El oficialismo saldó la grieta interna y sacó dictámenes con una de cal y una de arena para el gobernador. Apoyo parcial del granatismo y suspenso del PJ.
Diario de la Convención de Santa Fe, día 25: Unidos acordó la reelección para Pullaro y dejó afuera los DNU
El cierre de la quinta semana de la Convención de Santa Fe dio a luz el trabajoso y decisivo dictamen de Unidos en la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que incluye la posibilidad de reelección en 2027 del gobernador Maximiliano Pullaro, eje político por excelencia de la reforma constitucional.
Tras la consolidación del segundo cambio reglamentario del proceso reformista en una veloz sesión del pleno de la Convención, recomenzó su encuentro –venía de un cuarto intermedio del jueves- la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo con el objetivo acordado de dictaminar sí o sí este viernes.
La vuelta a la reunión demoró más de lo previsto, todo un síntoma. El horario definido el día anterior era el de las 17, pero recién escasos minutos antes de las 18.30 abrió el juego el presidente de la comisión, el radical Rodrigo Borla.
Rápidamente, la convencional Beatriz Brower (La Libertad Avanza), anunció que presentaba un dictamen propio, que lleva la firma también de su colega de bancada, Gabriela Martínez. Acto seguido se retiró del recinto. “Buen viaje, Beatriz”, la saludó Borla.
Ocupó su lugar el jefe del bloque libertario, Nicolás Mayoraz, quien reclamó ver el dictamen oficialista. “Lo están imprimiendo, paciencia”, le contestó el presidente de la comisión. Otro síntoma.
Cuando los papeles de Unidos empezaron a circular por las bancas, el socialista Pablo Farías, actor central del interbloque mayoritario, dejó en claro que habían estado “puliendo el texto”. Lo que se sospechaba: el acuerdo interno había exigido más tiempo que el previsto.
Fue allí cuando el convencional Emiliano Peralta (Somos Vida) pidió otro cuarto intermedio de media hora para revisar la redacción con el objetivo de hacer algún aporte y, eventualmente, estampar su firma en el mismo despacho. El granatista luego diría que su duda, saldada posteriormente, se encontraba en un punto de las atribuciones del gobernador: la política de persecución penal, que finalmente no se ubicará en la órbita del Poder Ejecutivo sino que estará en cabeza del MPA.
La respuesta a ese pedido de Peralta fue positiva por parte de Unidos, pero no del resto de la oposición. Ofuscado, el peronista Rubén Pirola rechazó ese planteo y adelantó que este viernes su espacio, Más para Santa Fe, no adelantaría opinión y se tomaría el tiempo necesario para suscribir o no el dictamen. El plazo para esa opción vence exactamente en una semana. Se estira el suspenso por el voto justicialista.
Después tomó la palabra nuevamente Mayoraz, quien opinó en la misma dirección y chicaneó a su archienemigo Peralta. Le revoleó que estaba haciendo tiempo para “firmar el dictamen de Pullaro”. Ya en la sesión del pleno había señalado algo similar, lo cual le valió la respuesta del referente de Somos Vida, quien también hizo lo propio en la comisión. Un clásico de la Convención constituyente.
Continuaron los intercambios, incluido un lamento del socialista Paco Garibaldi por el “show” de Mayoraz, hasta que Farías avisó que el dictamen de Unidos no receptaría más aportes y que sólo quedaba la opción de suscribir o no. Y ahí se terminó la reunión de comisión.
En línea con la modificación reglamentaria, que permite emitir despachos por temas, Unidos presentó tres bloques: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Cláusula Transitoria, donde aparece la reelección de Pullaro.
“Los mandatos de las autoridades provinciales elegidas por el voto popular que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no serán considerados como primer período, con excepción de lo dispuesto para el Gobernador y Vicegobernador, para quienes el mandato vigente se considera primer mandato”, dice la redacción del oficialismo.
Dicho de otro modo: Pullaro y Gisela Scaglia podrán presentarse a la reelección en 2027 por un solo período más, a diferencia de diputados y senadores provinciales que tendrán un horizonte de ocho años por delante luego de su actual mandato.
La versión que circulaba este jueves por los pasillos de la Legislatura era correcta: había una transacción en marcha que implicaba en bajar los “decretos de emergencia” que pretendían constitucionalizar la UCR y el PRO a cambio de que el PS flexibilice su propuesta de creación de la figura de un ministro coordinador que precise acuerdo legislativo.
En efecto, en el dictamen sobre las atribuciones del gobernar en relación a la “cláusula democrática y republicana”, se precisa que “atento a la decisión de no incluir la figura de los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa en el texto de dictamen propuesto, no corresponde referirse a limitación alguna y, en efecto, es competencia de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana manifestarse sobre el tema habilitado, con exclusión de toda mención al dictado de disposiciones de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo”.
La otra cara del acuerdo en el oficialismo quedó con la siguiente redacción: “Designa un ministro con competencias para articular las relaciones con los otros poderes del Estado, en caso de que así la Ley de Ministerios lo contemple, cuya designación requerirá acuerdo legislativo y su remoción será atribución del gobernador”.
Adquiere así mayor consistencia la hipótesis que expuso Letra P días atrás: la incorporación de los DNU provinciales en el proyecto del radicalismo tuvo sentido como potencial prenda de negociación con sus socios del partido de la rosa, en tanto el gobernador ya cuenta con amplias facultades en la versión actual de la Constitución. Por ejemplo, para ejecutar modificaciones presupuestarias casi sin límites, ni más ni menos que lo que en la jerga política nacional se denomina “superpoderes”.
En cualquier caso, el esforzado acuerdo interno de Unidos y la reelección de Pullaro ya tiene dictamen, por ahora sólo con las firmas del oficialismo. Un dato político singular: Peralta, alfil de Amalia Granata, sí suscribió los dos despachos sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo.