El sector espera la activación del Consejo Federal Agropecuario y prepara mecanismos de presión interprovinciales. Los desafíos abiertos después de ExpoAgro.
Martín Llaryora en el stand de Córdoba en Expoagro 2024.
Martín Llaryora en ExpoAgro.
En medio de las incógnitas sobre la hoja de ruta que el Gobierno de Javier Milei pretende trazar de cara al Pacto de Mayo, el campo de Córdoba pide pista para sentarse a la mesa del debate. El gobernador Martín Llaryora, planteará formalmente sumar a los sectores de la producción y el mundo del trabajo.
Desde que asumió, la gestión libertaria todavía no convocó al Consejo Federal Agropecuario, ámbito natural de encuentro entre los ministerios provinciales. A la espera de esa convocatoria, que podría darse en las próximas semanas, desde Córdoba advierten sobre la necesidad de llevar la voz del sector al debate. “Es una obviedad decirlo, pero una política agropecuaria nacional tiene que hacerse con la participación de las provincias”, aseguran.
Como sucede con otras áreas, la gestión cordobesa mira con recelo a Toto Caputo, titular de un megaministerio del que dependen las áreas relacionadas con la política agropecuaria. Muchas de ellas, todavía acéfalas.
Del mismo modo en que lo viene advirtiendo el gobernador, la firma de los diez puntos del pacto no parece un problema para los referentes agropecuarios cordobeses. Ahora, el ojo está puesto en los acuerdos previos y el campo tiene su propio pliego de reclamos.
Como ya contó Letra P, la discusión en torno a las retenciones es uno de los temas que más preocupa al agro cordobés. En la gestión provincial anticipan que insistirán para asegurarse que el Gobierno libertario no volverá a la carga con la suba de los derechos de exportación, que ya intentó con el proyecto original de la ley ómnibus.
En ExpoAgro hubo más de 35 empresas cordobesas que exportan. “El clima hubiese sido muy distinto si el Gobierno hubiese aplicado el 15% de aumento que intentó con la ley”, dicen desde el centro del país, replicando una lectura que ya había hecho pública el propio Llaryora.
“Hoy perdemos plata, pero ese 15% directamente nos hubiese sacado del mercado”, advierte uno de los productores a modo de ejemplo respecto del impacto que hubiese significado la suba del tributo contra la que los gobernadores de la zona núcleo. Cabe recordar que pararon hasta que Caputo anunció el retiro del capítulo fiscal del proyecto libertario.
De esa realidad se desprende, entonces, la necesidad de plantar bandera y evitar golpes de timón que podrían obstaculizar los acuerdos necesarios para llegar a mayo.
En la dirigencia del centro del país advierten que la idea de la “cosecha record” ya quedó en el pasado. Más allá de los elementos climáticos, hay un contexto económico que, empujado por la licuadora que defiende Milei, elevó los costos y “complicó” la rentabilidad.
Es en ese lugar en el que se reconoce que las conversaciones de San Nicolás giraron en torno a la posibilidad de una devaluación que lleve el dólar oficial a un precio más cercano a la actual cotización del blue. Con un diálogo casi inexistente con la Nación, la mayoría de los consultados admiten que, por ahora, “sólo se trata de versiones”.
Al no tener un horizonte previsible, aseguran las fuentes cordobesas, el productor va a vender “lo justo y necesario”. El resto “se lo guardará como reserva”.
Con todo ese contexto, hay un planteo conjunto de los gobernadores que aparecerá en la mesa de negociación y que cruza directamente al relato libertario: “prometieron bajar impuestos y hacen todo lo contrario”.
El otro gran tema que Córdoba planteará cuando se habilite el debate en sector tiene que ver con los biocombustibles. Tanto desde el Ministerio de Bio AgroIndustria como desde el sector productivo entienden que “se abre la posibilidad para hacer una muy buena ley”.
Con un desarrollo local que comenzó durante la gestión de Juan Schiaretti y que Llaryora contiuó desde el primer día de su gestión, en el centro del país aseguran por cada punto que se aumente en el corte se podría avanzar en la construcción de nuevas plantas. El beneficio directo sería la creación de nuevos empleos. Por cada punto, aseguran, es una planta de 200 personas empleadas.
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán y Salta son las provincias que trabajan en conjunto para empujar por las modificaciones para ampliar el corte que, aseguran, no tendría que ser contradictorio con los intereses de los sectores petroleros. Así, abren el juego y tienden puentes con la liga de provincias patagónicas, con las que también quieren trazar una estrategia común.