Galoppo, Arduh, Saliba, Balian y Alegre Capó aparecen entre los posibles postulantes. La división de la UCR sube y el cordobesismo guarda silencio estratégico.
La definición del próximo defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba no figura, al menos oficialmente, en la libreta de debates inmediatos. No para el gobernador Martín Llaryora, tampoco para la Legislatura, donde UCR y PJ libran una batalla que impide pensar en acuerdos. Sin embargo, desde hace ya meses circulan al menos cinco nombres de posibles postulantes.
Ninguno asegura, por sí mismo, los dos tercios de los votos necesarios en la Unicameral. Todos ellos comparten un origen de militancia radical, ninguno navega en las mismas corrientes internas del partido al que ha respondido la totalidad de los ocupantes del cargo durante los gobiernos cordobesistas.
Por el momento sus intenciones son cuidadosamente atendidas, cuando no develadas, por el peronismo, que puede encontrar en la puja por la silla del ombudsman otra posibilidad de tensionar la irresuelta interna de uno de sus adversarios, justamente aquel al que quisiera ver cada vez más lejos de una gran alianza opositora con La Libertad Avanza.
De los cinco potenciales postulantes hay dos que resuenan desde hace tiempo. No reniegan de su filiación radical, pero actúan ya integrados al proyecto de partido cordobés que Llaryora mantiene con dispar presión.
Uno es el actual defensor adjunto, Carlos Galoppo, quien no oculta su beneplácito por una posible continuidad en el cargo que ocupa interinamente.
Nombrado en 2024, tras la salida de Mario Decara (ya parte del armado libertario en Córdoba), Galoppo ha extendido por más de dos años una transición de obsolescencia prevista, pero no precisada.
En los últimos meses, el profesor de historia, exasesor parlamentario, ha levantado su perfil crítico contra la administración de Javier Milei. Además de informes elaborados por personal técnico sobre temas sensibles como jubilaciones y discapacidad, desde la Defensoría han tomado posturas públicas sobre otras iniciativas nacionales, como el proyecto por “falsas denuncias”.
Algunos adjudican estas exposiciones a la debida función de un rol que había decrecido en actividad en los últimos 15 años. Otros ven un intento de replicar la cuidadosa estrategia del Gobierno provincial de marcar contrastes con la administración nacional en aquellas cuestiones que hasta los propios aliados marcan como indigeribles.
Ese mismo guiño al gobernador reflecta la figura de Orlando Arduh, quien como secretario de Relaciones Institucionales del organismo funge como número dos en la estructura.
Su llegada a la Defensoría, en marzo del corriente año, fue leída en clave de la demorada disputa por la sucesión de Decara. Quienes imaginaban una continuidad de la línea de los últimos lustros reaccionaron con sorpresa y molestia.
Siete meses después, el exlegislador sigue apareciendo como el que arrancaría mejor posicionado de cara a una contienda. Cuenta a su favor con avales cordobesistas y algunos tildes de correligionarios que no olvidan coincidencias de tiempos previos al proceso de desafiliación de la UCR. “Es el único al que votaría el peronismo. Sin peronismo no hay mayoría posible”, enfatiza un excompañero de viaje.
Hasta el momento Arduh, que no niega interés en la posibilidad, se rehúsa a hablar de postulaciones. Sí reconoce la dificultad de proyectar cualquier aspiración en un recinto legislativo convulsionado por los escándalos y las chicanas.
En consecuencia, asegura seguir concentrado en su tarea como adjunto en la Defensoría, sin descuidar los contactos con intendentes que fueron parte de Juntos por el Cambio y hoy son contados como propios por la Gobernación.
Otros dos dirigentes boinablanca han sido mencionados en los últimos días en conciliábulos de ocasión. El primero de ellos es el legislador provincial Oscar Saliba, exintendente de Huinca Renancó y expresidente del Foro de Intendentes radicales.
Exsecretario de Dante Fornasari, ombudsman entre 1991 y 1994, conoce rudimentos y claves que requiere el cargo. Más importante aún, por su perfil conciliador y el buen diálogo que cultiva, tanto con correligionarios como con compañeros, aparece como indicado para reunir los consensos necesarios.
Misma descripción podría corresponder a Lucas Balian, exconcejal de la ciudad y cultor de los buenos vínculos institucionales. Otra similitud con Saliba lo aleja de la discusión: ambos aseguran desconocer cómo y por qué alguien invocó su nombre para una pelea aún difusa.
Más aún, representantes de distintas corrientes dentro de la UCR, cercano a Rodrigo de Loredo uno, engranaje de Javier Bee Sellares el otro, ambos coinciden en señalar que además de sus tareas habituales comenzarán a desempeñar importantes roles en la nueva estructura partidaria radical. Incluso, esperan con ansias la realización del Congreso radical, que se realizará en diez días.
No se trata sólo de una reafirmación identitaria. No son estos momentos propicios para tejer acuerdos con el peronismo que gobierna, atendiendo los mensajes que llegan desde la nueva conducción partidaria, ya en manos de Matías Gvozdenovich.
En el PJ nadie admite la existencia de un jugador “propio” para la contienda. Ni siquiera un incipiente trabajo parlamentario a tal fin.
Sí entienden que la multiplicidad de nombres rojiblancos podría recrear discusiones intestinas siempre funcionales a sus intereses. La tentación por el cargo es una estrategia tan desdeñada como imperecedera.
Desde la renovada casona radical, conceden que la mención de dirigentes dialoguistas podría servir como contraste a la confirmación de Alejandra Ferrero como presidenta de bloque legislativo. Pero, con énfasis, niegan la intención de iniciar cualquier negociación con Llaryora. “No queremos ninguna ecuación, porque queremos ganarles y cortar con 30 años de decadencia”, repiten.
Similar argumento guía la postulación de Javier Alegre Capó, un abogado, especialista en Derecho Público, por el que apuestan los legisladores Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro), Carlos Briner (radical), Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal) y Patricia Botta (Valores Republicanos).
Con lejano pasado radical, el apuntado reúne atributos técnicos y sucesivos contratos profesionales en la propia Defensoría. Sus padrinos aseguran que posee la independencia necesaria para el cargo, sin partidos a los que responder, por ende sin círculos sobre los que roscar o ejercer presión. “No necesita una corte de asesores. Su experticia le permitirá ahorrar en personal, contando con sólo un puñado de asesores”, explican.
Hasta aquí, Alegre Capó es el único que cuenta con una postulación formal, presentada en comisión, a la espera de otros vientos en el Parlamento. Más lejano parece aún el abordaje de otro proyecto de ley, tendiente a modificar los mecanismos de selección del ombudsman, impidiendo su reelección e instalando mecanismos de oposición como condición.
