contacto con el sucesor, al que observan con atención y con algo de entusiasmo.
“El gobernador se comprometió a cumplir los compromisos asumidos con todos los sectores y eso da tranquilidad”, aseguró a Letra P uno de los representantes sentados en la mesa que los reunió en el segundo semestre de diciembre.
Por la estructura lógica de cada organización, las diferentes patas del empresariado mediterráneo sostienen una línea de diálogo directo con el gobernador que no se replica a nivel nacional. En algunas circunstancias porque las cámaras nacionales son las encargadas de esa tarea y, en otras, por la falta de definiciones respecto al organigrama de poder libertario que deslegitima a los interlocutores de turno.
Desde el tropezón legislativo de la ley ómnibus, el G6 no se volvió a reunir con el sanfrancisqueño, pero en líneas generales confían en que el juego político de Llaryora no modificará la mirada que tienen de él.
“Es un hombre de diálogo y eso hace más fácil encontrar los puntos de acuerdo que son necesarios ante escenarios conflictivos”, definen las fuentes empresariales.
Letra P habló con todos los sectores que integran el principal polo empresarial de Córdoba y, en general, coinciden con la mirada que concentra las necesidades en la macroeconomía, en sintonía con Milei. Sin embargo, la postura encuentra sus matices en las urgencias que se abren a partir de las políticas adoptadas por el gobierno libertario.
En ese sentido, miran a Llaryora y bregan por la necesidad dejar a un costado la escalada de críticas cruzadas que se intensificó en la última semana.
Quienes se sienten más a gusto con Milei aseguran que el libertario fue votado por una parte de la ciudadanía que compró la necesidad del recorte que comanda Toto Caputo, y que “era necesario hacerlo de manera firme”.
“Ya está demostrado que la tibieza sólo nos lleva a repetir fracasos”, afirman mientras esperan que Llaryora se decida a avanzar en la misma dirección.
“Llaryora es un dirigente con experiencia y ha demostrado que tiene la habilidad que se necesita para tomar las medidas necesarias para transitar la etapa de ajustes necesaria para sumarse al cambio”, dicen desde los tinglados en los que también quedaron descolocados por las posturas asumidas por algunos sectores del PRO y el radicalismo.
En esa apuesta por el consenso, también están quienes advierten sobre “las formas” del Presidente. Se sorprenden ante las acusaciones de traición y los “insultos” que valida en redes sociales o entrevistas.
“Estamos ante el riesgo de crear una nueva grieta: ajuste sí o ajuste no. Y ese no puede ser el debate, tenemos que ser flexibles y analizar cómo se lleva adelante ese ajuste, contemplando los impactos”, advierten quienes piden poner las barbas en remojo y barajar y dar de nuevo.
El G6 actúa como un bloque en el que expresa sus posturas sobre los grandes temas. Con esa estrategia realizaron una presentación ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires para requerir su incorporación como terceros interesados para que la Justicia dé marcha atrás con la suspensión de los artículos del DNU relacionados con la reforma laboral que consideran “urgente y necesaria”.
“Nos rechazaron el pedido en tiempo récord”, dice uno de los responsables de la movida que convirtió al cordobés en la primera agrupación empresarial en pedir una intervención directa en la causa. Ya avisan que, en caso de llegar a la Corte Suprema, pedirán participar del proceso desde la figura del amicus curiae.
Pero más allá de esas coincidencias generales, las consecuencias inmediatas de las medidas del gobierno libertario pegan más de lleno en algunos sectores que en otros. Entre los más perjudicados aparecen la industria de la construcción, que ve con preocupación el tijeretazo sobre la obra pública; y el comercio que, en Córdoba, viene con 20 meses de caída y sufrió en enero el impacto más grande de los últimos años.
Las cámaras entienden que el Estado debiese aplicar un achicamiento general del gasto, pero advierten sobre el hachazo diferenciado. “¿Cuál es la razón por la cual se quitan los fondos para el transporte del interior y no para el AMBA?”, se preguntan en formato de queja federalista.
En esa línea, están quienes también advierten sobre la discrecionalidad en el manejo de recursos, entendiendo que el gobierno aplica políticas como una especie de castigo. Incluyen en el combo el pedido de renuncia de Osvaldo Giordano de la Anses, luego que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra.
Con el exministro de Finanzas de Juan Schiaretti no sólo hay un respeto profesional muy grande, también una conexión política que se fue fortaleciendo con el paso de los años y las gestiones.
La coincidencia general es que Córdoba tiene una realidad objetiva diferente, que excede a la voluntad de diálogo del gobernador Llaryora: las cuentas están en orden y una potencia productiva por encima de la media nacional.
En ese esquema de posibilidades agregan una capacidad de acceso al crédito para dinamizar la obra pública y la producción como hicieron José Manuel de la Sota y su socio Schiaretti durante el cuarto de siglo del cordobesismo en el poder.
Con un guiño a Daniel Tillard, designado al frente del Banco Nación, reconocen que el Banco de Córdoba ha demostrado tener la capacidad también de servir como motor crediticio que no sólo podría servir de base para el desarrollo de los emprendimientos en la provincia, sino también para sostener los niveles básicos de consumo en tiempos de derrumbes.
Todo eso, mientras confían que la primera parte del plan de Milei termine decantando en un ordenamiento general de la economía que en dos o tres meses debería mostrar sus primeros resultados positivos. Y, leyendo la realidad en clave llaryorista, se habilite una etapa en las que “las fuerzas productivas de la Argentina puedan explotar toda su capacidad” para comenzar un período de recuperación definitiva.